El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
“Estuvimos trabajando el proyecto durante seis meses en comisión y estas legisladoras no llevaron un solo aporte y en el recinto tampoco hablaron”, afirmó el diputado Juan Rossi (JxER), que preside la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. De este modo cuestionó la decisión de las diputadas justicialistas Stratta, Arrozogaray, Cora, Zoff y Moreno por no acompañar la iniciativa.
El miércoles la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Agroquímicos, que busca reemplazar un andamiaje legal que tiene más de 40 años.
El proyecto, que utilizado como base una iniciativa legislativa que comenzó a discutirse durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet, tuvo acompañamiento dividido: reuniendo los votos de Juntos por Entre Ríos, de los diputados libertarios y de una parte del peronismo.
Cinco mujeres del PJ, las diputadas María Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Stefanía Cora, Andrea Zoff y Silvia Moreno no acompañaron el proyecto; sí lo hicieron, en cambio, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, José Kramer y Demián Seiler. La diputada Mariel Ávila, esposa del ex gobernador Bordet, estuvo ausente de la sesión.
El diputado Juan Rossi (Juntos), presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, había planteado la necesidad de contar con una nueva ley de agroquímicos, que reemplace la que está vigente “que tiene más de 40 años. Es crucial avanzar en una nueva legislación que priorice la salud, un ambiente sano y equilibrado, y que al mismo tiempo permita a los pequeños y medianos productores aumentar su productividad, agregando valor con un menor uso de agroquímicos. Como bien señala nuestro gobernador Rogelio Frigerio, producir y cuidar el ambiente no tienen por qué ser incompatibles”.
“Los agroquímicos son un tema que genera mucho debate en la sociedad. Por eso, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a generar consenso con los actores sociales involucrados. Hemos recorrido la provincia dialogando tanto con ambientalistas como con pequeños y medianos productores. Todos aquellos que quisieron conversar conmigo fueron escuchados. Este es el proyecto ambiental más avanzado del país en términos, de salud y producción sostenible en relación a los fitosanitarios”.
En declaraciones a Radio de la Plaza que reprodujo Entre Ríos Ahora, se refirió a la postura de las cinco legisladoras: “No me sorprendí. De todos modos, no lo entiendo. Estuvimos trabajando el proyecto durante seis meses en comisión y estas legisladoras no llevaron un solo aporte. Ni una sola línea llevada para aportar tanto para modificar lo que había, lo que se venía trabajando en los borradores o para mejorarlo o como propuesta alternativa. Nada. Y en el recinto nadie habló tampoco. Hubo algunas contradicciones evidentes en esa posición. Qué lástima que hubo un trabajo de seis meses con un montón de gente y pude haber hecho algún aporte. Estoy convencido de que la peor propuesta es no tener legislación”.
Rossi aseguró que hubo consenso social para la media sanción del proyecto y que en los seis meses de trabajo en comisión de escucharon a todos los sectores. “La propuesta tiene un amplio consenso social”, reflexionó.
“El proyecto que venía de la gestión Bordet se centraba mucho en lo productivo; nosotros le agregamos los aspectos ambientales y de la salud. Además, se incorporaron beneficios para aquellos productores que hagan las cosas bien, y un régimen de sanciones para que el que las haga mal, las pague. Buscamos una normativa que nos lleve a una producción más amigable con el ambiente, sin que sea algo restrictivo. No podemos permitir que las economías regionales se cierren”, añadió.
El ABC de un nuevo escenario
En Entre Ríos los fitosanitarios están regulados por la Ley 6.599 de Plaguicidas, sancionada en 1980, durante la última dictadura cívico-militar y ratificada en democracia en 1984.
Es una ley de 21 artículos que regula los actos derivados del gasto, aplicación, transporte y almacenamiento de plaguicidas. En ella también se destacan: la obligación de contar con el asesoramiento técnico de un profesional en el gasto y/o aplicación, la creación de los registros de gastos y aplicadores y sanciones para quien cause daños a terceros.
“Desde entonces fueron numerosos tanto los decretos y resoluciones ministeriales en materia fitosanitaria, como los amparos ambientales y fallos judiciales. El 6 de marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia resolvió por unanimidad, entre otras cuestiones, declarar ineficaz e insuficiente la normativa vigente en materia de fitosanitarios para la protección del derecho a la salud y al goce de un medio ambiente sano y sustentable. . , ordenando al Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos el dictado de la ley que corresponde en un plazo razonable”, planteó Rossi en un análisis del marco legal existente.
El 30 de noviembre del 2022 el gobierno de Gustavo Bordet presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 26.117 de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios. “Una propuesta que tuvo el mérito de haber sido consensuada con la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, un espacio donde confluyen actores vinculados al mundo productivo, económico, profesional y académico. Sin embargo, pasó más de un año, y aún teniendo mayorías en ambas cámaras, nunca existió la decisión política de aprobarlo”, sostuvo.
Ya con un nuevo gobierno, el 26 de marzo del 2024 desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente se inició un proceso de discusión abierto y participativo sobre los “escabrosos fitosanitarios”.
“Convencido que el proyecto de Ley 26.117/22 no contenía una perspectiva de salud y ambiental adecuada, convocamos a especialistas en toxicología, medicina, veterinaria e ingeniería y decenas de agrupaciones ambientales, entre otras. Escuchamos a personas afectadas, sindicatos, científicos del INTA, funcionarios provinciales y actores del mundo productivo entrerriano. Asimismo, recorrí la provincia para comprender los posibles impactos en las economías regionales, productores y obreros rurales. Con ambientalistas nos encontramos en lugares contaminados, en Colonia Elía conocí el funcionamiento del protocolo de control de aplicación de fitosanitarios y en el aeroclub de Paraná presencié pruebas de simulación de derivados de aplicaciones aéreas y terrestres. También analizamos variados artículos científicos y opiniones escritas. ¡Fueron un montón!”, indicó.
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