Aunque aún no se elevó a juicio, se incorporaron nuevos elementos a la causa que se inició con una denuncia de la docente Mariela Leiva por la fumigación de la Escuela Rural 44 de Santa Anita en diciembre de 2014. Ahora se agregó al expediente otra denuncia por un episodio similar ocurrido al año siguiente en el mismo establecimiento.
Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima), remitió un informe a la fiscal Melisa Ríos, que lleva adelante la investigación, para ser considerado en la causa, informó el integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, Jorge Bevacqua.La causa tiene su origen en la denuncia realizada por Leiva a raíz de los sucesos ocurridos el 4 de diciembre de 2014 en la zona de la escuela rural 44 República Argentina, de Santa Anita. A poco de que una avioneta comenzara a fumigar en un campo aledaño, sus alumnos sufrieron vómitos, náuseas, dolor de estómago y otros síntomas que ella también sintió.
Desde fines del año pasado, el expediente empezó a moverse y hubo expectativa en que ni bien terminada la feria judicial la causa se elevara a juicio. Eso no ocurrió. “Todavía está en etapa de investigación”, admitió Bevacqua a Aim pero destacó igualmente que “el caso está marchando, no es que está archivado”.
Algunos integrantes de la campaña Paren de fumigar las escuelas, junto con la denunciante que también es integrante de la ONG, se reunieron este jueves con la fiscal, que los puso al tanto de las actuaciones realizadas.
En ese sentido, Ríos informó que otra denuncia que se hizo por una nueva fumigación que se hizo en 2015 “enfrente de la escuela con una máquina de arrastre, se incorporó a la causa y se unificó con la anterior porque es la misma zona y la misma escuela”.
Además, la Ufima, remitió sus investigaciones -integrantes de la unidad fiscal estuvieron en Santa Anita, tomaron declaraciones y realizaron inspecciones- a la fiscalía que integra Ríos para ser consideradas en la causa.
Cabe señalar que la Ufima es un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación que fue creado para “generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente (…) así como los delitos conexos con la materia”.
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