El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Por ocultar información del memorándum de entendimiento que firmó con HIF Global, una empresa que quiere construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú (República Oriental del Uruguay).
El Movimiento por un Uruguay Soberano (Movus) denunció al Poder Ejecutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información sobre el memorándum de entendimiento que firmó con HIF Global, una empresa que planea construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú.
La firma de este acuerdo se concretó el 28 de febrero en la Torre Ejecutiva con la presencia del secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, la prosecretaria Mariana Cabrera, el canciller Omar Paganini, el presidente de Ancap, Alejando Stipanicic, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y representantes de la empresa.
Tras la firma Ferrés explicó que este memorando de entendimiento representa una instancia previa a la firma del contrato de inversión. De concretarse, sería la mayor inversión privada de la historia, ya que alcanzaría los 6 mil millones de dólares y generaría unos 3 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción, dijo el jerarca.
HIF Global manifestó su interés de construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú, en varios terrenos que totalizan 440 hectáreas sobre el río Uruguay, ubicados frente a la isla del Queguay Grande, una zona que se prevé que ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Pocos días después de la firma del entendimiento, uno de los integrantes de Movus, Raúl Viñas, realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer el contenido de este acuerdo. El 2 de mayo Viñas fue notificado de que la información era “de carácter confidencial”, por lo que resolvió llevar el caso a la Justicia, que falló a favor de Movus.
El gobierno entregó una copia impresa de un documento que, según Movus, no es el memorándum y, además, buena parte de las páginas se encontraban tachadas.
“El Poder Judicial en su sentencia ampara nuestro derecho a conocer los documentos, pero el Poder Ejecutivo no ha cumplido con esa sentencia. Entendemos que el accionar del Poder Ejecutivo lesiona el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, dado que ese derecho comprende, para poder ser ejercido con responsabilidad, la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas”, señala un comunicado de la organización no gubernamental.
“La no presentación de los documentos solicitados impide su análisis y difusión a fin de que la sociedad civil pueda participar del debate público informada y responsablemente. Lesiona además el derecho a la participación en temas ambientales y viola el Acuerdo de Escazú que es ley en nuestro país (Ley 19.773)”, asegura Movus.
La organización lamenta que en Uruguay “tengamos que llegar a esta instancia cuando tanto se habla de transparencia” y asegura que “de los documentos que ahora se ocultan, se ha dicho que son ‘inocuos’ y que no se han asumido en ellos ‘compromisos por parte del Estado’. No se comprende la cerrada negativa a que estos documentos sean públicos, conservando la confidencialidad únicamente para lo que pudieran ser datos personales o secretos técnicos y comerciales de la empresa”.
En la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Movus destaca que “simultáneamente a esta falta de acceso” a la información de este acuerdo, los representantes del gobierno y de la empresa HIF Global “siguen avanzando en sus negociaciones”.
Fuente: Sudestada.com.uy
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