El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El economista uruguayense Pablo Presas propone un ítems de diez puntos donde el Estado debería apretar las clavijas en la composición de la factura de la energía que consumimos. Más allá de lo económico todo irremediablemente está sujeto a las decisiones y voluntades políticas de los que toman las decisiones.
Por PABLO PRESAS (*)
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El consumo de energía eléctrica juega un papel protagónico en el desarrollo económico y social de los países y las regiones. La energía eléctrica es lo que permite hacer funcionar las industrias y producir bienes, abrir los comercios y brindar servicios, generar empleos y emprender nuevos negocios. También gracias a la energía podemos disfrutar de un ambiente confortable en nuestros hogares y mejorar nuestra calidad de vida. Un alto nivel de desarrollo humano está asociado con un alto nivel de consumo energético, insumo que además juega un papel muy importante en la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la educación, la reducción de la mortalidad y el acceso a la atención medica de calidad, entre muchos otros.
Por eso, y ya está sumamente probado en la teoría económica, para que una región o una provincia mejore su Producto Bruto Geográfico o su Índice de Desarrollo Humano es condición necesaria una energía barata. Así lo entendieron siempre las potencias del primer mundo que basan sus estrategias de desarrollo haciendo hincapié en bajar estos costos estructurales. Ellos entienden muy bien que una energía cara no permitirá desarrollar sus industrias y alentará el éxodo de jóvenes en busca de trabajo y oportunidades en otras regiones o ciudades.
Entre Ríos desde hace mucho tiempo tiene una de las energías más caras del país y los últimos aumentos no han hecho sino ayudar a visibilizar dicho estrago. Una familia entrerriana llega a pagar hasta 5 o 6 veces más por el mismo consumo que una familia porteña; y llegan a darse casos inauditos como que una jubilada tenga que disponer de casi la mitad de sus ingresos para pagar la boleta bimestral. También las empresas y los comercios sufren este flagelo, lo cual los deja con la cancha terriblemente inclinada frente a competidores de otras provincias.
Es que la energía en Entre Ríos no solamente es cara sino que también tiene la mayor carga impositiva del país, llegando a más del 67%, lo cual además es de dudosa constitucionalidad dado el carácter cuasi expropiatorio que dicha carga significa.
Veamos brevemente un caso real de una familia residencial entrerriana que consumió 2892 kwhen el caluroso bimestre de diciembre y enero pasados, y le llegó un importe a abonar de 106.206,90 pesos. De acuerdo con la boleta de ENERSA, este importe se compone de 63.499,45 pesos correspondientes ala energía propiamente dicha(ya de por sí muy cara a casi 22 pesos el kWh), a la cual se le aplica una tasa del 24,86% de sobrecosto municipal (Contribución y Tasa Municipal), un impuesto provincial que llega al 19,56% real efectivo, y un IVA nacional que alcanza el 22,82% real efectivo.Total de impuestos sobre la energía residencial(Tarifa T1R): 67,25%, lo cual nos hace ser la provincia con la carga impositiva más alta del país
En el caso de los pequeños comercios y empresas (Tarifa T1G) la situación es aún más angustiante. Me han llegado ejemplos de facturas de energía mensuales de más de 200mil pesos para un quiosco, 250 mil pesos para una farmacia o 350 mil pesos un complejo de canchas de “futbol 5”.Costos energéticos que generan un certero daño al tejido productivo entrerriano.
Ante semejante despojo y el creciente descontento de la población, en el reciente discurso de apertura del 144° período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, el Gobernador Bordet anunció: “Quiero ratificar que Salto Grande es de los entrerrianos y esta debe ser una tarea que nos debe unir a todas las fuerzas políticas. No puede seguir sucediendo que paguemos una tarifa eléctrica totalmente inequitativa, cuando en el AMBA está subsidiada. He decidido suspender el aumento que estaba previsto en la tarifa energética, pero, además, he decidido quitar todo cargo provincial de la factura de luz que reciben los consumidores de la provincia… No habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia. Y también invito a los municipios a hacer un esfuerzo con las tasas municipales”.
Pero más allá del cuestionable oportunismo temporal del Gobernador al buscar solucionar un problema de larga data recién en el último de sus ocho años de gobierno, supongamos que efectivamente la clase política entrerriana se ha anoticiado del hecho al desarrollo social y productivo que implican los altos costos de la energía; y ahora sí, realmente han decidido tomar cartas en el asunto.
Van aquí entonces diez formas para reducirla. Algunas pueden implementarse de forma inmediata, otras requieren de un mayor esfuerzo institucional, pero todas y cada una de ellas podrían tomarse como una hoja de ruta para optimizar los esfuerzos para bajar el costo energético entrerriano.
1) Que la Secretaría de Energía de la Nación modifique la injusta retribución que CAMMESA le otorga a Salto Grande
La represa hidroeléctrica de Salto Grande fue pensada en la década de 1930 por un entrerriano con el fin de generar energía barata y desarrollar así una provincia que, aislada por sus ríos, se había quedado relegada respecto al resto del país. Y fue construida en la década de 1970 con un crédito del Banco Mundial que ya fue completamente amortizado y pagado en gran parte por los entrerrianos. Sin embargo, hoy es un Organismo Binacional que por normativas argentinas está obligado a vender la energía producida (correspondiente a nuestro país) a la empresa CAMMESA (que administra el mercado eléctrico mayorista) a un precio de menos de 3 dólares el megavatios/hora; y CAMMESA a su vez vuelve a revender la energía a la distribuidora provincial Enersa a un precio promedio de 45 dólares el MWh.
Esto es así entre otras cosas porque Salto Grande tiene muy bajos costos operativos y su costo marginal permite entregar energía barata al Mercado Eléctrico Mayorista. Pero a su vez, el precio de venta que fija CAMMESA a Entre Ríos, no se basa en los costos de Salto Grande sino en el costo promedio de lo que paga a todo el resto de las generadoras del país: a Yacyretámás de u$s20 el MWh, a El Chocón más de u$s50 el MWh, a las generadoras eólicas y térmicas más de u$s80 el MWh. Parece una burla del destino, Salto Grande fue pensada justamente para proveer energía barata a los entrerrianos utilizando los recursos naturales que constitucionalmente nos pertenecen; sin embargo, nos obligan a pagarla 15 a 20 veces más de lo que sale producirla.
2) Que las regalías que recibe Entre Ríos sean destinadas a subsidiar las tarifas
Dado que por la Constitución Nacional de 1994 los recursos naturales son de las provincias, al igual que las provincias petroleras o mineras, nosotros también recibimos regalías por nuestros recursos hídricos. En el caso de Salto Grande esas regalías equivalen al 12% de lo producido (por supuesto valorado al precio vil que se le paga la energía a nuestra represa), y se distribuyen un 70% para Entre Ríos y un 30% para Corrientes. En nuestro caso, ese dinero ingresa al presupuesto general bajo el item “Ingresos Corrientes – No Tributarios – Regalías” y en el año 2021 (último año con datos disponibles por Contaduría General) ascendió a más de 1.210 millones de pesos. Ese monto podría ser utilizado para mejorar el esquema de subsidios de las tarifas provinciales. Más aún, si se consiguiera un mejor precio según el punto anterior, ese monto sería mayor y ayudaría más. Y más aún, si las regalías fueran pagadas en megawatios en vez de pesos, la mejora sería mucho más significativa.
3) Que los excedentes de Salto Grande también sean destinados a subsidiar las tarifas
Por Ley Nacional 24.954 las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, reciben los llamados excedentes por los que el resultado económico de la producción de Salto Grande, deducidos los gastos de operación y mantenimiento, regalías y costos administrativos, es distribuido entre las 3 provincias: Misiones (5%), Corrientes (27,5%) y Entre Ríos (67,5%). Lo percibido por Entre Ríos es administrado por la CAFESG. En los últimos 10 años los excedentes transferidos a la CAFESG superaron los 350 millones de dólares.La administración de ese fondo especial es poco transparente, no se incluye en el presupuesto provincial, y si bien gran parte es destinado a obras y programas sobre la costa del Río Uruguay, otra gran parte es destinada a gastos administrativos, consultorías y asesores. Ese dinero tendría un mayor impacto sobre el desarrollo productivo y social si fuera aplicado directamente a subsidiar las tarifas eléctricas en vez de ser direccionado discrecionalmente.
4) Que el Gobierno Nacional trate de forma más equitativa a Entre Ríos
La energía barata no sólo impulsa el desarrollo productivo y social, sino que también atrae votos y simpatía política. Así lo entiende el gobierno nacional que viene subsidiando desde hace años a los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires, quienes gracias al esfuerzo de todos los argentinos pueden disfrutar tarifas ridículamente bajas. Además, la Secretaría de Energía de la Nación no sólo le congeló el VAD a Edenor y Edesur sino que recientemente también les condonó las deudas que estas empresas tenían con CAMMESA. Por si esto no fuera suficiente, también dejaron afuera a Entre Ríos en la resolución 719/22 que amplia los subsidios hasta un consumo residencial de 650kwh/mes y por la cual fueron beneficiadas 11 provincias.
5) Que ENERSA optimice el VAD (Valor Agregado de Distribución)
Cada provincia tiene su empresa de distribución que es la encargada de llevar la energía desde el mercado mayorista hasta el domicilio de hogares y empresas. El costo mayorista es el mismo para todas pero luego cada una le carga su VAD que incluye los costos operativos y de transporte, inversiones y beneficios empresarios. En el caso de ENERSA tenemos uno de los VAD más altos del país y la justificación (de la misma ENERSA) es que la densidad por km2 de Entre Ríos es muy baja, lo cual hace encarecer el VAD (justificativo avalado también por el Ente Provincial Regulador de la Energía o EPRE).
Sin embargo, este justificativo tiene varios puntos débiles que es preciso enumerar. En primer lugar, los suministros rurales de menor intensidad (y mayor costo) son abastecidos por las 17 cooperativas eléctricas provinciales ya que ENERSA se reservó el suministro en las ciudades de mayor densidad por km2 (a excepción de Gualeguaychú y Concordia); en segundo lugar gran parte de las nuevas inversiones en cableado, postes y transformadores son exigidas a los desarrolladores privados de loteos y edificios (que luego además deben ceder su titularidad a la empresa); en tercer lugar, las inversiones mayores en infraestructura (como la estación transformadora de 500kw de Paraná), son financiadas con créditos internacionales que paga la provincia (o mejor dicho, pagamos todos los entrerrianos); y en cuarto lugar, si bien pasó a ser de propiedad estatal, ENERSA sigue siendo una sociedad anónima destinada a generar beneficios y que paga los mejoressalarios, bonificaciones yconsultorías de la provincia.
Claramente, hay espacio para bajar el VAD sin que corra peligro el funcionamiento operativo de las distribuidoras.
6) Que el EPRE regule incrementos y cuadros tarifarios de forma más equilibrada
Cada jurisdicción tiene su propio ente regulador encargado de autorizar aumentos en el valor agregado de la distribución (VAD) y de definir los cuadros tarifarios. En Entre Ríos tenemos el EPRE o Ente Provincial Regulador de la Energía, un organismo creado por Ley Provincial 8.916 y que depende políticamente del gobernador. Para decidir los aumentos en la tarifa, el EPRE debe realizar audiencias públicas en forma periódica, la última “revisión integral” tuvo lugar en agosto 2022 en la ciudad de Villaguay. Allí, los funcionarios del EPRE (generalmente cargos políticos sin adecuada formación técnica) escuchan los alegatos de las empresas para mayores aumentos por un lado, y los alegatos de asociaciones defensoras de comercios y particulares por el otro. No hace falta mencionar que sector sale siempre favorecido.
Recientemente, y ante el revuelo ocasionado por las altas tarifas, Bordet dejó en suspenso el último aumento autorizado por el EPRE, pero hay otros 4 aumentos en cola esperando el momento apropiado para aplicarse.Como si esto no fuera suficiente, existe además un cuadro tarifario por el cual los subsidios a las tarifas T1R y T1G responden a un esquema de consumo de otra época con menor consumo por habitante; y ahora los techos de kwh son fácilmente alcanzables por lo que el objetivo teórico de ayudar a los pequeños no se termina aplicando en la realidad.
7) Que el Gobierno Provincial quite las cargas provinciales
Recientemente el Gobernador Bordet se comprometió públicamente a que “no habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia”.
Actualmente existen dos cargas, en el caso de las tarifas residenciales se aplica un impuesto del 18% correspondiente a un Fondo para el Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos (FDEER) el cual se destina a subsidiar las inversiones de ENERSA y las cooperativas distribuidoras (a pesar de que el EPRE le convalida un VAD altísimo).
Por otro lado, las tarifas comerciales e industriales son cargadas con una tasa de percepción ATER del 3%.
Esperemos que estas cargas no aparezcan en las próximas facturas.
8) Que los Gobiernos Municipales quiten las cargas municipales
Por contrato de concesión como empresa distribuidora, ENERSA debe abonar una contribución municipal del 8,6956% a cada jurisdicción por el uso del espacio público ocupado por el tendido de redes. Pero a su vez la provincia permite que la empresa traslade este costo a los mismos usuarios cuando no debería ser así.
Por otra parte, los municipios aplican una tasa municipal que ronda el 15% promedio y que tiene por objeto cubrir los costos de alumbrado de calles, plazas y espacio público cuando en muchos casos (como Concepción del Uruguay) ya existe otra tasa municipal por dichos servicios.
Una situación que claramente infringe los principios constitucionales de la tributación.
9) Que se baje el IVA y se quite la doble imposición
Las tarifas residenciales tienen un IVA del 21% que los usuarios no pueden trasladar. Si la energía se considerase un servicio esencial, ese IVA podría bajarse por ley.
Además, actualmente se aplica el IVA (y los otros impuestos provinciales y locales) no sólo sobre el cargo de consumo eléctrico sino también sobre la contribución municipal, con lo cual se genera una doble imposición que incrementa las alícuotas nacionales, provinciales y municipales (una situación absolutamente ridícula donde se crea un impuesto y luego otros impuestos que cobran impuestos sobre ese primer impuesto creado).
10) Que se incentive la generación de energías alternativas
Técnicamente, en Entre Ríos no está prohibido generar energía solar o eólica particular y volcar los excedentes a la red, pero en la realidad, está práctica se encuentra muy desalentada ya que nunca se reglamentó la Ley Provincial 10.933 mediante la cual Entre Ríos se adhirió a la Ley Nacional 27.424 (promulgada en el 2021) para facilitar la generación, almacenamiento y utilización de energías a partir de fuentes renovables.
Una eficaz política de aliento y promoción de las energías alternativas, no sólo ayudaría a bajar el costo energético promedio sino también contribuiría al cuidado del medio ambiente.
En conclusión y finalizando, estos diez puntos pretenden ser una especie de guía para entender por dónde se debe avanzar para poder bajar la tarifa eléctrica. Pero también representan una síntesis del intricado sistema eléctrico tarifario que ha sido tan pernicioso para Entre Ríos en todo este tiempo. Un esquema que pasó desapercibido mientras se escondía en los altos subsidios nacionales a la energía de todos estos años, y que recién ahora se está visibilizando. Un esquema que habrá que desmantelar con decisión e inteligencia por el bien de nuestra provincia.
Estadistas de otras épocas pensaron la Represa de Salto Grande para abastecer de energía barata a Entre Ríos. Hoy podría abastecer hasta el equivalente de tres provincias (dependiendo del pico de consumo);y sin embargo, tenemos una de las tarifas más caras del país. Y esto, como un deja vú de la espada de Damocles, vuelve a representar un freno para el desarrollo económico, productivo y social de nuestra provincia y de nuestros hijos.
(*) Economista uruguayense.
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