El Diario de Paraná: ¿No será mejor sin patrón?  

El fenómeno de los medios oficialistas en los que se volcaron enormes recursos públicos durante la década anterior y a partir de diciembre despidieron personal, vaciaron o malvendieron sus activos, merecería estudios serios y alguna intervención de parte de los poderes del Estado. Empresarios inescrupulosos como Spolzky y Garfunkel, que recibieron miles de millones en publicidad oficial, son el paradigma de ese insólito e inédito proceso. No son los únicos.

Por AMÉRICO SCHVARTZMAN (*)

El Diario de Paraná fue fundado más de un siglo atrás para defender la visión del radicalismo entrerriano. Aníbal S. Vázquez cuenta en Periódicos y periodistas de Entre Ríos que, apenas 45 días después de la salida del periódico, su primer director Luis L. Etchevehere renunció para asumir la vicegobernación de la provincia.

Ese diario, con 102 años de historia –entrelazada con las luchas políticas y los conflictos sociales– estuvo esta semana tres días consecutivos sin salir a la calle a raíz de un paro de sus trabajadores gráficos y de sus trabajadores de prensa, nucleados en el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC).

No es la primera vez. La crisis ya se había evidenciado en mayo, cuando los trabajadores denunciaron un lock out patronal y acusaron a los dueños de “abandonar la empresa”.

El Diario había cambiado de manos en los últimos años.  Los socios propietarios actuales son Ramiro Nieto –como cabeza visible de NEA Capital Creativo SA–, en un 60% y los miembros de la familia Etchevehere, con el 40% restante.

La editora está atrasada en el pago de salarios, tiene deudas de aportes patronales y con las obras sociales; y hasta el momento de cerrar esta nota, no había diálogo con el personal, alimentando así la incertidumbre sobre la continuidad de la fuente laboral. También hay procesos judiciales que la involucran: el más destacado es una acción de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra la familia Etchevehere a la que acusa de “defraudación” y de autotransferirse siete inmuebles con el objetivo de vaciar El Diario. Originada en el marco de la pelea del kirchnerismo con la Sociedad Rural –cuyo presidente es Luis Miguel Etchevehere– la causa no avanzó demasiado, y por supuesto la Procelac no se metió con los socios kirchneristas de la familia.

Esos socios, encabezados por el empresario rosarino Ramiro Nieto, tuvieron excelentes negocios con el kirchnerismo –nacional y provincial–: era uno de los encargados de las transmisiones de Fútbol para Todos y de actos oficiales que la Presidencia de la Nación realizaba en el interior del país. En Entre Ríos manejaba las emisiones satelitales de actos oficiales o del Iafas, que le pagaba unos 10 mil dólares mensuales en concepto de publicidad. En los últimos años Nieto compró El Diario de Paraná, El Heraldo de Concordia y La Calle de Concepción del Uruguay. Es un secreto a voces –incluso en las redacciones de los tres diarios– que el verdadero dueño no era Nieto sino el mismísimo ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, con un control total de los contenidos, al punto que su ministro de Comunicación, Pedro Báez, o alguno de sus adláteres, supervisaba (y modificaba por teléfono) las portadas. Los trabajadores de El Diario hablan de ese período como “los años oscuros en los que el medio estuvo virtualmente intervenido por el gobierno provincial”.

En el caso de La Calle –el tradicional diario uruguayense que fuera de la familia Saenz Valiente– este cronista dio a conocer hace años que el pago de la operación se realizó mediante cheques antedatados a cubrirse con publicidad oficial de la Provincia. Una típica maniobra de la burguesía peronista entrerriana: fue el pueblo quien pagó la adquisición oficialista de ese diario. Quizás no sea temerario suponer que las otras dos compras se financiaron del mismo modo.

Por otro lado, en los últimos años, el Estado entrerriano malgastó dinero en una larga lista de fracasos empresariales, negociados indefendibles (algunos son objeto de procesos judiciales). Recordemos los casi 6 millones tirados a la basura en el escándalo de las cosechadoras truchas, los 28 millones invertidos en el Frigorífico San José, los 8 millones en Cotapa, los 31 millones con la firma Nelly Entertainment S.A. (del hijo de De Vido), el millón de pesos de deuda que el Estado le condonó a la empresa Pietroboni (en 2005, actualizado sería cinco veces más). Todo esto solo en los últimos doce años.

Pero la Constitución dice en su artículo 76 –frecuentemente presentado como uno de los avances de la Convención de 2008– que el Estado debe “‘estimular la tendencia cooperativista”, y “la conformación de empresas de la economía social, basadas en los principios del bien común y en la gestión solidaria”. También le ordena “proteger las organizaciones de ese carácter” pero “garantizando su naturaleza y finalidad”, por ejemplo “controlando que las cooperativas de trabajo sean fuente de empleo decente”. Además obliga al Estado a “alentar la propiedad y gestión cooperativa de empresas por sus trabajadores”, a “brindar tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza”, y permite “concederles exenciones fiscales a las que colaboren con el desarrollo de la provincia”. Con un detalle más, único en el constitucionalismo argentino hasta ahora: en su artículo 70, establece que el Estado “promoverá la propiedad y gestión de medios de comunicación social por parte de organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias sin fines de lucro”.

Es por eso que creo que el conflicto de El Diario de Paraná es una ocasión inmejorable para encarar desde otro lugar casos críticos como éste. Es decir, para que las empresas vaciadas por sus capitalistas sean expropiadas y convertidas en cooperativas en manos de su personal, con el respaldo (financiero y logístico) del Estado.

Los artículos mencionados dan un marco constitucional propicio.

La expropiación debe cumplir todos los requisitos constitucionales así como los aspectos razonables: una ley que declare utilidad pública, un concienzudo proceso de auditoría para determinar el costo y las deudas, sin perjuicio de las responsabilidades legales y eventual pérdida de derechos de sus actuales propietarios en caso de comprobarse acciones de defraudación o vaciamiento.

¿No sería positivo que, por una vez, los recursos de los entrerrianos fueran usados para cumplir con la Constitución, garantizando fines que ella contempla, asegurando a los 120 trabajadores y trabajadoras de El Diario no solo la fuente de trabajo sino, sobre todo, la posibilidad de ser dueños de su propio destino?

¿O sería un mal ejemplo?

(*) Licenciado en Filosofía. Periodista de El Miércoles Digital. Docente. Autor de Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa (Prometeo 2013). Miembro de la Junta Abya-Yala de los Pueblos Libres. Convencional constituyente provincial (2008) por el Partido Socialista.

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