El Estado

Una opinión sobre el rol y valorización social sobre la organización jurídica  que es el Estado.

Por JUAN MARTÍN GARAY

En tiempos “libertarios”, ¿el Estado podría ser quien se constituya como la máxima expresión de articulación de relaciones sociales? Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el rol del Estado en las sociedades contemporáneas “desde el punto de vista de la gobernabilidad, el progreso económico y la reducción de la desigualdad social, es fundamental para el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo”. El Estado resulta así como el “Pater Familias”, pero de todos, no de unos pocos. Un ordenador del anarquismo o del estado natural original, para el beneficio del conjunto.

Cuando a menudo apreciamos comentarios y acciones directas en contra de la conformación y permanencia del Estado, pero realzando por otro lado a las “Bases de Alberdi”, la Constitución de Urquiza y una Nación grande con Mitre y Roca a la cabeza, todo se vuelve un contrasentido. En este tiempo complejo y en un cambio de época, hoy más que nunca el Estado es un instrumento indispensable para el desarrollo humano con inclusión verdadera, donde para el bien de todos debería imperar la Justicia Social, algo que lamentablemente hasta es discutido hoy día.

A todo lo mencionado, se suma un componente nuevo. Contra toda aspiración y necesidad de que se confluya definitivamente en algún momento en los preceptos de un real federalismo práctico y no sólo declamativo, en el medio de todo está “la casta”. ¿Y quienes son la casta? Jorge Lanata, en una nota de su autoría para Clarín, hacía esa pregunta días pasados. “Los que nosotros decimos que son casta”, respondía un dirigente de La Libertad Avanza. Interesante afirmación.

Profesionalización y desconfianza

Yendo a la actividad del Estado, indefectiblemente de la mano de buenas prácticas, debería haber una profesionalización de la función pública. Se presenta así, como una condición necesaria para la consecución de fines y objetivos en pos de un mejor Estado en beneficio de quienes lo conforman, la gente.

Diciendo basta a cierto amateurismo consuetudinario, con raras excepciones, muchas veces con más ganas de gestionar las cosas correctamente para ciertos intereses, que hacer las cosas correctas para el conjunto de la sociedad. Paradójicamente, algo que afecta a quienes conviven con las realidades de una dinámica estatal muchas veces estática.

La profesionalización se muestra como un garante para el desempeño de la “posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia”, según la mencionada Carta Iberoamericana de la Función Pública. Se entiende, además, a la expresión “función pública”, con el equivalente a la de “servicio civil”, utilizada preferentemente en algunos países de Iberoamérica. En este sentido, se acepta que “todas las alusiones y referencias a la primera se consideran por tanto indistintamente aplicables al otro término”.

A todo esto, hay que tener en cuenta un dato no menor. Nueve de cada diez personas en la región desconfían del prójimo según señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un informe de este organismo, deja claro y evidente que “la confianza es el problema más acuciante y, sin embargo, el menos abordado al que se enfrenta América Latina y el Caribe. Ya se trate de los demás, del gobierno o de las empresas, la confianza en la región es menor que en cualquier otra parte del mundo. Las consecuencias económicas y políticas de la desconfianza se propagan a toda la sociedad”. Según este informe, la desconfianza de los ciudadanos en el sector privado y público se presenta como un obstáculo para el crecimiento.

A la inversa, casi como causa y efecto, donde todo va entrelazado y de la mano, una encuesta sobre miles de funcionarios públicos de América Latina y el Caribe reveló: “que la desconfianza dentro de las agencias públicas y su desconfianza hacia los ciudadanos reduce la capacidad del sector público para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, incluido un entorno regulatorio propicio para el crecimiento y la inversión”. El documento del BID pretende orientar con su contenido “a los responsables de la toma de decisiones en su esfuerzo para incorporar la confianza y la cohesión social en las reformas integrales necesarias para abordar los retos más difíciles de la región”.

Transparencia y eficacia

Volviendo al rol del Estado y la función pública en las sociedades contemporáneas, con el fin de generar mejores condiciones de acceso a posibilidades de desarrollo humano verdadero, según la Carta Iberoamericana de la Función Pública, se requiere “que la gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore los criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y prácticas que caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos humanos”.

También dejan en claro que “la eficacia de los principios, procedimientos, políticas y prácticas de gestión que configuran un sistema de función pública requiere que todos ellos sean debidamente contextualizados en el entorno institucional en el que deben incardinarse y operar. Los requerimientos derivados de la historia, las tradiciones, el contexto socioeconómico y el marco político de cada realidad nacional son factores que condicionan los contornos específicos de cualquier modelo genérico”.

Contextualizando, en relación al Estado, su rol, puntualmente en el año del 30° Aniversario de la última reforma de la Constitución Nacional y de nosotros como Ciudad de la Jura. Tales son los objetivos de esta Carta Iberoamericana de la Función Pública que constituye un referente común en materia de función pública propiamente dicha y respecto al rol del Estado. Creo que nadie podría estar en desacuerdo con todo lo que expresa dicho documento. Ahora bien, ¿saben de cuando data esta Carta? Del año 2003. Para pensar, ¿no? Recordemos que detrás de todo, además de todo, relacionado a todo, está la gente. Lo único que debería importarnos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-

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