El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado denunciante de la causa hizo una nueva presentación en la que pide que ahora se investigue al ministro de Economía, al fiscal de Estado y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos como “partícipes necesarios” en el desfalco por más de 5,5 millones de pesos que una empresa le ocasionó al Estado.
(*) Por Federico Malvasio
La causa penal en la que se investiga la desaparición de más de 5,5 millones de pesos que recibió una empresa para la construcción de cosechadoras que nunca se hicieron sumó un nuevo ingrediente. Inquietante por cierto.
El denunciante, Guillermo Mulet, presentó este martes una ampliación de denuncia en la que involucra al ministro de Economía, Diego Valiero; al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. El caso ya tenía bajo la lupa al ministro de la Producción, Roberto Schunk, quien había otorgado esa suma de dinero al Grupo Senor, a través de la empresa BSV, antecesora de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA.
La historia se remonta al año 2009, cuando el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 hubo un segundo desembolso por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).
Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.
Tras la denuncia de Mulet, el fiscal Ignacio Arambarry solicitó una serie de medidas tendientes a establecer su verosimilitud y, a partir de ahí, avanzar en una investigación por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de los titulares de la empresa de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA.
A más de dos años de la denuncia, la Procuración General a cargo de Jorge Amílcar Luciano García avanzó con los titulares de la firma, que dicho sea de paso quebró.
Partícipes necesarios
Mulet –en su ampliación de denuncia, a la que tuvo acceso Página Judicial– sostiene que Valiero y Rodríguez Signes “habrían actuado consistiendo, apoyando y actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay SA, Ricardo Vicente y Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bol, no habrían podido concretar su maniobra delictiva”, la que consistió en solicitar al Poder Ejecutivo la asistencia financiera para la instalación de la empresa. Para el abogado del foro local, la conducta imputada a los funcionarios “resultaría ser la de partícipe necesario, cuyo aporte fue esencial a los fines del hecho delictivo”.
El argumento más sólido en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012.
En los decretos surge claramente la responsabilidad del Ministerio de la Producción (antes Secretaría de la Producción) como órgano de contralor de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también de la “correcta utilización del crédito”.
Pero la situación de los funcionarios es más comprometida considerando que ya en 2010 se había establecido, como condición para el desembolso del dinero, fijar un cronograma de entregas bimestrales conforme avanzara la puesta en marcha del proyecto productivo, para lo cual la cartera a cargo de Schunk debía realizar informes técnicos previos “sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.
El artículo 2 inciso d) de los decretos 4.432/09 y 96/11 dice lo siguiente: “En caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos”. Ello no ocurrió, por lo tanto el Gobierno debería haberse presentado como damnificado ante el juez o ejecutar el seguro de caución que la firma presentó como garantía ante el Instituto del Seguro.
Estas dos motivaciones impulsaron a Mulet a denunciar al fiscal de Estado, como responsable de defender el patrimonio público y a los miembros del Instituto del Seguro, entre ellos el responsable de la Gerencia de Asesoría Letrada del organismo, Julio Lisandro Rodríguez Signes, hermano del fiscal de Estado. Para el denunciante, la conducta de Rodríguez Signes “encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto que verificado el incumplimiento por parte de Grandes Maquinas Concepción del Uruguay SA con respecto a las obligaciones asumidas en los distintos tramos del crédito otorgado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos, el mismo no habría procedido a hacer efectivas las garantías otorgadas por la empresa (seguro de caución) sin que esta parte conozca si los créditos generados en el incumplimiento asumido por la empresa fueron verificados en el concurso preventivo, hoy quiebra, seguido en contra de la empresa”.
El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo y la investigación está a cargo del fiscal Gervasio Labriola.
(*) Nota publicada Página Judicial
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