El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Es la primera vez que un ex gobernador entrerriano y ex embajador va preso. Acorde a la lógica de los tiempos, los detractores del peronismo reducen el argumento a “se robaron todo”, mientras que desde las filas del partido de Juan Perón -las pocas voces que se alzan- apunta a la persecución política. Las cosas son más complejas, siempre. En esta nota, cada una de las causas por las que Sergio Daniel Urribarri quedó tras las rejas y la palabra del periodista Américo Schvartzman.
Por LUCIANO PERALTA de Revista "LA MALA"
Ilustración: JOSÉ VALENT
Esta es una dinámica corriente en el poder, de quienes disputan verdaderamente el poder, pero también es derramada hacia abajo, hacia el resto de la sociedad, que la hace propia. Entonces, si sos parte de nosotros, se te van a dejar pasar los chanchullos y las tranzas, no así si sos parte de ellos, en ese caso, deberás someterte al peso de la ley (que, en este caso, sí está para ser cumplida).
Esta lógica es muy dañina para la convivencia democrática y, sin ir más lejos, es la causante de muchos de los males que hoy sufrimos. Que no son nuevos, aunque algunos hagan fuerza para convencerse que empezaron en diciembre pasado, y que vamos a seguir padeciendo por muchos años, si no nos corremos de ese razonamiento tan maniqueo, tan funcional a quienes detentan el poder y tan nefasto para las realidades de las mayorías.
La condena, y ahora el encarcelamiento, del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, se inscribe en esta dinámica. Desde el PJ entrerriano (una cáscara vacía de viejos caudillos distritales) emitió un comunicado en el que defienden “a los compañeros Urribarri y Aguilera”. Ya que “detrás de una supuesta intención de luchar contra la corrupción se esconde un motivo despreciable, amedrentar y disciplinar al peronismo y a sus dirigentes”, argumentaron, entre otras frases tantas veces repetidas.
La lógica es la misma: si la Justicia falla contra ellos, hay que respetarla; si lo hace contra uno de nosotros, es despreciable.
Las cinco causas
Lo que sigue son cada una de las cinco causas que llevaron a Urribarri a cumplir la condena (preventiva) a 8 años de prisión en la UP N°1 de Paraná. Para ello, consultamos al experimentado periodista Américo Schvartzman, con quien mantuvimos un diálogo.
Detallamos, en primer lugar, la condena que recibió el viernes 8 de abril por tres causas unificadas conocidas como “Sueño Entrerriano”, pero son más los procesos que complican al ex gobernador. Obviamente, también Urribarri sostiene que estas causas son una “persecución política” en su contra, aunque todas se desarrollaron en años en que el peronismo siguió siendo gobierno en Entre Ríos, y por jueces, fiscales y el procurador nombrado por el propio peronismo. En esta línea, Schvartzman detalla:
1 – “Sueño Entrerriano”. Se la conoce así porque investiga el desvío de fondos públicos para promocionar la campaña presidencial de 2015 de Urribarri, que precisamente tuvo como lema “Un sueño entrerriano”. El sueño le costó caro al pueblo entrerriano: casi 47 millones de pesos (en ese momento unos 5 millones de dólares). La carátula de la causa es “Negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública”.
Pero en realidad se unificaron tres expedientes sobre hechos diferentes que tienen en común el uso de fondos públicos para financiar la intentona presidencial de 2015. El juicio oral llevó cincuenta jornadas y resultó en la condena de Urribarri a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y la imposibilidad de ejercer nunca más un cargo en la función pública. También fue condenado el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez (luego diputado provincial).
Las tres causas unificadas son:
– Parador playero: En esta causa se acusa a Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, de sustraer más de 14,5 millones de pesos para instalar el célebre parador playero en Mar del Plata en enero de 2015, fingiendo promocionar la provincia para en realidad promocionar su precandidatura presidencial. En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Aguilera. Los fiscales probaron que la firma de Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacia el cuñado de Urribarri por dos millones de pesos. Una pieza clave en este sistema, según la tesis fiscal, es la contadora.
– Nelly/Mercosur: Es el expediente que investigó el pago de 28 millones de pesos a fines de 2014 para cuatro spots de TV durante la Cumbre de Presidentes en Paraná. La acusación asegura que el fin de esos videos era promocionar a Urribarri como precandidato. En este expediente estaba imputado Jorge “Corcho” Rodríguez, acusado de haber sido partícipe en la contratación de Nelly Entertainment SA, firma que preside. Rodríguez accedió a una probation en la que además de trabajos comunitarios debió pagar 150 mil pesos en concepto de resarcimiento al pueblo entrerriano por el daño causado.
– Solicitada anti-buitres: La tercera investigación es la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014 en 18 diarios nacionales por más de cuatro millones de pesos. En ella Urribarri llamó a las fuerzas políticas a rechazar a los fondos buitre, tema candente en ese momento por el Juez Griesa. Los fiscales consideran que fue otro uso proselitista de los fondos de los entrerrianos, porque los recursos salieron del ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez.
2 – Global Means. Aquí Urribarri y Báez están acusados de haber contratado publicidad de manera directa con una “empresa” de demostrado vínculo con Báez. En realidad, la empresa no existía legalmente cuando Báez y Urribarri firmaron la contratación y, además, el trámite para el pago fue el 24 de marzo de 2012, un feriado nacional. La truchada no solamente muestra el nivel de impunidad con el que se manejaban, sino que también configura el delito de “Negociaciones incompatibles con la función pública”. El tercer acusado es el “dueño” de Global Means S.A., Germán Buffa, a quien se le endilga una participación primaria. Buffa además, integra el directorio de El Diario de Paraná. La investigación determinó que entre 2011 y 2014, la “empresa” recibió casi 4 millones de pesos para la difusión de distintas campañas y acciones de gobierno en medios porteños. Y en ese período la firma tuvo como exclusivo cliente al Estado entrerriano, salvo una campaña que hizo para otra agencia de publicidad.
3 – “La causa de la vaca”: En esta causa Urribarri y Báez son considerados autores de los siguientes hechos: Negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y otras personas directivas de empresas privadas (otra vez la contadora Cargnel, Hugo Montañana, Jesús Bustamante), aparecen como “partícipes primarios” y también se acusa a la pareja de Aguilera (Luciana Almada), Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Sena, quienes son considerados testaferros de Aguilera. La acusación asegura que Urribarri y Báez sustrajeron fondos públicos “de manera constante, habitual y reiterada” y los direccionaron a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Lo habrían hecho con múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano a favor de dos empresas del propio Aguilera, mediante cinco testaferros. Entre 2010 y 2015, las firmas Next SRL y Tep SRL recibieron sumas del Estado Provincial “para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, por un total de 24 millones de pesos. Bustamante y Montañana, titulares de empresas de publicidad, participaron de esas contrataciones con un porcentaje que le reembolsaban a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel. Tan ficticias eran las constataciones que por eso la causa es conocida como “la de la vaca”. Resulta que los pagos del Estado se hacen con una certificación de que el servicio se prestó: en este caso, se adjunta en el legajo una fotografía de los carteles supuestamente contratados, visibles en alguna ruta, en el acceso a alguna ciudad. Pero la certificación era tan trucha que las fotos mostraban siempre a una misma vaca, en la misma posición, adelante del cartel. Nuevamente la certeza de la impunidad. “Esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición”, dijo el fiscal. Y así pasó a ser “la causa de la vaca”. Aunque en Entre Ríos no opera la figura del “arrepentido”, en esta causa Bustamante jugó un rol similar: aceptó un juicio abreviado, que tiene como condición el reconocimiento del delito. Reconoció las coimas y los hechos de los que se lo acusa, y recibió una condena a dos años y la realización de trabajos comunitarios, pero además pagó 4,8 millones de pesos al Estado por el daño.
4 – Enriquecimiento ilícito: Esta causa se inició tras una denuncia presentada en la Procuración General en diciembre de 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de que la revista Análisis publicara un contundente informe sobre el crecimiento patrimonial de la familia Urribarri: de ser un simple empleado de banco oriundo de General Campos, en pocos años la familia se transformó en un clan de empresarios que parece salido de una serie yanqui. Así, en esta causa aparecen las empresas a nombres de sus hijos Mauro y Sergio (Kriptax Inc), la de sus hermanos Jorge y Armando (Agro Premium), la de su esposa Ana Lía (Ancorar), todas con sede legal en el mismo lugar: Junin 658, piso 6, departamento A, torre B, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí aparece la mansión célebre en el lago de Salto Grande, que se popularizó gracias al Google Earth.
Entre otras medidas, se allanaron propiedades de la familia, sedes de empresas favorecidas por Urribarri como gobernador, y oficinas o estudios contables de presuntos testaferros en diferentes ciudades. Y como consecuencia se incorporó a un empresario clave en el impresionante crecimiento patrimonial de Urribarri: el paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. La justicia determinó que entre 2008 y 2015 ese empresario administró más de 11 millones de dólares “en negro” del ex gobernador. El fiscal en esta causa detalló cómo Cardona Herreros consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio del pago de coimas a funcionarios. La investigación encontró en las computadoras del empresario correos electrónicos y planillas Excel en los que llevaba una cuidadosa contabilidad de los gastos que le pagaba a Urribarri y a su familia: viajes al Caribe, a Cuba, a Madrid y a Venecia, la compra de vehículos y propiedades y hasta la factura del teléfono celular. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Herreros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. De todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó el fiscal Badano.
5 – Contratación de software: En esta causa también juega un rol relevante Cardona Herreros. Aquí se acusa a Urribarri de Negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, palabra con la que la jerga judicial identifica al pago de coimas. Los fiscales aseguran que, a partir de 2007, primero como ministro de Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como gobernador, Urribarri “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros, que se quedó con numerosas licitaciones para la compra de software por parte del Estado Provincial. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En estas maniobras se verificaron sobreprecios que, según el fiscal, “retornaron” como sobornos a una serie de funcionarios: el ex ministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
La empresa de Cardona logró una enorme cantidad de contratos importantes en el Estado entrerriano, por sumas varias veces millonarias en dólares, y en algunos casos con costos mensuales por mantenimiento. Los fiscales consideran probados “retornos” por un millón de dólares, e incluso aparecen depósitos a funcionarios realizados desde la propia empresa, entre muchas otras irregularidades. Otra vez, la certeza de la impunidad.
La Justicia, siempre, al ritmo del poder
El periodista y doctor en filosofía, Américo Schvartzman, dialogó con La Mala. El que sigue es el intercambio entre ambas partes:
– ¿Qué pensás respecto a que el STJ haya concedido a la defensa el recurso a la Corte Suprema?
– No puedo opinar desde lo técnico porque no soy abogado. Pero me parece que sería ingenuo pensar que las resoluciones del STJ se basan exclusivamente en lo jurídico. Baste recordar que fue miembro del Superior Tribunal de Justicia gente como Emilio Castrillón. Al contrario: nuestro sistema de justicia, empezando por sus cúpulas y desde hace décadas, toma decisiones políticas y luego, en función de ellas, arbitra las justificaciones técnicas. Hay innumerables elementos para fundamentar esta conclusión que propongo, pero quizás alcanza con mencionar tres recientes:
1) La autorización escandalosa de la candidatura de Davico en Gualeguaychú (intendente sucesivo de dos ciudades distintas, algo que probablemente se va a estudiar en el futuro en las carreras de derecho y de Ciencia Política).
2) El rechazo en su momento a la acción contra el barrio ilegal Amarras.
3) La decisión respecto de la ordenanza del glifosato.
Menciono estas tres porque tienen que ver con Gualeguaychú (y de paso como homenaje a mi querido e inolvidable amigo, el patriota Julio Jesús Majul, impulsor insobornable de dos de ellas). Pero son incontables y en todas lo invariable es lo que señalo: primero deciden qué harán (en función de un combo: quiénes gobiernan, a quién perjudican, qué les ordenan sus “mandantes” que los nombraron en esos cargos, etcétera) y después justifican técnicamente su decisión.
– En lo personal, ¿qué significa que el ex gobernador esté preso (al menos, preventivamente)?
– En lo personal, no mucho. Vi a Urribarri una sola vez en mi vida, cuando me tocó ser convencional constituyente y nos recibió en un encuentro formal, de esos que son para la foto. Nunca tuve nada personal contra él, y de hecho recuerdo cuánto me impactó (positivamente) su discurso inaugural en la Convención, donde por un momento me produjo la expectativa de si su gobierno no sería una sorpresa positiva (recordé ese discurso hace poco, en una de las muchas ocasiones en que Urribarri hizo o dijo todo lo contrario de lo que había dicho ahí. Dejo enlace para refrescar o para quienes no lo vieron: es éste). Hacés bien en recordar que es prisión preventiva. Porque este corrupto condenado tiene suficientes recursos como para fugarse y por eso los fiscales entendieron que había que «guardarlo» para no complicar las (otras) causas en marcha. No quiere decir que vaya a seguir preso, porque las condenas que tiene no lo establecen así.
“El peronismo, en Entre Ríos, son sus dirigentes con poder. Poder local o regional, ya que provincial solo existe cuando gobiernan, y lo ejerce quien firma los cheques”
En nuestro país las condenas por corrupción, administración fraudulenta, robo al pueblo, son todas muy leves. Esa es la razón por la que el periodismo de investigación es tan frustrante: cuesta horrores demostrar las tropelías que cometen, y cuando eso se logra, las pocas veces que se logra, las condenas parecen una broma pesada. Tampoco quiere decir que la justicia entrerriana haya cambiado mucho. Hay que recordar que esa misma Justicia lo desligó de la causa más tremenda, el mayor despojo al pueblo, que es la investigación de los contratos en la Legislatura (el multimillonario robo que también manejaban Urribarri y su cuñado y testaferro, y del que participan una gran cantidad de personas).
Creo que es fundamental recordar que esto fue posible porque hubo periodistas como Daniel Enz y medios como Análisis que no dejaron de investigar e insistir, pese a ser hostilizados, agredidos y acusados falsamente por la hipocresía de la dirigencia del PJ entrerriano, mientras creían que el corrupto condenado tenía poder, o que lo podría volver a tener. No hay que olvidar, por ejemplo, que Bordet asumió su primer mandato con los Urribarri, padre e hijo, controlando la Legislatura, la Justicia y la Policía. Bordet se los sacó de encima y eso es algo destacable: si no hubiera ocurrido, si los hubiera bancado desde sus gobernaciones, difícilmente se habrían producido las condenas.
– ¿Qué pensás que provoca esto para adentro del PJ entrerriano?
– Me temo que no mucho. Algunos creen que es un tiro directo al corazón del PJ, para mí es distinto. El PJ, en realidad, es una entidad abstracta, no hay una estructura unificada, no hay funcionamiento orgánico, no hay unidades básicas donde se delibere y se discuta de abajo hacia arriba. Eso, lamentablemente, ya no existe en ninguna fuerza política. El peronismo, en Entre Ríos, son sus dirigentes con poder. Poder local o regional, ya que provincial solo existe cuando gobiernan, y lo ejerce quien firma los cheques. Por eso hoy no hay liderazgo provincial: ni Bordet, probablemente el peronista de mejor imagen. No hay más Bustis y para qué hablar de los anteriores a los que ya no recuerda nadie. Y el propio Busti, tres veces gobernador, el dirigente más poderoso de Entre Ríos desde el siglo XIX, la última vez que se presentó como candidato a gobernador, elección en la que compitió contra su ex protegido Urribarri, el pueblo entrerriano lo dejó en tercer lugar.
Algo debía tener, sin duda, pero también –parece– dejó de tenerlo… Por eso cito los versos de Manrique, aquello de “allí van los grandes señoríos, directos a se acabar y consumir”. Pero ocurre antes de que llegue la muerte y se aplica para todo el mundo (es lo que viene ocurriendo a nivel nacional, aunque es otro asunto). Ojalá, pero no es más que un deseo sin muchos lazos con la realidad, los caudillos peronistas con poder entiendan que es mucho más conveniente, para seguir siéndolo, ser decentes, autónomos, leales a su gente. Y no a líderes turbios, ambiciosos y delirantes, que se dicen defensores del pueblo, pero se dedican a robarle.
– ¿Es relevante que las tres juezas de casación sean mujeres? ¿Te significa algo en términos políticos?
– La verdad que no tengo elementos para responder a esta pregunta. No conozco demasiado la trayectoria de las tres, lo poco que sé de ellas es que una es o fue la pareja de Juan Ruiz Orrico, muy complicado tras el accidente en el que, alcoholizado y en un vehículo oficial, chocó y produjo la muerte de cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso, y otra es o fue pareja de Jorge Coque García, jefe de los fiscales entrerrianos y un hombre al que le cabe lo que él mismo dijo de la justicia entrerriana en un encuentro muy interesante hace pocos años: “La justicia no investiga al que está en el poder, por lo menos hasta que deja tener poder”.
Lo único que quisiera añadir es que la imagen de Urribarri preso es un buen recordatorio de que a veces hay justicia. De que a veces, por más pocas que sean, así terminan los delirios de grandeza, poder e impunidad de personas inescrupulosas. A veces, solo a veces, así terminan los grandes señoríos, “derechos a se acabar y consumir”, mucho antes de que llegue la gran igualadora. Quizás también sea un mensaje para que las fuerzas políticas entrerrianas (todas) entiendan que no hay que dejar pasar esas cosas, y que besarle las manos al corrupto poderoso, como hicieron todos estos años, no es el camino. Nunca es el camino, y aunque tarda en llegar, parafraseando a Cerati, al final hay reprimenda.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.
|
