El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El docente Gustavo Sirota se refirió a la marcha por las universidades públicas del martes 23 de abril, las repercusiones, y un análisis sobre la educación.
Por GUSTAVO SIROTA
La convocatoria en defensa de la Universidad Pública sacudió todo. Dejo mascullando enojo y desconcierto al showman paleolibertario y tiró por la borda el ridículo “protocolo antipiquetes”. Más de un millón de marchantes en calles y plazas. Poniendo el cuerpo, empoderados, reencontrados, coincidiendo en la diversidad. Marcando la cancha en un tema sensible que atraviesa transversalmente la sociedad argentina.
Al Presidente el tiro le salió por la culata. Tuvo que “meter violín en bolsa” y recular. En solo unas horas, desde la bizarra cadena nacional del lunes y la tarde noche del martes, quemó su carta más importante. El “no hay plata” dejó lugar al envió de fondos “para gastos de mantenimiento”, liquidando sin más la fama de “taura” del paleolibertario.
A las bravuconadas y amenazas – habilitaron un mail “denuncias.sspu@educacion.gob.ar” en la Secretaría de Política Universitarias para denunciar “docentes que adoctrinen” -, a las “fake news”, a la catarata desinformativa y violenta de trolls y “comunicadores”, la sociedad argentina respondió con una ejemplar muestra de madurez ciudadana y empatía social.
Dos ejes intentaron instalar desde los mentideros oficiales y sus usinas replicadoras en medios y redes buscando desacreditar el reclamo de la comunidad universitaria. Que no hubo ajuste o achique presupuestario y que en realidad lo que resisten es ser “auditadas” en sus gastos.
La crisis del financiamiento universitario tiene como punto de partida la decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año, sin considerar la inflación del año pasado y el 51,6% acumulado en el primer trimestre del año.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sostiene que esto equivale a 71% menos de recursos que en 2023. Según ACIJ este año será el de “menor inversión por estudiante de los últimos 24 años”. “Presupuesto Abierto”, base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, señala que en términos reales el presupuesto universitario 2024 es el más bajo desde 1996.
Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli - infobae del 23 de abril - señalan que “según el presupuesto inicial, las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud tenían para este año asignados $1.385.290 millones, mismo monto que en 2023… El 26 de marzo hubo una ampliación de $30.629 millones... Con el aumento de ayer – lunes 22 - del 70% para gastos de funcionamiento, el presupuesto vigente pasó a $1.440.397 millones, apenas un 4,1% más”.
Basta comparar esos 55.107 millones que se sumaron al presupuesto destinado a las universidades nacionales este año, con los 82.191 millones que destinará la Ciudad de Buenos Aires a “regeneración y mantenimiento de espacios verdes y arbolado”.
El segundo latiguillo del gobierno, comunicadores, trolls e incautos cibernautas libertarios y no tanto, es el “auditar” a las Universidades. La reforma de 1994 garantiza - artículo 75, inciso 19 - “la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…”. Esto se funda en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias.
Las universidades son auto-gobernadas, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Tienen sus propios órganos de gobierno, colegiados y democráticos, que deben asegurar la “representación de docentes, estudiantes, no docentes y graduados”. El cogobierno es un pilar histórico de la Universidad Argentina. Sus Consejos Directivos y Superiores tienen “funciones normativas generales, de definición de políticas y de control…”.
La Ley de Educación Superior - artículo 59 bis - dispone que el control administrativo externo de las universidades es competencia “directa e indelegable” de la Auditoría General de la Nación y que todos los establecimientos de educación superior estatales “deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”. Las “Unidades de Auditorías Internas” ejercen el control interno de las universidades.
En vez de cacarear como pericos, con solo tomarse el tiempo de ingresar en el sitio web de la AGN pueden encontrar información. Hay más de 30 informes disponibles, sobre universidades. Incluso muchas lo publican en sus sitios y cuentan, como la UBA, la UNLP o la Nacional del Sur por citar tres, con una sección en su página web.
También la Sindicatura General de la Nación, organismo encargado de ejercer el control interno del sector público, hasta 2022 podía realizar auditorías o investigaciones específicas en las universidades públicas en casos de denuncias, sospechas o a pedido del Ministerio de Educación de la Nación. En su página hay informes publicados desde 2003 a 2023 sobre universidades.
Con el fin de transparentar los procesos de compras y dar a conocer en qué destinan las universidades nacionales su dinero, el Consejo Interuniversitario Nacional puso en marcha en 2020 el portal “Universidades Compran”. Una plataforma que registra los procedimientos de adquisición de bienes y servicios vigentes en las instituciones universitarias públicas del país. En el sitio se puede buscar información sobre cada universidad, los distintos tipos de contrataciones que se hicieron - directa, licitación pública, privada, etc. - y los plazos de vigencia.
Desmontar el relato paleolibertario es parte importante de la batalla cultural. El país que añoran quienes nos gobiernan es el de principios del siglo XX, rico para muy pocos, y al pleno servicio de una minoría y del capital extranjero.
La Universidad era claro ejemplo de esto. En la década de 1910 había cinco casas de altos estudios – UNC, UBA, UNLP, UNL y Tucumán – con unos 12 mil estudiantes, el 0, 015 de la población. Un universitario cada 700 argentinos. Significaría tener hoy unos 70 mil alumnos en las aulas universitarias, número que contrasta con los 2.714.277 matriculados en 2022, esto es un universitario cada 18 habitantes del país. Si desagregamos por edad, de acuerdo al Censo 2022, uno de cada 7 jóvenes de 18 a 25 años es alumno universitario en la Argentina.
Argentina cuenta con 132 instituciones de carácter universitario. 66 pública, 63 privadas, una extranjera y 20 institutos universitarios, donde se pueden estudiar 2600 carreras de pre grado, 5679 de grado y 3871 post grados. 2.162.947 estudian en Universidades públicas y 551.300 en las privadas. De acuerdo a los datos del Censo 2022 el 33, 8 % - unos 16 millones de personas – accedió al nivel superior o universitario, esto es 1 de cada tres argentinos/as.
Los números acallan el relato. Entre 2010 y 2020 se graduaron en las universidades argentinas más de 1.320.000 alumnos. Si tomamos los números de 2010 – 99.431 egresados - y los de 2020 – 136.927 – vemos un crecimiento de 37 % en la cantidad de graduados por año, cifra que supera largamente el porcentaje de crecimiento – 10 % en la década 2010 / 2020 - de la población. Resultado esto de políticas públicas, de la creación de nuevos centros universitarios y de herramientas que permitieron el acceso y la permanencia en sistema de numerosos estudiantes.
En Finlandia, cuyo sistema educativo es considerado el más exitoso del mundo. la enseñanza es gratuita en todos los niveles, y el Estado garantiza comedores y transporte para aquellos que deban desplazarse a más de cinco kilómetros del centro de enseñanza
Los estudiantes extranjeros son un segmento duramente cuestionado. “Tienen que pagar por estudiar en nuestras universidades” es un latiguillo que se repite, muchas veces descorriendo el velo xenófobo – o de aporofobia – que anida en muchas/os. En 2021 había 117.820 – 4, 2 % del total - estudiantes extranjeros en las universidades argentinas. Porcentaje menor a “la cantidad de personas nacidas en el exterior con DNI con proceso digital y residencia en Argentina al mes de agosto de 2022” - 3.033.786 – esto es poco más de un seis por ciento del total de la población.
Pero si miramos con más detenimiento los “estudiantes extranjeros” observamos que el porcentaje en las universidades privadas – 29.219, un 5,4 % – es mayor que en la pública – 88.601, donde representan el 4,1 del total. Para mejor comprensión de lo que pueda significar el “cobrar a los extranjeros” por estudiar en el país, 18.127 cursan post grados que son pagos. 23.563 lo hacen en instituciones privadas que también son pagas. Quedan entonces 76.139 – 2,8 % del total del sistema universitario - que lo hacen en las Universidades públicas sin “pagar” como replican lenguaraces muchos / as que desconocen nuestra propia Constitución Nacional.
Nuestra carta magna garantiza “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal….” según se puede leer en su artículo 75, inciso 19. Tal vez si en vez de declamar por la Constitución, la república y coso se tomaran el trabajo de leer nuestra ley suprema no quedarían pataleando en el aire.
Pero aún si se cobrara la Universidad a los extranjeros – 76.139 que lo hacen en la pública y que “pagan” vivienda, alimentación, transporte y lo que consumen cotidianamente – eso sería una cifra menor. Imaginemos una matrícula de 100 dólares al mes, 1200 dólares al año. Sumaría a cambio oficial poco más de un millón de pesos cada 12 meses. Representaría unos 76.000 millones anuales, menos que los 82.191 millones que presupuestó en 2024 la Ciudad de Buenos Aires para “regeneración y mantenimiento de espacios verdes y arbolado”.
Quizás les sirva de ejemplo Alemania. Desde octubre de 2014 las universidades alemanas no cobran matrículas a sus estudiantes, ni nacionales ni internacionales, en los programas de pregrado, licenciatura o maestría, además de ofrecer becas. Solo obligan a una tasa administrativa que varía entre 240 y 600 euros al año. De igual manera Austria mientras curses estudios y los culmines en el tiempo mínimo requerido, aunque para algunos programas pueden estipular un pago por semestre de unos 750 euros.
En Finlandia, cuyo sistema educativo es considerado el más exitoso del mundo. la enseñanza es gratuita en todos los niveles, y el Estado garantiza comedores y transporte para aquellos que deban desplazarse a más de cinco kilómetros del centro de enseñanza. También Noruega es reconocida por sus universidades públicas, lo que se traduce en una matrícula gratuita y solo se pide, en las estatales, un seguro médico
Breve repaso de algunas cuestiones sobre nuestra vapuleadas Universidades. Claro que tienen falencias y limitaciones, grises y claroscuros. Seguramente no son una maravilla de gestión y desenvolvimiento. No escapan a las generales de la ley de la Argentina que vivimos. Pero la prédica brutal, falaz y desinformante del Gobierno del showman paleolibertario revela que no es mejorarla lo que quieren hacer.
En tanto la mayor parte de los argentinos /as seguimos sosteniendo y defendiendo la universidad pública, gratuita y laica, que al igual que la salud pública y la vigencia y respeto por los derechos humanos son parte constitutiva de nuestro “adn” como país.
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