El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Por la investigación de la desaparición de 5,5 millones de pesos por la supuesta fábrica de cosechadoras en un galpón del Puerto de Concepción del Uruguay que jamás funcionó,- e incluyó una presentación oficial con la entonces Presidenta Cristina Fernández y una misión comercial a Angola-, imputaron al ex ministro de la Producción Roberto Schunk y al ex ministro de Economía, Diego Valiero.
La situación había sido alertada en los primeros días de noviembre por el procurador general del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, cuando manifestó que: "Los responsables `irán a juicio”.
La polémica causa que investiga la desaparición de 5,5 millones de pesos en el marco de un negociado de cosechadoras que nunca se fabricaron, el fiscal Gervasio Labriola decidió imputar al ex ministro de la Producción Roberto Schunk y al ex ministro de Economía, Diego Valiero. Ambos funcionarios deberán presentarse en sede judicial este lunes donde se le solicitará que constituyan sus defensas. Cabe recordar que Valiero ocupa en la actualidad la representación del Estado en el Nuevo Banco de Entre Ríos, mientras que Schunk no ha ocupado cargo alguno hasta el momento.
La causa por la que se está investigando la desaparición de más de 5,5 millones de pesos que recibió una empresa para la fabricación de cosechadoras que nunca se hicieron dio un paso importante este viernes. El fiscal Gervasio Labriola imputó a los ahora ex ministros de la Producción, Roberto Schunk; y de Economía, Diego Valiero. En el caso de éste último, el nuevo gobierno lo designó como representante del Estado en el Banco Bersa, según la noticia publicada por Página Judicial.
La otra novedad de las últimas horas es que a la misma hora en que se estaban firmando las imputaciones se allanaron las oficinas del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo estatal que hizo los desembolsos crediticios a la firma constructora que finalmente quebró.
El miércoles declaró por segunda vez la coordinadora ejecutiva del Finver, Mabel Solanas, quien en su primera testimonial dijo que había sido su superior, es decir Schunk, quien daba la orden de otorgar los montos a la empresa.
En 2009 el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 hubo un segundo desembolso por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón, a través del Finver.
Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.
LA TRAMA
El argumento más sólido en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012.
En los decretos, a los que accedió Página Judicial, surge que es el Ministerio de la Producción el que debía ejercer el control de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también de la “correcta utilización del crédito”. En resumen: se hacían los desembolsos sin verificar que se estén construyendo las cosechadoras. En este marco es que las declaraciones de Solanas complican al ministro.
El informe del síndico que intervino en la quiebra de la empresa es crítico del rol de los funcionarios públicos. El contador Horacio Larrivey cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, ya que el Finver entregó fondos luego de que la empresa cayera en cesación de pagos el 1º de diciembre de 2011.
La causa se inició con una denuncia del abogado de Paraná, Guillermo Mulet, quien hace unas semanas amplió la denuncia solicitando que se avance sobre las conductas que habrían tenido en la que involucra a Valiero; al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.
El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo.
En la causa también declararon como imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Boll. Están acusados por el delito de irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. No se ha resuelto su situación procesal, pero tienen prohibido salir del país, se les fijó una caución real de 50.000 pesos a cada uno y la obligación de presentarse una vez por mes en los tribunales paranaenses.
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