El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Dentro de un paquete de nombramientos, el Gobierno Nacional designó a los integrantes del nuevo Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, que estará a cargo de los jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias. Esto liberará la tarea del similar paranaense que hasta el momento recibía una cantidad de causas que impedían un desarrollo más ligero del servicio judicial. En total son 20 los nombramientos de jueces, defensores y fiscales para la Justicia Nacional y Federal.
La terna para ocupar los cargos de juez del tribunal oral de Concepción del Uruguay había sido elevada al Poder Ejecutivo en diciembre de 2010 y el último viernes, casi cinco años después, se publicaron las designaciones en el Boletín Oficial. Los decretos están fechados el día anterior y llevan las firmas de la presidenta Cristina Fernández y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, según publicó Página Judicial.
LOS JUECES DESIGNADOS
El Decreto Número 1.996 comprende la designación de Juan Manuel Iglesias, correntino de Mercedes, de 43 años, que venía desempeñándose como juez del Tribunal Oral Penal de su ciudad. Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente universitario, antes fue secretario de un juzgado de San Isidro, fiscal y juez de cámara en la provincia de Corrientes. En 2011, fue objeto de amenazas, junto con otros tres magistrados, que se vincularon con una investigación por el crimen en un ritual satánico de un niño de 12 años, por el que siete personas terminaron condenadas a penas de prisión perpetua en la provincia de Corrientes.
El Decreto Número 1.997 contiene el nombre de Jorge Sebastián Gallino, paranaense, de 47 años y actual vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Gallino, egresado de la Universidad Argentina John F. Kennedy, ingresó al Poder Judicial de la provincia el 10 de febrero de 2000, a poco de que Sergio Montiel asumiera su segunda mandato como gobernador, para ocupar el cargo de juez de Instrucción de Nogoyá. Desde allí tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de la familia Gill, un misterio todavía irresuelto.
El Decreto Número 1.998 alcanza la designación de Mariela Emilce Rojas, paranaense, de 54 años, actual vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay (ex Sala Penal) y antes de la Sala Penal de Concordia, ambos en la justicia provincial. Egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), también ha ocupado cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (entre 1983 y 1990) y fue secretaria penal del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay (hasta 2005).
UN TRIBUNAL NECESARIO
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay se creó el 26 de noviembre de 2008 por Ley Número 26.429. La nueva estructura viene a aportar un cierto equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas, ya que allí se tramitarán las causas penales de los departamentos Islas, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y Villaguay.
También servirá para descomprimir la actividad en el tribunal oral de Paraná: actualmente, alrededor del 80% de las causas federales que llegan a juicio en Entre Ríos están relacionadas con el tráfico de drogas y la mayoría de ellas se originan en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por lo que serían ventiladas en el nuevo tribunal, una vez que esté operativo.
Un ejemplo del impacto que tendrá la nueva estructura es que el tribunal oral de Paraná tiene fijadas audiencias hasta el año 2019, de modo que cuando empiece a funcionar el tribunal de Concepción del Uruguay habría un efecto inmediato en cuanto a la merma en el número de juicios que llegarán en la capital provincial.
Para eso, desde hace un tiempo, funcionarios judiciales, principalmente de la capital entrerriana, vienen realizado gestiones tendientes a lograr la habilitación del tribunal, tanto ante el Consejo de la Magistratura como ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y los fiscales de la provincia llevaron pedidos similares a la procuradora Alejandra Gils Carbó, según pudo saber Página Judicial.
Por caso, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, señaló en abril pasado que “las gestiones a nivel político se hicieron, pero eso ya es excluyente del Poder Judicial de la Nación, que aplica sus gestiones donde quiere hacerlo, lo mismo con la administración de sus recursos. Este tipo de facultades son explícitas de la Corte Suprema. Quisiera que lo pongan en funcionamiento mañana mismo, porque si no pareciera que nosotros estamos intentando obstruir algo, cuando no es así. Además el tribunal de Paraná necesita eso, porque la gente no tiene la capacidad operativa de hacer innumerables intervenciones públicas. Por eso gestionamos la habilitación del tribunal oral de Concepción del Uruguay”, dijo en aquel momento en diálogo con el programa A quien corresponda (Radio de la plaza).
Para el nuevo tribunal ya fueron designados el fiscal y defensor. La Presidenta oficializó el 15 de agosto de 2013 a Julieta Elizalde como defensora y Adolfo Villatte como fiscal, aunque éste último protagonizó luego un curioso enroque. Un mes después de jurar, tres fiscales enviaron sendas notas a la Procuración General de la Nación pidiendo el intercambio de cargos, que fue aprobado por Alejandra Gils Carbó. El trueque de cargos llevó a Estela Fabiana León a Concepción del Uruguay.
El nuevo tribunal tendrá una planta de 23 personas entre secretarios, prosecretarios, empleados y personal de maestranza y oficios, cuyos cargos todavía no han sido cubiertos. En principio, la procuradora Gils Carbó convocó, en el marco del Sistema de Ingreso Democrático e Igualitario, a concursos abiertos y públicos para cubrir las vacantes que se generen en la fiscalía general.
Otro aspecto todavía no resuelto es dónde funcionará la nueva estructura.
En el Presupuesto 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se prevé una “remodelación integral interior” en el edificio de calle Galarza 614, para adecuarlo a las necesidades del tribunal oral y el Juzgado Federal Número 1, con competencia penal. La obra tiene un presupuesto total de 22.186.000 pesos (8.874.400 pesos en 2017 y 13.311.600 pesos en 2018).
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