El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La causa porque fue condenado el ex gobernador llega a su fin en un escenario político, social y económico de crisis. Lo que se espera en tribunales y de Frigerio.
Por FEDERICO MALVASIO (Página Política).
El proceso judicial que tiene a Sergio Urribarri y compañía con condenas ratificadas en Casación llega a su fin. Por lo menos en el ámbito provincial. El gran interrogante es si existe una posibilidad que todo termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pretenden las defensas.
Al ex gobernador se le consumieron ochos años de un gobierno provincial y cuatro del nacional que estuvieron en manos del justicialismo. No hubo, en todo ese tiempo, una cobertura política. Por el contrario, la cobertura fue judicial. Este sitio lo reveló hace unos meses cuando dio cuenta del acuerdo que ofreció el procurador general Jorge García que consistía en una pena de cuatro años para Juan Pablo Aguilera y el sobreseimiento para todos los demás a los que alcanzaría una investigación con las evidencias que se habían recolectado.
La única maniobra política que se registra ocurrió en diciembre de 2018 y se concretó el 24, a horas de la tarde, sobre el brindis, cuando liberaron a Aguilera a instancia de la concesión del juez Mauricio Mayer de un habeas corpus que habían presentado sus defensores para que se le concediera la prisión domiciliaria. Fue en la causa por los contratos truchos en la Legislatura. En esos días se movió la política para sacar de la unidad penal al cuñado del entonces ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados.
En primera instancia, el mismo Mayer había rechazado in limine el recurso. Pero la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, hizo lugar a la apelación y ordenó que se analice el fondo de la cuestión. El tercer integrante de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio, votó en disidencia en base a un antecedente que establece que los rechazos in limine no son apelables.
Toda esa trama del habeas corpus fue la estrategia que se encontró para que Aguilera quedara en libertad. La desesperación de Urribarri puso a pensar a la doctora Mizawak, quien pergeñó todo.
En la causa en la que fue condenado Urribarri con la pena de 8 años y Aguilera y Pedro Báez a 6 años y medio no queda mucho más por esperar. Rechazada la impugnación extraordinaria es el turno del recurso de queja ante la Corte, pero para eso un tribunal le debe hacer lugar. El mismo está integrado por Giorgio, Gisela Schumacher y Germán Carlomagno.
Giorgio, que tiene el primer voto, no suele ser autor de sentencias que agraden a la dirigencia política. Y lo que debe resolver es sobre una condena que firmó el juez Jorge Chemez, del que Giorgio tiene un enorme respeto.
Quienes siguen de cerca estas causas, dentro y fuera de los tribunales, aseguran que Giorgio no abrirá ese recurso. Si uno de los dos vocales restantes adhiere se da por terminado el proceso y a Urribarri se le puede solicitar la detención.
La garantía para evitarlo se disminuyó por algo más de 16 mil votos, el 22 de octubre, cuando Rogelio Frigerio se impuso a Adán Bahl, que tiene por ahora terminales que conducen a García.
Del gobernador electo no se espera una persecución a la dirigencia política. En todo caso se mantendrá lo más alejado posible, como lo hizo su antecesor Gustavo Bordet. Si sucede lo peor para Urribarri, Frigerio dirá que lo que ocurre en tribunales es asunto de otro poder. Una parte del electorado encontrará, quizás, un aire “de cambio” que no escuchó en campaña pero que en un contexto económico que no dará tregua operará como aliciente.
Otra causa, por enriquecimiento ilícito, va camino a juicio con el pedido de condena por parte de los fiscales de cinco años y seis meses.
En todos estos años el ex gobernador se confió de la política, pero no vio que hace años la misma se hace más en los tribunales que en en las organizaciones partidarias.
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