El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal de esa ciudad, Pablo Seró, la elevación a juicio de la causa que tiene a un hombre acusado del delito de trata de personas con fines de explotación sexual -trata sexual-, en calidad de autor, contra una víctima menor de edad al momento de los hechos.
La víctima, oriunda de la ciudad de Villa Ángela, ubicada en la provincia de Chaco, habría sido captada en 2006, momento en que era menor de edad, a través de una oferta laboral engañosa por parte de un hombre que le ofreció un trabajo en Concepción del Uruguay. Una vez que arribó al lugar, la víctima habría sido acogida por el tío de este hombre en un prostíbulo donde fue obligada a prostituirse mediante golpes y amenazas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en 2019 a través de la Línea 145. La denuncia fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Luego de realizar un análisis preliminar, la investigación fue derivada a la fiscalía a cargo de Minatta, que -a través de medidas de investigación- logró identificar a la víctima en 2021.
Inicialmente fueron dos los imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo, que resultó ser el tío del ahora único acusado, falleció antes del llamado a indagatoria. El único imputado fue indagado el 15 de septiembre de 2022, pero el 13 de febrero de 2023 el juez Seró le dictó la falta de mérito tras considerar que las pruebas reunidas “no resultaban suficientes para arribar a un auto de mérito de signo incriminador”.
La fiscal recurrió la decisión y el 11 de mayo de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hizo lugar a su recurso. Finalmente, el hombre fue procesado el 25 de octubre de 2023 en calidad de autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento, agravado por tratarse de una menor de edad, en concurso real con amenazas coactivas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada el 11 de octubre de 2019 a la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La denunciante refirió que en 2006, cuando tenía 17 años, fue engañada por un hombre que le realizó una falsa oferta de trabajo para atender un negocio en Concepción del Uruguay, para lo cual la hizo viajar desde su ciudad de origen, Villa Ángela, hasta la ciudad de Resistencia para encontrarse con él.
Detalló que el sujeto le pagó los pasajes y, desde la capital chaqueña, viajó con ella hasta la ciudad entrerriana. Explicó que, al arribar, el hombre la llevó a un prostíbulo llamado “Snack Bar”, en el acceso a la ciudad, en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39.
La víctima también narró que, una vez allí, la obligó a quedarse y le dijo que su tío le iba le iba a explicar el trabajo que tenía que hacer: consistía en prostituirse como las otras mujeres que también se encontraban en el local nocturno y le advirtió que de allí “no se salía”. La denunciante aseguró que las demás mujeres eran todas oriundas de la provincia de Misiones.
Según el relato de la víctima, durante todo ese tiempo, el acusado la violó, la golpeaba, la drogaba y la amenazaba con prender fuego la casa de su familia y lastimar a sus hermanos. Declaró que tenía mucho temor “porque lo mismo le hacía a las otras mujeres” y agregó que durante todo ese tiempo que estuvo en el prostíbulo nunca recibió dinero por los “pases” efectuados.
Según consignó Fiscales.gob.ar, para la representante del MPF, las declaraciones de la víctima, las constancias y antecedentes obrantes en la causa y el informe efectuado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata permiten acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho investigado, así como la consecuente responsabilidad penal del imputado.
Minatta consideró probado que en el prostíbulo “Snack Bar” funcionaba “un espacio de intercambio sexual en el que se sometía a mujeres a explotación" y que allí "las víctimas invitaban a compartir ‘copas’ y les ofrecían sus servicios sexuales a las personas que concurrían al lugar, los que se concretaban en las habitaciones existentes en la parte trasera del local”.
La fiscal destacó el valor que tiene en la investigación la entrevista realizada a la víctima por parte del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y señaló que fue “determinante” para establecer la configuración de la captación, el acogimiento y el traslado de la víctima.
En esa línea, se refirió al relato de la víctima respecto de las condiciones y funcionamiento del prostíbulo. “Expresó que debía permanecer en el bar de lunes a lunes desde las 20:00 hasta las 5:00 o 6:00 horas y que allí realizaban ‘pases’ y ‘copas’, que debían poner la totalidad de los ingresos en una caja y anotar los importes, con un sistema de cintas en la muñeca. Las mujeres dormían en los lugares donde se realizaban los ‘pases’, tenían que pagar su comida y hacerse cargo de la limpieza del lugar. Añadió que estaban encerradas con llave y no podían salir”, señaló la fiscal en su dictamen.
Por otro lado, la fiscal resaltó que a partir de ese relato se infiere que “en el año 2006, cuando la víctima tenía 17 años, el imputado la captó en la ciudad de Villa Angela, provincia de Chaco, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y de la situación de desamparo que estaba atravesando producto de una disputa familiar, y engañada con una promesa de trabajo, la trasladó a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde fue acogida por el tío de ese hombre en el prostíbulo denominado ‘Snack Bar’, donde fue explotada sexualmente por ambos, hasta octubre o noviembre de 2008, cuando ya tenía 19 años”.
Para Minatta, los hechos investigados se encuentran configurados dentro del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad captación, traslado y acogimiento, agravado por tratarse de una persona menor de edad.
La fiscal se refirió a la situación de la víctima al momento de los hechos y aseguró: “Es indudable que las condiciones socio-culturales y de vida (de la víctima en este caso), la ubican en una situación de gravísima vulnerabilidad, lo cual surge de su propia [declaración] testimonial y del Informe Técnico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, en el que se resalta la situación de vulnerabilidad preexistente, la que estaría dada, entre otros factores, por provenir de una familia con necesidades básicas insatisfechas, la falta de educación formal, la carencia de una red socio-familiar continente y la violencia intra familiar”.
Fuente: Diario Uno
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