El juez Guillermo Federik convocó a una audiencia de partes en el marco del recurso de amparo ambiental presentado por vecinos de Colonia Ensayo para que un campesino lindante los deje de envenenar cada vez que fumiga su lote agrícola.
Como cautelar, el vocal de la Cámara del Trabajo de Paraná ya había resuelto suspender las pulverizaciones a menos de 1.100 metros de distancia hasta tanto resuelva el fondo y ordenó una serie de medidas, entre las que se encuentra el monitoreo de agua de red y saber qué controles se realizan sobre las aplicaciones con agroquímicos. Así, en la instancia de acercamiento no hubo acuerdos y abrió un período de producción de pruebas con una fecha límite el 1 de diciembre próximo. También solicitó a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para que haga el análisis de agua y sanidad vegetal, ya que la Provincia no tiene un laboratorio dotado.
Asimismo, según el escrito al que accedió ERA Verde, se pide a la UNL, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) también llamó a consulta para que se expidan sobre “la distancia de seguridad adecuada que la ciencia recomienda” para la pulverización con agrotóxicos en zonas pobladas.
El viernes 17 de noviembre el vocal de la Sala II de la Cámara Tercera Laboral, Guillermo Leopoldo Federik, convocó a las partes involucradas en la denuncia por fumigaciones a los vecinos del barrio Tierra Alta, en Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, que solicitaron un amparo ambiental por las pulverizaciones con agroquímicos cuyas derivas le llegan de un campo lindante. Tal como se informó, los litigantes llegaron a la Justicia luego que el propietario de la finca lindante a sus viviendas –Cesar Haberkon–, los fumigara sin las condiciones admitidas, sin el profesional a cargo en el lugar y luego de violar el acuerdo de mediación que establecía un aviso previo.La audiencia de viernes, se cerró sin conciliación posible, por lo cual el proceso judicial sigue en curso, abriéndose un período de producción de pruebas, que Federik puso como fecha límite el próximo 1 de diciembre. A esta medida le antecede otra en donde el juez resolvió hacer lugar a una cautelar pedida por los pobladores de Tierra Alta y dispuso “la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres o aéreas a menos de 1.100 metros en todos los límites linderos del Loteo Tierra Alta, ubicado en Colonia Ensayo, departamento Diamante”. La medida se extenderá mientras dure la tramitación de acción fondo “y hasta tanto recaiga sentencia definitiva”.
Detalles de la cautelar
En esta cautelar que trascendió el 9 de noviembre, el magistrado además ordenó al Gobierno de Entre Ríos que realice un “monitoreo del agua de red de la zona” “a fin de detectar la presencia de agrotóxicos”, y brinde detalles del sistema control “Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos”. Al respecto, en la audiencia del 17 de noviembre, la Dirección General de Agricultura de la provincia de Entre Ríos le hizo saber al juez “la imposibilidad técnica de monitorear el agua de red, atento no contar el Estado Provincial con un laboratorio dotado de instrumental específico y personal idóneo”, por lo que Federik resolvió solicitar este ordenamiento a otros organismos del Estado.
s así que en el escrito conocido por ERA Verde se formaliza una solicitud a la Facultad de Ingeniería Química de la UNL “obtenga muestras del agua de red del Loteo Tierra Alta”, a fin que “proceda a analizar las mismas a fin de detectar la presencia de residuos fitosanitarios, agroquímicos y/o de plaguicidas, informando, en su caso, los residuos hallados, su volumen y toxicidad”. Además, deberá informar “si el agua estudiada resulta apta para consumo y uso humano, pudiendo aportar todo otro dato de interés para la causa”.
A la UNL, así como a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y el INTA Paraná, les pidió saber “cuál es la distancia de seguridad adecuada que la ciencia recomienda sobre la cual no deben aplicarse o pulverizarse de modo terrestre productos fitosanitarios, agroquímicos o plaguicidas respecto de lugares donde existan casas, caseríos, ejidos urbanos, cursos de agua o lagunas lindantes a lotes de uso productivo agrícola, para evitar daños a la salud de las personas, como así también al medio ambiente. Pudiendo aportar todo otro dato de interés para la causa”.
También para sumar al expediente se adjuntará la producción de informes científicos elaborado por los expertos propuestos: Rafael Carlos Lajmanovich, Damián José Gabriel Marino y Pablo Beldoménico.
Fuente: ERA Verde.
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