El puerto, las coimas y el narco

La denuncia contra funcionarios portuarios del gobierno anterior por el cobro coimas en el Puerto de Concepción del Uruguay no encuentra avances. El empresario que presentó los audios de los sobornos está preso por el secuestro de un socio que se quedó con un cargamento de cocaína y dinero. Ahora quiere regresar el jefe narco Augusto Amirante con otra empresa para operar en el puerto uruguayense. La historia del poder de los Scelzi en el ámbito portuario, mientras se consolidó la trama criminal.

 

Por JOSÉ AMADO (*)

 

José Alberto Tomás Uriburu estaba desesperado y dispuesto a cualquier cosa para mantener la concesión y continuar operando el depósito fiscal del Puerto de Concepción del Uruguay. No tenía margen para no cumplir el acuerdo que había hecho con personas que no entienden de contratiempos ni de burocracia.

Su empresa llamada Terminal Puerto Concepción del Uruguay (TPCU), con una historia extraña y movimientos poco claros, estaba en quiebra.

Necesitaba a cualquier precio el permiso de uso del sector de almacenamiento de contenedores y logística. Actuaba como lo que era: una situación de vida o muerte. Como todas las puertas se cerraban, jugó su última carta: entregó las grabaciones de las conversaciones con funcionarios del área de puertos de la provincia, donde se escuchan pedidos de coimas y oferta de gestiones para favorecerlo.

Las actuales autoridades del Ente portuario llevaron todo a la Justicia. Pero el nombre de Carlos María Scelzi en medio de las acusaciones parece frenar, hasta ahora, cualquier avance en la causa. Es que se trata de un apellido del poder político y económico en la región en las últimas décadas, de esos intocables. Y con especial influencia en el ámbito portuario en los últimos años.

Paralelamente, en una causa federal por lavado de activos y narcotráfico en este puerto se descubría una trama criminal: el socio de Uriburu, Gastón Tallone, había sido secuestrado; su familia pagó un rescate infructuoso y el hombre permanece desaparecido; se habían quedado con un cargamento de cocaína en el sur de Brasil, y una banda narco de Rosario estaba esperando para poder utilizar el Puerto de Concepción para el contrabando internacional de drogas.

Unos meses después apareció un abogado buscando gestionar el permiso para operar el depósito fiscal del puerto que dejó Uriburu, para una empresa de un hombre que había sido directivo de TPCU, Augusto Amirante, condenado por un envío de cocaína a Holanda.

La denuncia

El actual presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, se encontró con varias situaciones impensadas durante los primeros meses de su gestión.

A mediados de abril, recibió en su despacho a José Uriburu, el abogado titular de la empresa TPCU S.A. que intentaba negociar la continuidad de sus operaciones en el depósito fiscal. La quiebra declarada el 25 de marzo por el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Concepción, a cargo de Máximo Mir, se lo impedía.

Entonces comenzó a despotricar contra los anteriores funcionarios del Ente y del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos (IPPER), afirmaba que les había pagado coimas y que tenía las pruebas que lo demostrarían.

Di Giuseppe le pidió que le presentara por escrito lo que estaba diciendo y le enviara las evidencias, porque en ese momento ya era su deber de funcionario público ir a la Justicia. El 16 de abril envió el correo electrónico con el material y el 19 presentó formalmente la denuncia en la Unidad Fiscal. Tres días después declaró ante la fiscal a cargo de la causa, María José Labalta, quien inmediatamente citó a Uriburu a declarar.

El 26 de abril, el abogado prendió el ventilador en la Fiscalía y habló de las coimas que pagó (y que le exigieron) y otras circunstancias delictivas.

Contó que él operaba los silos de Concepción del Uruguay y en junio de 2022 compró la empresa TPCU a Cristian Galante, a título personal, que era el presidente y su esposa Agustina Caviglione Frana la directora titular.

Cuando se enteraron de la operación que se iba a realizar (en octubre de 2021), unos meses antes, apareció Carlos María Scelzi, administrador del Ente Autárquico, quien lo citó a una reunión. El encuentro, afirma Uriburu, se concretó en el departamento que él le alquilaba a una sobrina de Scelzi en La Barraca, un complejo coqueto ubicado a metros del río. Y quien acompañaba al funcionario era el ahora desaparecido Gastón Tallone, un operador portuario.

Según la denuncia, Scelzi le dijo que iba “a armar una mochila de juicios para ahogar” al anterior dueño de TPCU para que le salga más barata la compra.

Lo menciona a Juan Pedro Aguirre, un hombre que habría armado una cooperativa con trabajadores “eventuales” que serían los que presentarían los juicios laborales. Y que tenía todo arreglado con el entonces juez laboral de Concepción, Eduardo Flores.

Al parecer, estas demandas laborales se llevaron adelante: “Cristian Galante me comenta que, de manera sorprendente, de un día para el otro, aparecieron demandas espejo”, contó Uriburu.

El abogado relató que Scelzi le dijo que debía pagarles 200.000 pesos a cada uno de los trabajadores, que eran alrededor de 10, y que luego debió pagarle al funcionario 30.000 dólares.

Detalló que la coima se llevó efectivizó en el restaurante El Faro, ubicado en calle Jordana, a metros del río Uruguay (propiedad de un familiar de Scelzi). Pese a estas promesas, las demandas laborales no se cayeron. Uriburu nombró a otros intermediarios ofrecidos por Scelzi, como un tal Claudio Denis, y quien sería abogado de los trabajadores, Jorge Lifschitz, quien promovía la quiebra de TPCU.

Uriburu aportó capturas de pantallas de los mensajes de Scelzi, pero también varias grabaciones. El abogado grababa con audio o video cada conversación que tenía con cualquiera, porque sabía que en el peor de los casos podría usar esos registros.

Entre esas charlas grabadas, aportó una (que sería del 9 de noviembre de 2023) en la que Scelzi le afirmó que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, intentó quedarse con TPCU o con el depósito fiscal a través de otra empresa llamada “Puertos del Litoral”.

“A esas cosas ya sabés, hay que frenarlas”, le dijo el funcionario del puerto. “Eso significaba para mí tener que poner dinero”, aclaró por las dudas Uriburu en su denuncia.

Y Scelzi le dice en esa reunión que “ese tema de Rodríguez Signes, lo volteé, lo volteamos nosotros porque se te quiso meter en el medio y se quiso quedar con el depósito. Te dimos prioridad a vos”. Esto lo hicieron, según el funcionario del puerto, “a pesar de que venía la orden de arriba”.

Luego, dice Uriburu, Scelzi lo mandó a hablar con Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, ex presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos durante la gestión de Gustavo Bordet. Cabrera había sido designado como subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación (en un área que manejaba Sergio Massa), pero no duró mucho tiempo porque no sabía resolver absolutamente nada.

Esta vez, la reunión fue en La Ris, otro bar de La Histórica. “Me pide 20.000 dólares para repartir a cambio de la prórroga de mi permiso de uso del predio donde opera mi empresa, y que por derecho me corresponde. Me manifiesta que el depósito y la actividad portuaria ‘a nadie le importa’”.

Finalmente, las “sentencias multimillonarias” se sucedieron y TPCU quedó asfixiada. Según se puede observar en la Mesa Virtual Pública del Poder Judicial, en los tres Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de Concepción del Uruguay (no solo en el que estaba Flores como titular) hay decenas de demandas contra esta empresa portuaria de parte de trabajadores que se desempeñaron, al menos, desde 2018.

La mayoría de los fallos datan de 2022, cuando Uriburu dice que estaba negociando la compra de TPCU, pero por demandas laborales que comenzaron al menos en 2021. Cabe recordar que, en junio de 2023, el Flores fue destituido en un jury, tras ser denunciado por violencia laboral. Uriburu dijo en su denuncia que Flores se comunicó con él para ofrecerle sus servicios ante la quiebra que se le venía encima por las indemnizaciones. “Me llama y me dice que tiene la solución a mi problema, ‘pero que no va a ser barato’”.

Cabe aclarar que Uriburu no es un improvisado en el trato con funcionarios públicos. Siempre se jactó de sus vinculaciones políticas, ya que estuvo trabajando durante el gobierno de Mauricio Macri. Primero como asesor en Inversiones y Comercio Internacional, cargo que desempeñó entre 2016 y 2020. Luego fue presidente del directorio de Trenes Argentinos, entre 2018 y 2020.

Sin avances

Pasaron nueve meses desde la denuncia de Uriburu y no se ha avanzado en la investigación para corroborar o descartar los delitos contra la administración pública presuntamente perpetrados por los sobornos. No citaron a declarar ni a los implicados en las acusaciones del abogado. Sí pudo saber Análisis que Scelzi se presentó en Fiscalía para ponerse a disposición, acompañado de un abogado.

Las evidencias presentadas, como los audios y videos, resultan bastante elocuentes de una situación de corrupción generalizada en el ámbito portuario durante la gestión de Cabrera Domínguez y Scelzi. Tampoco llamaron al fiscal de Estado Rodríguez Signes para que dijera formalmente lo que refirió públicamente sobre lo que decían Cabrera y Scelzi en esas conversaciones grabadas, desligándose de aquellas acusaciones.

Según consultó Análisis en la Fiscalía de Concepción del Uruguay, la secretaria de la fiscal Labalta dijo que la causa “está en etapa de investigación”. El fiscal coordinador de la jurisdicción, Fernando Lombardi, no respondió los llamados ni el mensaje de WhatsApp.

El procurador general de la provincia, Jorge García, es oriundo de esta localidad y se entiende que podría tener incidencia sobre estos funcionarios, además de la propia autoridad en un órgano verticalista como el Ministerio Público Fiscal. Conoce quién es quién en los poderes judicial y político de La Histórica.

Por otro lado, en la Fiscalía de Estado se sustancia el trámite administrativo por las denuncias de coimas contra Scelzi y Cabrera Domínguez. Se pidió información, documentos y fueron citados algunos funcionarios del área portuaria como testigos. Pero se sabe que, generalmente, este tipo de sumarios quedan siempre supeditados a lo que determine la Justicia sobre los delitos que se investigan.

En el medio sucedieron hechos graves que desprestigian la palabra del denunciante: lo detuvieron y procesaron por el secuestro y desaparición de Gastón Tallone, en complicidad con una banda narco de Rosario a la que le habría ofrecido el puerto de Concepción para operaciones de narcotráfico. Nada menos. Pero esta circunstancia también describe con qué tipo de personajes trataban las autoridades y qué intereses tenían. No fueron a exigirle coimas a un intachable del rubro, sino a quienes sabían que podía pagarlas. Entonces, la denuncia de Uriburu podría recuperar credibilidad. De todos modos, la tarea de la Justicia es investigar más allá de la cara del testigo.

La trama narco

Según la investigación que se instruyó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, y llevada adelante por la fiscal Josefina Minatta, a mediados de 2023 se habrían concretado operaciones de narcotráfico en el depósito fiscal de TPCU. Uriburu era dueño de la empresa y Tallone actuó como un operador, ya que anteriormente tuvo vínculo laboral con esa firma. Ambos son oriundos de Buenos Aires.

Si bien TPCU comenzó a operar el depósito en 2018, Tallone había llegado a Concepción en 2013 y su presencia nunca pasaba desapercibida, sobre todo en el ambiente de la noche. Andaba con guardaespaldas y cada tanto se jactaba entre los conocidos de ser ese tal “Gustavo” que la Justicia buscó y no encontró en torno al triple crimen de General Rodríguez por el tráfico de efedrina, ocurrido en 2008.

“Me salvó la confusión de Gustavo por Gastón”, dicen que repetía Tallone. En 2023 comenzó a recibir amenazas tanto él como su familia: les reclamaban por 80 kilos de cocaína y 800.000 dólares que se habría robado. Les tiroteaban las viviendas en Buenos Aires y hasta le dejaron una nota con la frase “con la mafia no se jode”, un sello de las bandas narcos rosarinas. Los teléfonos desde los cuales recibían amenazas y luego pedían dinero por el secuestro tienen características de Rosario.

El secuestro de Tallone, de 51 años, sucedió el 8 de julio de 2024, en la provincia de Buenos Aires, supuestamente pergeñado por Uriburu, en el marco de aquellas disputas y acusaciones cruzadas por la deuda con los narcos. Todo esto sucedía mientras en la Justicia Federal estaban investigando a estos personajes por narcotráfico y lavado de activos, por lo cual quedaron grabadas conversaciones de escuchas telefónicas y se reunieron otras pruebas que incriminaron a Uriburu. Este abogado fue procesado con prisión preventiva.

La causa por el secuestro pasó finalmente a la Justicia Federal de Buenos Aires, por competencia territorial ya que allí se produjo el secuestro. Otro de los imputados en la causa es Gustavo Juliá, uno de los hermanos que fue condenado a 13 años de prisión por intentar introducir en España casi una tonelada de cocaína de alta pureza, en 2011, en el caso conocido como "Narcojet".

El objetivo de Uriburu era convertir el puerto de Concepción del Uruguay en un punto de salida de droga hacia el exterior, a gran escala. Por eso estaba desesperado para lograr la continuidad de la concesión que otorga el Ente Autárquico. Entre las deudas, la quiebra y el fin de la concesión, su historia portuaria terminó, pero no así las intenciones de narcotraficantes de seguir operando allí.

Ahora reaparece un personaje clave de esta trama, quizás el más pesado de todos. Se trata de Augusto Carlos Amirante, un hombre que fue condenado en 2009 a cinco años y medio de prisión por el caso “jabón blanco”, un intento contrabando de 140 kilos de cocaína desde la terminal portuaria de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, hacia Holanda. Amirante, hoy de 65 años, fue Administrador General de la empresa TPCU cuando en 2018 arribó a Concepción.

Hace unos meses, se presentó en el Ente Autárquico del puerto el abogado penalista Pablo Martincic, en representación de Amirante, con la intención de llevar adelante los trámites necesarios para que este hombre vuelva a hacerse cargo del depósito fiscal, a través de otra empresa llamada Los Chinos Logistic Fe. Las autoridades actuales le dieron las razones por las cuales no quieren saber nada con Amirante.

Martincic gestionó una reunión con Rogelio Frigerio, que no habría prosperado. Pero el abogado volvió unas semanas antes de la publicación de esta nota, esta vez junto a un nuevo empresario, un joven de unos 32 años supuestamente dueño de una empresa de operaciones portuarias.

El nombre de Amirante vuelve a aparecer una y otra vez. Y queda el interrogante de su Uriburu, Tallone y otros personajes que fueron apareciendo alrededor del puerto en los últimos años eran dueños de algo o simples intermediarios u operadores del verdadero jefe.

Hoy el depósito fiscal continúa cerrado hace más de un año sin que nadie pueda operar. Los galpones están con la faja de clausura por la quiebra de TPCU dictada por el juez Máximo Mir.

Se espera todavía la subasta de los elementos que quedaron allí, que van desde mobiliarios de oficina y aires acondicionados, hasta contenedores, para pagar las indemnizaciones laborales. Además, la Justicia Federal tiene interdictados varios contenedores que, supuestamente, tienen autos en su interior. En los otros sectores del puerto, la actividad es normal, con la salida de buques y barcazas con palos y se están realizando acuerdos con empresas para acopiar soja, maíz, arroz y otras producciones de la región.

Los Scelzi y el puerto

Carlos María Scelzi fue un importante dirigente peronista de Concepción del Uruguay, ciudad de la que fue intendente en 1987.

Al año siguiente, fue uno de los primeros intendentes del país en respaldar la candidatura presidencial de Carlos Menem, en contraposición a Jorge Busti que apoyaba en la interna a Antonio Cafiero. Se trataba de un caudillo con poder territorial propio en el Departamento Uruguay. Su hijo, Carlos José Scelzi, fue diputado provincial. Y su nieto homónimo es quien está vinculado al puerto local hace muchos años. Se trata de un apellido que continúa ejerciendo el poder político en diferentes ámbitos y un gran clan familiar con fortunas en bienes inmuebles y empresas.

Tanto Carlos María Scelzi como su hijo Carlos José (ex diputado nacional) le encargaron al entonces gobernador Busti que ubicara en la estructura de Economía a Jorge “Lalo” Macri, el gran recaudador mediante negocios espurios con fondos públicos en la década del 90 en Entre Ríos. Y de su mano, Scelzi recuperó poder económico haciendo negocios en la provincia y muchos señalan esa época como el origen de las fortunas que hoy ostentan en distintos desarrollos empresariales, como un corralón inmenso con un movimiento infernal e inversiones inmobiliarias.

Siempre con bajo perfil, el hacedor fue Carlitos Scelzi, pero los negocios se manejaron a través de uno de sus hijos, Juan Manuel Scelzi, que entre 2008 y 2013 comenzó a comandar cuatro empresas: Manzanares S.A.; Ropelato SRL; Noble Materia S.A. y La Barraca Puerto S.A. La de mayor crecimiento fue la empresa de materiales Ropelato, que hoy denota un movimiento muy grande, todo lícito, pero lo que todos se preguntan es sobre la explosión inicial que tuvo esa firma cuando era un pequeño corralón.

Ese poder les permitió influir en la Justicia y ubicar a personas de su confianza en cargos claves, lo cual se reveló a fines de los ‘90 en torno a la causa por enriquecimiento ilícito contra Macri.

Carlos María Scelzi (nieto), ingresó en 1996 al Instituto Portuario provincial (IPPER) al ser nombrado como asesor legal, pese a tener solo 24 años. Más tarde fue concejal del PJ e incluso presidente del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, en el período 2007/2011.

En 2011, durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri, fue designado presidente del IPPER. Su esposa es Fernanda Erramuspe, quien tuvo un paso como empleada del Juzgado Federal de Paraná, y actualmente es una de los tres integrantes de la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, junto al ex senador provincial Mariano López y Federico Lacava, a los que todos accedieron por concurso.

En diciembre de 2015 asumió Gustavo Bordet como gobernador. Designó como ministro de Producción a Carlos Schepens, un histórico empleado de los grandes empresarios de la provincia.

En 2009, el scelzismo, en acuerdo con la Sociedad Rural, había ubicado a Scheppens como senador por el Departamento Uruguay, y en 2011 fue como candidato a intendente, cargo que asumió tras ganar la elección, cuando fue la reelección de Urribarri.

Al ser nombrado como ministro en 2015, Schepens designó en el Instituto Portuario provincial a Leonardo Cabrera Domínguez, un hombre de nacionalidad uruguaya (el ahora denunciado, con audio incluido, por pedido de coima a Uriburu). A su vez, nombraron a Carlos María Scelzi como administrador del Ente Autárquico del Puerto de Concepción, cargo que el nieto del histórico dirigente peronista mantiene hasta la actualidad.

Luego de la derrota en las elecciones legislativas de 2017, Bordet pasó la escoba al Gabinete y uno de los que salió fue Schepens. Pero no del todo, porque lo designó como presidente el IPPER, y el que estaba en este cargo, Cabrera Domínguez, quedó como funcionario en el Instituto y pasó por el Ente portuario de Ibicuy.

Tiempo después, Schepens se jubiló, mientras que Cabrera pegó el gran salto hacia la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación en 2020, a poco de iniciado el gobierno de Alberto Fernández.

Pero lo eyectaron en 2022 porque la actividad del organismo del cual depende la generación constante de dólares para el país estaba paralizada. No resolvía nada. ¿A dónde volvió Cabrera Domínguez? A la presidencia del IPPER, cargo que ocupó hasta el final del segundo mandato de Bordet. No obstante, luego no se fue a la actividad privada, sino que fue nombrado empleado de planta del Instituto Portuario.

En tanto, Scelzi continuó en el Ente Autárquico del puerto uruguayense, cuyo presidente pasó a ser Marcelo Gay Balmaz, otro hombre también de nacionalidad uruguaya. Es decir que el scelzismo tuvo influencia en el ámbito portuario de la provincia desde 2011, y especialmente desde 2015 en el Puerto Concepción del Uruguay.

Todo un período en el cual pasaron cosas extrañas, con el arribo de Augusto Amirante, TPCU, Tallone y Uriburu, y toda la trama oscura que terminó en la denuncia por cobro coimas, un secuestro mafioso y las jugadas de organizaciones narcocriminales para operar en el puerto.

(*) Artículo publicado en la edición gráfica de Análisis.

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