El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Según especialistas en temas ambientales, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para sostener los fondos destinados, por ejemplo, a programas de transición energética, lucha contra incendios y saneamiento del Riachuelo, entre muchas otras áreas.
Como resultado de la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año y del objetivo "innegociable" de Gobierno de conseguir superávit fiscal, muchas partidas destinadas fundamentales para el desarrollo humano sufrieron un derrumbe de casi 50% en términos reales. En particular, especialistas en temas ambientales pusieron en tela de juicio el carácter genuino del saldo positivo logrado por Economía, ya que se trató fundamentalmente de un desfinanciamiento "brutal" de programas.
En el marco del taller "Las claves del presupuesto: cuál es su impacto económico y ambiental", Matías Cena Trebucq, economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), remarcó que "el afán por superávit fiscal se tradujo en recortes presupuestarios" y que hubo "una decisión política de desfinanciar partidas ambientales" mientras se le daba una mayor prioridad, por ejemplo, a los recursos destinados para el pago de la deuda pública.
En ese sentido, desde la FARN enfatizaron sobre el hecho de que el desmantelamiento de las capacidades del Estado para el cuidado del ambiente tiene que ver más con cuestiones ideológicas que con una verdadera escasez de recursos monetarios. Según el Monitor Ambiental del Presupuesto elaborado por la entidad, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para mantener estables en términos reales las partidas ambientales y las destinadas a la penetración de las energías renovables.
En términos generales, el monitor reflejó que el Presupuesto vigente en el primer semestre de 2024 experimentó una caída real de casi 24% respecto del mismo periodo del año pasado. “Es un presupuesto a valores de 2023 para a precios de 2024. Esto le permitió al Gobierno manejar los recursos con mayor discrecionalidad" señaló al respecto Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también fue expositor en el mencionado taller.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Spollansky, el 60% del ajuste recayó sobre los servicios sociales, fundamentalmente en aquellos vinculados a la seguridad social, que tienen un peso muy significativo en la estructura de gasto del Estado. Otro 25% correspondió al recorte en servicios económicos, particularmente por la menor erogación en subsidios energéticos. Por el contrario, las partidas de defensa y seguridad, y la de la deuda fueron las que menos cayeron.
En la misma sintonía, Cena Trebucq sostuvo que "la deuda pública condiciona al presupuesto nacional" ya que "en los últimos 3 años fue ganando cada vez más peso en el presupuesto vigente" en detrimento de otras partidas importantes.
Fuente: FARN.
El recorte del presupuesto ambiental, en números
El investigador agregó que en 2024 también fue muy significativa la reducción en educación, salud, vivienda y ambiente. Respecto de este último segmento, subrayó la bajísima ejecución del presupuesto para programas vinculados al saneamiento del Riachuelo, el control de incendios y al impulso de la transición energética.
En cuanto al saneamiento del Riachuelo, el monitor de FARN mostró que entre enero y junio solo se ejecutó el 6,9% de lo presupuestado para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo; por cada $100 que se ejecutaron el año pasado, en 2024 se ejecutaron apenas $4. A su vez, el presupuesto vigente ya sufrió un desplome interanual real del 44,4% por efecto de la inflación.
"Para que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo público a cargo de llevar adelante las acciones establecidas por la Corte Suprema, pueda funcionar como corresponde, es fundamental que el presupuesto asignado sea acorde a las necesidades actuales y se encuentre ejecutado en tiempo y forma" se advirtió en el informe.
Fuente: FARN.
En paralelo, las partidas relacionadas al fuego -Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)- tuvieron una ejecución de apenas el 26,7% de su presupuesto vigente, cuando el promedio de los tres años anteriores marcó un 64% para el mismo período. En este caso la caída real del dinero reservado para este capítulo es del 43,8%.
Vale remarcar que el SNMF tiene varias fuentes de financiamiento y que casi un tercio de éste corresponde a los aportes del Tesoro Nacional, los cuales no tendrán ajustes al alza en lo que resta del año según indicaron miembros del servicio a la FARN. Los fondos solo podrían aumentar, de acuerdo a los testimonios, por una mayor recaudación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que aporta más de un tercio del financiamiento.
En materia de transición energética, los datos del monitor exhibieron una ejecución de apenas el 1,6% en el presupuesto destinado a energías renovables y una baja del 44,4% del presupuesto vigente versus mismo período de 2023.
¿Cómo afectan la ley Bases y el RIGI a la transición energética?
Sobre esto último, Cena Trebucq recordó que la ley Bases y el RIGI fomentan la extracción de combustibles fósiles, ya que tienen como espíritu la maximización de la renta del sector hidrocarburífero mediante beneficios como la liberación de precios, la eliminación de regalías, la agilización de concesiones, las exenciones impositivas y arancelarias, y el libre acceso a las divisas generadas.
Estas políticas se dan en el marco de una concepción de que no es el Estado sino la sociedad en su conjunto la que debe hacerse cargo de la transición hacia fuentes de energía más limpias, a través de sus decisiones de producción y consumo. Sin embargo, por cuestiones de costos y de experiencia acumulada, hoy los incentivos del mercado están orientados hacia los combustibles fósiles cuando hay ausencia de políticas públicas destinadas a cambiar el paradigma y proteger el futuro del ambiente, y del desarrollo económico.
Fuente: Ámbito.
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