El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado Julio Majul dirigió una Carta Abierta a los diputados provinciales Sergio Kneeteman y José Artusi, pidiendo que se inicien los trámites para enjuiciar políticamente a todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Aquí, sus razones.
CARTA ABIERTA A DIPUTADOS POR EL SUPERIOR TRIBUNAL
Diputados Provinciales Kneeteman y Artusi
Estimados Sergio y Pepo:
Me dirijo a ustedes porque los estimo valientes y decentes. Y creo que no desdeñarán esta petición que les haré, de iniciar las actuaciones para llegar al juicio político al Superior Tribunal de Justicia. Conociendo lo difícil de llegar a buen puerto, por la integración de esa Cámara y la carencia de antecedentes positivos.
Sin embargo, confío que harán lo posible por estudiar la cuestión, que estimo de una gravedad institucional que amerita su tratamiento urgente y profundo.
LAS ACUSACIONES INDIVIDUALES SON DISCUTIBLES
Primeramente recordemos que hay quienes quieren enjuiciar al Superior Tribunal provincial por sus muchas sentencias que colisionan con las tendencias de la Corte Suprema nacional.
Otros prefieren hablar de inconductas personales de miembros del Superior; así, se habla por ejemplo de quien no cumple sus deberes paternos; o quien ampara ilegítimamente a amistades; o quien no cuida que su familia tenga prudencia en los negocios; o quien utilice su cargo para impedir que se ejecuten sentencias valientes de jueces; o quien privilegie viajar al exterior en vez de asistir a los Acuerdos; o quien tiene actitudes irascibles y prepotentes con personal del cuerpo.
Otros critican duramente la actitud soberbia, en general, de los miembros del Superior.
Quien escribe, más allá de suscribir algunas de las acusaciones antes reseñadas (que son sólo algunas de las escuchadas de labios de gente respetable) piensa que se trata de cuestiones discutibles. Y parciales. ¿Qué ganaría la institucionalidad entrerriana con tratar de separar a algún miembro del Superior Tribunal, por causas discutibles? Creo que nada. El mal es muy profundo.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Por lo que uno ha tenido ocasión de escuchar y pensar, este Superior Tribunal está falto de credibilidad.
Los actores del mundo jurídico no tienen confianza en la independencia y la seriedad jurídica de los miembros de este Superior.
PECADO DE ORIGEN
Recordemos que este Superior Tribunal tiene nueve integrantes elegidos estrictamente por razones político-partidistas; más aún, por decisiones individuales de los ocasionales gobernadores.
Ni uno solo de los nueve miembros tiene intachables antecedentes jurídicos; nadie los cree juristas intachables.
Llegaron por la sola voluntad de los gobernadores de turno: algo que habla muy mal de la institucionalidad entrerriana, claro; pero que no deja de ser una verdad perogrullesca.
Este pecado de origen pudo ser subsanado, sin duda, con una labor judicial impecable. Pero no ha ocurrido.
La ejemplaridad que debe exigirse a los miembros de la entidad cabeza del Poder Judicial de la provincia está lejos de verificarse en este caso.
No es posible que los ciudadanos de esta provincia debamos seguir en manos de nueve jueces a los que hemos retirado la confianza que deben merecer.
RAZONES DE UNA EXPLOSIÓN
Sin duda que el hecho que colmó la paciencia y tolerancia del mundo jurídico entrerriano fue el comprobar que los miembros del Superior Tribunal percibe remuneraciones fuera de control, además de las exorbitantes cifras que ya perciben como sueldos. Esos sueldos podrían justificarse; los ingresos extraordinarios fuera de todo control, que es obvio que van a los bolsillos de los mismos miembros del Superior Tribunal que debieran ser ejemplo de austeridad; esos emolumentos pueden ser todo lo legales que se quiera, pero son injustificables moralmente.
Existen razones de peso, entonces, y de muchos pesos, para solicitar que el Poder Legislativo alguna vez ejerza su función de controlar al Judicial. Función constitucional, que forma parte del equilibrio de los poderes, que debiera ser norma básica de la democracia republicana pero que en nuestra provincia, como en otras, se ha visto desnaturalizada.
En Entre Ríos, en efecto, el Gobernador tiene funciones de Rey absoluto, ni siquiera con algún límite. Elige a los miembros del Superior Tribunal, y frecuentemente a los legisladores que vendrán, con la complacencia del Poder Legislativo y la complicidad del Poder Judicial.
Creo que ha llegado el momento de hacer que las instituciones funcionen como se debe, en esta pobre y desdichada provincia.
No puedo presentar el pedido por mi parte, porque seguramente cuando llegue al despacho del impresentable Presidente de la Cámara será otro desaparecido.
Quedo a su disposición para lo que pueda ser útil, y pido disculpas por hacer públicas estas expresiones.
Sé que muchísimos entrerrianos las comparten y quizá no se atrevan a darlas a conocer.
Ojalá sean ustedes la voz de todos los que no pueden hacer conocer su pensamiento.
Con mi invariable afecto de simple ciudadano
JULIO JESÚS MAJUL – DNI 5.097.331
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