El fiscal coordinador de las jurisdicciones Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Gamal Taleb,explicó los motivos por los cuales no prosperó, una vez más, el acuerdo de juicio abreviado con el cual el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ- 2015/2019), hubiese cerrado cuatro causas pendientes en la Justicia.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Taleb señaló que “luego de largas negociaciones con las defensas de los imputados se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado que se había presentado unos días antes de que se lleve el juicio oral que estaba pautado para realizarse en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay a fines de octubre”.
Puntualizó que “eran cuatro causas que se había acumulado, en tres de ellas estaba acusado el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, (período 2007-2011 y 2011-2015) y junto con él estaban imputados distintos funcionarios municipales: el secretario de Turismo; el secretario de Hacienda; el ex director de Energía, y una persona que no era funcionaria pero había participado de licitaciones en una de las causas”.
“La causa de la espuma era por administración infiel; la causa de las luminarias por abuso de autoridad, malversación de bienes, administración infiel y uso de instrumento público adulterado; una tercera causa conocida como la causa de los cheques por el delito de peculado y una cuarta causa donde Erro no estaba imputado que se conoció como la causa de las 80 viviendas que investigó también una administración infiel”, describió el fiscal.
En ese marco, indicó que “se había analizado todas las situaciones y se había presentado un acuerdo de juicio abreviado donde Luis Erro reconocía su responsabilidad en dos de las tres causas: la causa de la espuma y la causa de las luminarias, se había acordado el cambio de la calificación legal de esos hechos que pasaron de administración infiel a abuso de autoridad y se había establecido una pena de un año y 11 meses de prisión condicional, el doble tiempo de inhabilitación y como regla de conducta se comprometía a reparar el daño económico producido. En la causa de las 80 viviendas ya se había hecho un juicio abreviado con el principal acusado, que era un arquitecto, que había admitido la responsabilidad y ya había sido condenado. En esa causa había un segundo imputado que era un contador a quien se le pedía la absolución”.
“En esto consistió el acuerdo que había sido dialogado con la defensa técnica durante un tiempo muy importante. Pero en esa negociación, antes de firmar el acuerdo Luis Erro se presentó en mi despacho y manifestó un inconveniente respecto de otra causa que él tiene en curso que es la de enriquecimiento ilícito. Esa causa había sido denunciada con posterioridad, y el enriquecimiento siempre lleva tiempo investigarlo porque se deben librar oficios a todos los bancos e investigar el patrimonio en todos los registros de la propiedad inmueble, etc. Todo eso se había hecho y estaba pendiente una pericia contable que ya se había solicitado y que es muy compleja de hacer porque hay que incluir muchísimos datos. Ante su inquietud se le explicó que no íbamos a llegar a tener la pericia contable y por lo tanto a tomar una decisión definitiva respecto de esa causa en los plazos que se estaba manejando el abreviado. Por eso le manifesté que de no estar de acuerdo no firme el abreviado y que íbamos al juicio oral sin inconvenientes, pero decidió firmar de todas maneras el acuerdo de juicio abreviado”, relató Taleb.
En ese marco, también explicó que “la audiencia para este acuerdo se suspendió en varias oportunidades porque hubo una situación particular del doctor (Miguel) Cullen que tuvo un problema de salud, y cuando estuvo en condiciones casi un mes después se continuó con la audiencia de juicio oral”.
No obstante, agregó que “cuando se estaba por celebrar la audiencia Cullen me manifestó sus reservas por la situación de la causa de enriquecimiento ilícito porque en ese ínterin de un mes se hizo la pericia contable y la respuesta fue que lógicamente esa causa no se podía cerrar porque se había constatado un crecimiento patrimonial que el contador había establecido que debía ser justificado por Luis Erro y además sugirió una serie de medidas de prueba adicionales, por lo tanto no se podía cerrar inmediatamente esa causa, se le ofreció incluirla en el juicio abreviado pero lo rechazó”. “Se alcanzó a hacer una de las audiencias de juicio abreviado donde él había confesado su responsabilidad en una de las dos causas, que era la causa de la espuma, y faltaba que confiese respecto de la situación en la causa de las luminarias, pero cuando se hizo la audiencia ayer se retractó de su confesión y del juicio abreviado que había firmado y ahora el Tribunal tiene que dictar resolución en función de esta retractación y sin dudas el año que viene se hará el juicio oral finalmente”, explicitó.
Por otra parte, aclaró que “Erro es subsecretario de Gestión de Registro y Seguridad Privada en la Provincia de Buenos Aires, y en 2015 cuando dejó de ser intendente, fue funcionario del actual gobernador por lo tanto no le corre la prescripción. Estas causas estaban en condiciones de hacer el juicio oral hace dos o tres años y se suspendieron pos distintos pedidos de las defensas”. En tal sentido criticó que “no es bueno que se pidan las postergaciones y después se le achaque una demora a la Fiscalía”.
“Algunas causas tienen cierto tiempo, las de su primera gestión, pero no son causas que investigó la Fiscalía porque tramitaban bajo el sistema procesal mixto, con el Código Penal viejo que ya fue derogado, donde los procedimientos eran más engorrosos y por eso demoraban más, era un procedimiento escrito, había procesamientos que se podían apelar, y es generaba mucha demora, lo mismo cuando se planteaban nulidades; no fue por alguna demora de los jueces ni por alguna mala actuación judicial. Todo esto hizo que la causa de la espuma y la causa de los cheques lleven más tiempo. La única causa denunciada ante la Fiscalía fue la causa de las luminarias en 2017 y se elevó rápidamente a juicio”, sentenció.
“Lo mismo sucede con la causa de las 80 viviendas que se denunció en esa misma época ante la Fiscalía, es una causa muy compleja con un sistema similar al de la Legislatura donde se hacía facturar a los albañiles por el triple de lo que trabajaban, luego se les hacía endosar los cheques y se les pagaba lo realmente trabajado y la diferencia o sobreprecio quedaba en manos del responsable técnico de la obra. Esa causa a pesar de la complejidad fue investigada rápidamente”, apuntó.
Finalmente, remarcó que “hubo una crítica fuerte hacia la Fiscalía por parte del ex intendente, pero ninguna de estas causas fue iniciada de oficio por la Fiscalía sino que en muchos casos las denuncias fueron hechas por propios compañeros o militantes del Partido Justicialista donde él militaba, en otros casos por periodistas o por algún dirigente de la oposición. Los procesamientos en estas causas fueron dictados por jueces que en su momento eran de instrucción y no hubo ningún ánimo de perseguir y no se produjo nada que no sea parte de la función del Ministerio Público Fiscal, que es investigar o mantener las acusaciones que –si bien se retractó- terminó aceptando la responsabilidad en varias de estas causas”, concluyó.
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