El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En la Justicia Federal Argentina tramita una causa que tiene más de veinte fallecimientos a causa de cáncer. Se trata de trabajadores y familiares de la represa. La empresa binacional, amenazada de caer en la desobediencia judicial, brindó informes que la compromete aún más.
Por FEDERICO MALVASIO de la PÁGINA JUDICIAL
Como si fuera una remake, Salto Grande vuelve a ubicarse en un lugar incómodo en un año electoral. En 2017 el gobernador Gustavo Bordet puso el tema energético en el centro de la campaña. Ahora lo vuelve a hacer al reclamar una compensación para los entrerrianos por ser los dueños del recurso.
Sobre la represa recae una denuncia penal por homicidio imprudente. Fallecidos por la misma enfermedad: cáncer de pulmón.
Hace seis años Página Judicial puso de relieve esta tenebrosa historia que terminó con la vida de trabajadores y familiares por haber vivido en un entorno de construcciones de asbesto, un material altamente contaminante y prohibido hace décadas. Aquí la historia.
Un informe del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector y que tiene su sede en Concordia, entre 2002 y 2008, registró 21 víctimas de cáncer. El número ahora es 27. Hace 10 días fue el turno para Mariela Sosa, integrante del sindicato y quien llevaba adelante la lucha en sede judicial.
La causa supo dormir en los tribunales mientras las células cancerígenas se cobraban nuevas víctimas. La demora se dio, en parte, porque al tratarse de una empresa binacional se tuvo que despejar dudas sobre la jurisdicción para que tramite la causa.
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, intimó a Salto Grande ante una demora excesiva para responder informes que habían solicitado los abogados Julio Federik y Mariano Churruarin en los que se pretendía determinar el estado de los lugares en los que trabajaban las víctimas. El juez Pablo Seró también reaccionó ante una palpable desobediencia judicial.
Lo inquietante en esta trama judicial es que la información ofrecida por la empresa binacional a través de su Gerencia de Ingeniería y Planeamiento es que le daría la razón a los representantes de las víctimas. Tanto los edificios de relaciones públicas, como la ex estación de ferrocarril donde funciona el Museo de Salto Grande, están hechos de asbesto. Lo mismo la planta de agua, entre otros.
Salto Grande minimiza la construcción en asbesto al ser compactas y no desmenuzables, lo que sí dañaría la salud al desprenderse partículas y ser inhaladas.
Primer reconocimiento
Como si esto fuera poco, en octubre de 2015 se reveló un documento en el cual el complejo hidroeléctrico reconocía el daño a la salud que provocaba trabajar en sus instalaciones. En el convenio, al momento de hacer una liquidación previa a la indemnización de los trabajadores, la Comisión Técnica Mixta (CTM), que gerencia la represa, computó un monto dinerario como “suma compensatoria por los daños en la salud causados como consecuencia del trabajo continuo y permanente durante el transcurso de toda relación laboral construido con asbesto (esta palabra aparece con mayúsculas)”.
Todas las víctimas fatales cumplieron funciones en el complejo de la represa binacional donde las oficinas fueron construidas en la década del ’70 de asbesto, un material fibroso que se obtiene a partir de varios minerales y de muy alta resistencia química. Investigaciones permitieron determinar que la alta exposición al asbesto produce cáncer de pulmón luego de un largo proceso en el que sus pequeñas fibras se desprenden de las paredes, pululan en el aire y son inhaladas y alojadas en los pulmones.
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer.
Para Federik y Churruarin se cometieron “delitos de acción pública con resultado de muerte, que se han ido sucediendo de manera continua por omisión de los deberes a cargo de la empleadora (Salto Grande) y cuya causa aún no ha sido eliminada, por lo que la cadena causal sigue produciendo resultados con tipicidad penal”.
En la denuncia se asegura que los altos ejecutivos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, “a pesar de haber tenido conocimiento de la capacidad del asbesto de generar cáncer en las personas expuestas diariamente a su cercanía, sometió a un riesgo cierto e inadmisible –y también jurídico penalmente relevante– a trabajadores y funcionarios que debían desempeñar diariamente tareas en el ámbito de los referidos edificios”.
Por lo tanto, “no sólo cabe la responsabilidad a quienes fueron los sucesivos miembros de los tercetos políticos que integraban como presidentes y vocales la Comisión Técnica Mixta y que cambiaban con los gobiernos provinciales, sino les cabe también, a aquellos que se desempeñaron en los cargos de máxima autoridad de manera permanente, como lo son los gerentes generales y los médicos jefes de la empresa”.
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