El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Un productor agropecuario y dirigente de la oposición fue procesado como organizador de una asociación ilícita fiscal y por lavado de activos. A su vez, habría puesto en marcha otras actividades productivas para blanquear el dinero espurio. El perjuicio fiscal se estima en unos 1.800 millones de pesos anuales en los últimos tres años. Testaferros, productores y profesionales en la mira.
Por J.C.V. de PÁGINA JUDICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una serie de operaciones en negro en el sector agropecuario con una evasión y lavado de activos que se estima en 1.800 millones de pesos anuales en los últimos tres años.
Las operaciones involucran a un productor agropecuario de Villaguay que, según la denuncia, habría emitido cartas de porte falsas para la comercialización y transporte de granos en forma habitual, lo que les permitía a otros productores blanquear la compra de cereales en negro. Para concretar esa maniobra se habrían valido de empresas, testaferros, contratos de arrendamiento falsos en un campo inexplotado en la provincia de Santa Fe y otros ardides que involucran a intermediarios, transportistas, acopiadores y estudios contables.
El caso se inscribe en el frondoso prontuario de evasión fiscal que, con diferentes modalidades, alcanza a todos los eslabones del sector agropecuario: desde productores hasta las multinacionales exportadoras.
Al frente de la maniobra estaba el empresario Guido Isaías Bogao Andrasnik, con negocios agropecuarios en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba –donde tiene domicilio–; ex candidato a diputado provincial por el Partido Socialista en la elecciones de 2015 y ex precandidato a concejal de Villaguay por Cambiemos en 2019.
Una investigación de la AFIP detectó una serie de irregularidades en actividades comerciales y sociedades declaradas por el productor agropecuario. Los sabuesos determinaron que Bogao Andrasnik había presentado contratos de arrendamiento falsos respecto de un campo de 4.200 hectáreas en Gato Colorado, un pequeño pueblo rural del norte santafesino, en el límite con la provincia de Chaco. El campo estaba inexplotado, pero a partir de los falsos contratos de arrendamiento el empresario emitía cartas de porte también apócrifas a productores de distintos puntos del país que utilizaban este mecanismo para blanquear la compra de granos en el circuito marginal.
La AFIP determinó que entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 se emitieron cartas de porte falsas a nombre de Bogao Andrasnik y dos empresas registradas a su nombre, Sementeras SRL y Emunah SRL, para el transporte de 45 mil toneladas de granos cuyo origen declarado era el campo de Gato Colorado.
Una estimación, acaso prematura, indica que el perjuicio fiscal oscilaría los 1.800 millones de pesos anuales y que esa ganancia no declarada se habría volcado a otras inversiones con el objetivo de blanquear ese dinero. Otro cálculos más moderados estiman una evasión de 1.300 millones de pesos anuales.
Para ello, Bogao Andrasnik habría desarrollado cuatro negocios o actividades: la compra de bienes a su nombre y de terceros, como vehículos, camiones y acoplados; la instalación de una granja porcina, un feed-lot para la cría de ganado bovino y la compra de una planta de acopio de cereales. Y se sospecha que tenía intenciones de extender sus inversiones a la República Oriental del Uruguay.
Además, por otra vía, la justicia decretó un embargo general de fondos y valores registrados a nombre del empresario, a raíz de un reclamo de la AFIP de 22.111.801,70 pesos, más intereses, en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y aportes a la seguridad social, en un proceso iniciado con anterioridad a la causa penal.
El empresario fue procesado con prisión preventiva como jefe u organizador de una asociación ilícita fiscal y por lavado de activos, a través de maniobras con un alto grado de complejidad y sofisticación, y con un poderío económico de magnitud.
En la maniobra, además, habrían participado otras personas como miembros de la asociación ilícita y testaferros para el lavado de dinero. María Delfina Maier y Alberto Andrés Smail, ambos oriundos de Villaguay, habrían desplegado roles clave en la organización. Maier sería la mano derecha de Bogao Andrasnik; dice ser estudiante, no registra actividades, pero figuraba como socia en las empresas Sementeras SRL y Emunah SRL y administraba el dinero y las actividades en las cuales se invirtieron las ganancias de los negocios ilícitos. En tanto, Smail, su pareja, aparece inscripto como transportista de carga, algo determinante para la confección de las cartas de porte, y está señalado como testaferro de Bogao Andrasnik, ya que habría registrado a su nombre bienes que en realidad le pertenecerían al empresario.
En el esquema también intervenía Leonardo César Toscanini, un empresario de Colón que también es dueño de un supermercado mayorista en Concordia. En su caso, se sospecha que cambiaba cheques por dinero en efectivo a la organización y que utilizaba el nombre de Bogao Andrasnik, para realizar compras de mercaderías a gran escala, que luego comercializaba en su negocio, con el objetivo de atemperar la carga fiscal de la organización, generando crédito fiscal a su favor, que luego utilizaba para contrarrestarlo con el débito fiscal generado por la emisión de las cartas de porte.
Los investigadores no descartan que otras personas pudieran haber intervenido para llevar a cabo la maniobra. Sospechan de otros productores agropecuarios, un ex socio de Bogao Andrasnik, contadores y profesionales que habrían prestado colaboración.
“Es posible colegir (…) que el obrar de la organización tenía por finalidad habitual además de dotar a los ‘usuarios/clientes’ de documentación fiscal falsa, coadyuvar a la comisión del delito de evasión tributaria por parte de los productores que aún permanecen ocultos, que realizan ventas de cereal en el mercado marginal y cuyo monto total de perjuicio fiscal está en vías de determinación”, advirtió el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, que tiene a su cargo la investigación.
No se trata de una realidad desconocida para los técnicos de la AFIP. Estudios del organismo han buscado ordenar la información y corroborar maniobras de evasión en las áreas de cultivo más rentables por su rendimiento; y, a partir de esa información, buscan intensificar los procedimientos de control. A veces tienen resultados.
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