El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La caída de contratos al 31 de diciembre genera incertidumbre en distintas localidades de la provincia, sobre todo donde hubo cambio de signo político. ATE quiere ser parte de la revisión caso por caso. Victoria, La Paz, Gualeguay, Paraná son algunas de las localidades en las que se atraviesa ese proceso.
En los municipios en los que se dio la continuidad de signo político, las situaciones con los contratos caídos no han salido del corset interno de los partidos. En cambio, en las ciudades en las que hubo cambio de mando, las situaciones son distintas y se están resolviendo por estos días con suerte dispar.
En este marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó la preocupación en los últimos días de diciembre en audiencia con el gobernador Gustavo Bordet y pretende que las delegaciones del interior estén atentas a las situaciones planteadas.
CASOS
En las últimas horas, la gestión de Sergio Varisco dio cuenta de un acuerdo alcanzado con la entidad sindical para revisar en conjunto caso por caso, intentando evitar injusticias para con los trabajadores que cumplen con sus funciones y que han quedado a merced de la precariedad laboral que suponen los contratos de obra.
De este modo, también se pretende llegar a acuerdos con otros municipios como el de Gualeguay, La Paz, Victoria (donde hubo reclamos de ATE que derivaron en solución parcial), entre otras localidades. “En todos lados hay contratos caídos”, remarcó Esteban Olarán, secretario de Prensa de ATE en diálogo con Página Política.
En Gualeguay, un delegado del gremio en Senasa, Antonio Borro, informó que serían alrededor de 25 los trabajadores afectados, la mayoría de los cuales cumplía funciones en el área de Desarrollo Social junto a Paola Rubatino, la ex candidata a intendente del Frente Para la Victoria derrotada ante Cambiemos por el intendente, Federico Bogdan. Los casos tuvieron repercusión luego de que dos mujeres se encadenaran el día 31 en reclamo por sus puestos de trabajo y denunciaran persecución política.
En La Paz, en tanto, habría un centenar de contratos caídos. La repercusión fundamental del tema se dio por declaraciones del intendente, Bruno Sarubi, anunciando la revisión de cada uno de los puestos de trabajo, tras advertir acerca de un crecimiento desmedido de la planta de personal (recuadro). Según supo Página Política, hay una gran mayoría que se corresponden a un programa que tenía más que ver con una ayuda social, a cambio de una contraprestación de servicios de no más de dos horas diarias.
“Hay lugares donde se está pudiendo trabajar más en conjunto, otros lugares donde no hemos logrado la apertura al diálogo y se tratará más de organizar la pelea”, dijo Olarán que, en primer lugar, afirmó: “Está bien que se revisen todos los contratos. Como se lo planteamos al gobierno de Mauricio Macri, queremos prórroga y tiempo para hacer los controles en conjunto”.
“Estaba la decisión política de Bordet y él iba a transmitir esta línea a todos los intendentes, de trabajar de ese modo. Hoy estamos en todos lados con una gran incertidumbre; todos atentos a ver qué hace la provincia y que se hace en Paraná”, advirtió el dirigente en la nota de Página Política.
De fondo
Como sucede cada cuatro años, ATE volvió a plantear la necesidad de concursos, capacitación, reglas de juego en suma. Régimen Jurídico Básico y paritarias municipales en toda la provincia. La falta de reglas lesiona la Constitución Provincial reformada en 2008 que en su artículo 36 establece que "todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos provinciales, municipales y comunales o de otros organismos en los que tenga participación el Estado, sin más requisito que la idoneidad. Sólo serán designados y ascendidos previo concurso que la asegure, en igualdad de oportunidades y sin discriminación".
Contra la pretensión de generalizar, con el argumento oficial de que donde hay un cesante hay un ñoqui, el sindicato remarca que “es el Estado el que ha tumbado el Régimen Jurídico Básico, no los trabajadores”. “Queremos reglas claras, concurso, capacitación, escala salarial. Esa es la manera de avanzar contra la idea de que el trabajador es un vago”, subrayó el dirigente que, en este marco, enfatizó: “Cualquier gobierno que quiera ir contra eso, tendrá que reglamentar el régimen de concursos y el escalafón. Si no es una mentira, es justificarse y seguir con los nombramientos a dedo que dejan al trabajador, siempre, a merced de la interna política”, concluyó
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