El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En sendos comunicados de prensa, la Sociedad Rural Argentina filial Rosario de Santa Fe y San Pedro de Buenos Aires, cargaron contra el amparo ambiental admitido por la Justicia Federal para proteger las islas y humedales del Delta inferior del río Paraná. Para los hacendados, las medidas de restricción a las actividades de alteración de los sueldos y topografía que propician o facilitan los incendios en el Delta atenta contra la ganadería.
Por su parte, distintas organizaciones de Victoria, Rosario y localidades aledañas agrupadas en el frente Guardianes del Humedal, salieron a respaldar la cautelar y apuntaron que continúan las condiciones de bajante que determinaron las prohibiciones, así como las ocupaciones ilegales y los usos indebidos como las fiestas electrónicas dentro del área protegida. Estas razones hacen a la vigencia de las medidas paliativas para enfrentar la actual crisis hídrica, señala un texto compartido con ERA Verde.
Con un misto texto y en igual tono, las Sociedades Rurales de Rosario y San Pedro, dieron a conocer al unísono declaraciones donde piden la “eliminación de la injustificada e inútil medida cautelar sobre el Delta del Paraná”, según entienden sobre la manda judicial que estableció una serie de restricciones para la protección de los humedales. Las entidades que agrupan a propietarios de tierras y hacienda “exigen” que se levante la medida cautelar dictada el 1 de julio de 2020 por el juez Federal nº 2 de Paraná, Daniel Alonso. “Esta disposición impide el normal desarrollo de la vida y la actividad productiva, particularmente en la ganadería, una práctica con 200 años de historia en armonía con el medio ambiente de la región”, plantean los ruralistas.
Los ruralistas piden concretamente que se libera el uso de maquinaria pesada ya que, conciben, debe usarse para “la preservación de caminos, senderos, alteos, cortafuegos, dragados y otras infraestructuras es fundamental, y requiere de un adecuado mantenimiento a través de servicios de maquinaria”. Señalan que es una “tecnología base para el sostenimiento del arraigo, la actividad productiva y cuidado del medio ambiente, indispensables para el desarrollo territorial y provincial”. Por última, ambas filiales expresan el apoyo y acompañamiento “a todas las acciones que breguen por el levantamiento de esta injusta medida. Servimos a la Patria mejorando su producción”, aseguraron.
Sustentable
Inmediatamente conocida la postura de las comisiones directivas de las Rurales mencionadas, el colectivo de agrupaciones Guardianas del Humedal se manifestó su preocupación “por una campaña de difusión en diferentes medios, orquestada a los fines de reclamar el levantamiento de la medida cautelar de la Justicia Federal, sancionada oportunamente a los fines de proteger los ecosistemas asociados al río Paraná y sus humedales, bajo el argumento de ser en teoría una medida injustificada y que a la vez impide el normal desarrollo de las actividades productivas en estos territorios”, señalaron.
La ONG de la región Delta expresaron que a la hora de evaluar el escenario se debe tener en cuenta “una nueva bajante del río tan prolongada como inédita” que “pone nuevamente a la luz problemas tales como una amenaza permanente de surgimiento de incendios sin los cortafuegos naturales que son los bañados, riachos y lagunas del delta, un contexto propicio a los movimientos de suelo (entre ellos los nefastos terraplenes), la permanente presencia en territorio de cazadores que han diezmado la fauna nativa, la descarga de material del dragado de la mal llamada hidrovía, que obturan los ingresos de agua al humedal, el avance incesante de ocupaciones inmobiliarias ilegales y hasta la insólita realización de las denominadas fiestas electrónicas en estos territorios”, enumeraron.
Agregaron que “es bien conocido que las normas provinciales y/o municipales vigentes y que promueven la preservación de estos territorios, los recursos asignados y las decisiones políticas para su cumplimiento, son claramente insuficientes, por lo cual la cautelar vigente se constituye en un elemento imprescindible para proteger estos frágiles ecosistemas”, sostuvieron, al tiempo que observaron que “la producción que se realice en estos territorios, debe adaptarse al ambiente y geografía, en caso contrario, no es sostenible ni sustentable”.
Finalmente se manifestaron sobre “la extrema necesidad de mantener la vigencia de una cautelar, por continuar vigentes los presupuestos fácticos que dieron lugar a su dictado. Molesta, sí, porque el incumplimiento de la misma, implica responsabilidad penal y no administrativa. A través de los años se comprobó que las sanciones administrativas no son disuasivas para respetar el plexo normativo destinado a la protección ambiental. Entonces, la cautelar constituye un límite para un sector que nunca entendió de límites”, subrayaron.
De la Redacción de ERA Verde.
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