El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El gremio que nuclea a los empleados de la Legislatura provincial advirtió por nota a los presidentes de ambas cámaras que ante requerimientos de información respecto del personal legislativo se respete la Ley de Protección de Datos Personales.
Desde el sindicato solicitaron que se pida consentimiento a cada trabajador. La requisitoria gremial llega luego de que la justicia ordenara responder a la ONG Entre Ríos sin Corrupción.
“Tras haber tomado conocimiento de requerimientos de información respecto del personal legislativo, nos dirigimos a usted a fin de que en toda contestación se respete y haga respectar la Ley de Protección de los Datos Personales que rige en nuestro país”, se expresó desde la Asociación de Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) en notas remitidas al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y a la vicegobernadora Alicia Aluani.
El pedido de la ONG consiste, entre otros puntos, en solicitar que se den a conocer los nombres y apellidos de los empleados de planta permanente y contratados de las cámaras legislativas desde 2022 a la fecha.
En la Cámara de Diputados hay 150 empleados de planta y 330 contratados. En el Senado, en tanto, hay 234 empleados de planta y 224 contratados. El año pasado, los contratados en la cámara baja eran 770 y en la cámara alta eran alrededor de 600.
En la nota de Apler se precisó que la norma aludida establece que “el tratamiento de los datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado” para que sean dados a conocer.
“Por ello, como representantes de los trabajadores, solicitamos que ante todo requerimiento de información específica de datos de cualquier tipo y/o naturaleza, previamente se pida el consentimiento de cada uno de los empleados legislativos”, concluyen las notas presentadas.
La semana pasada se conoció un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó a ambas cámaras dar a conocer la información. El plazo de 15 días hábiles para contestar comenzó el 17 de septiembre.
En el Senado se aprobó un proyecto de resolución que apunta a resistir la manda judicial y se advirtió la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Análisis
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