El presidente de la Junta de Gobierno de la Comuna Tala, ubicada a pocos kilómetros al sur de Concepción del Uruguay, cuestiona la desatención que reciben las comunas y pide que se reglamente un régimen para los gobiernos comunales, tal como lo establece la Constitución desde 2008.
A.S de la redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Osvaldo Lepratti preside la Junta de Gobierno de la Comuna Tala, a pocos kilómetros de Concepción del Uruguay, la ciudad cabecera del departamento. Tala es una de las siete comunas del departamento Uruguay (las demás son San Cipriano, Rocamora, Las Moscas, San Marcial, Líbaros y Arroyo Gená). Se trata de gobiernos locales, que por su población no acceden a la categoría de municipios, y que en algunos casos tienen una mayoría de habitantes que viven en la zona rural.
Lepratti cuestiona la desatención que reciben las comunas, por omisión del poder político entrerriano, que adeuda una legislación que reglamente los gobiernos comunales. La Constitución, reformada en 2008, ordena en su artículo 253 que se establezca un régimen de comunas, pero –como ocurre con muchas otras de las novedades incluidas en la reforma de la máxima ley provincial-- esa disposición sigue sin cumplirse. Eso perjudica a los gobiernos comunales, que no pueden contar con recursos propios ni planificar ningún tipo de gestión, mientras ven con creciente preocupación cómo se agravan los problemas y las soluciones se dilatan.
En el diálogo con El Miércoles Digital, Lepratti explica la situación que los inquieta y reclama que las autoridades se ocupen del tema.
¿No se viene trabajando en un proyecto de Ley de Comunas?
Se supone que hay un proyecto del Ejecutivo, pero las juntas no lo conocemos. Nunca nos preguntaron desde el ministerio de Gobierno (a cargo de Mauro Urribarri), nunca nos reunimos para hablar sobre la ley que nos va a regir. Había un proyecto en la Legislatura, en la gestión anterior, que pasó por el Senado y fue a Diputados, pero el gobernador actual (Gustavo Bordet) dijo al iniciar su mandato que él va a elevar su propio proyecto. En la actualidad no sabemos nada sobre ese proyecto. No sabemos si está hecho o no, ni quién lo hizo, no sabemos si los que lo están haciendo saben lo que es vivir en una comuna, en una junta de gobierno. Y en ocho años hemos comprobado que en el Ministerio, en la Dirección de Juntas, no nos dan soluciones…
¿Qué les responden?
Yo voy casi todos los meses a Paraná. Nos dicen que están trabajando en el proyecto, pero nada más.
¿En qué incide en la vida de las comunas que no haya una ley?
En todo. Legalmente nosotros hoy no podemos resolver nada, somos apenas delegados del gobernador, como en el siglo XIX, como en la época de Urquiza. Aunque elegidos por los vecinos. Es lo único que cambió en estos años, porque antes directamente los nombraba el Ejecutivo. La Constitución estableció en 2008 que hay que reglamentar el régimen de las comunas, pero eso no ha ocurrido. Y ya hace ocho años que se sancionó.
¿Pero cuáles son las dificultades operativas de no tener un régimen legal?
Al no tener un régimen legal, no tenemos capacidad económica, ni de decisión, no tenemos posibilidad de tener un reglamento propio, no podemos gestionar, no podemos agruparnos con otras para organizarnos… estamos librados a la decisión del ministro de turno. Ni siquiera podemos tener empleados de las comunas legalmente, todo el que trabaje en las comunas trabaja en negro. Hoy las comunas reciben una suma fija, que equivale a una cantidad de sueldos, y no importa cuánto genera esa comuna. Y no sabemos si todo esto está previsto en la ley porque no conocemos el proyecto.
¿Qué respuesta reciben de los legisladores? El departamento tiene un senador, y además hay diputados provinciales de nuestras ciudades...
El senador no ha tomado el tema, no tenemos representación en ese sentido. En los cinco años que lleva como senador, vino dos veces, una vez a inaugurar viviendas, que encima llegó tarde y se fue sin dialogar con los vecinos. Y la segunda, este año, llegó porque vino el director de Juntas de la provincia y le acotó la visita a treinta minutos. Lo que sentimos es que ni los legisladores, ni los intendentes de los municipios del departamento, ni los funcionarios del Ejecutivo, a ninguno de ellos les interesa lo que pasa en las comunas, porque ninguno de ellos vive en una comuna. A lo sumo, por ahí, tienen una casa de fin de semana en alguna comuna…
La comuna no es como los otros centros poblacionales del departamento ¿no?
No. Porque el concepto de comuna incluye la zona rural, y nos preocupa que la normativa sea solo para los pueblos, para la parte urbana, que no se prevea eso, porque si es así entonces no tendremos recursos para afrontar lo que es necesario gestionar. En nuestro caso, en nuestra comuna, la mayoría de los pobladores están en la zona rural. Pero legalmente muchos viven en las ciudades. Entonces, en los papeles, nosotros vamos perdiendo población, y eso también nos perjudica.
¿Cómo es eso?
Las comunas pierden habitantes “legales”, por decirlo así, no reales, porque se ven perjudicadas con disposiciones de los municipios. Por ejemplo, no otorgan carnet de conductor si no se tiene domicilio en esa ciudad. Entonces la gente, en los papeles, se va yendo, porque figura como que vive en la ciudad que le da el carnet, y en realidad sigue viviendo en la comuna. Y es la comuna la que debe solucionar los problemas que tiene todos los días ese vecino, que legalmente no vive en la comuna. La comuna le arregla el camino, le permite que los gurises vayan a la escuela, le gestiona obras públicas aunque no tiene autoridad ni fondos para hacerlo… Y a la vez, legalmente estás gestionando para alguien que no vive ahí, si no en la ciudad. Y al tener menos habitantes, te perjudica porque en los aspectos legales te vas despoblando.
Es un círculo vicioso.
Claro. Por eso es que empezamos a reclamar públicamente, y decidimos salir a los medios, para que las autoridades se ocupen del tema, que se dejen de “preocupar” y se ocupen; y para que tengamos una Ley de Comunas que contemple la realidad de nuestra población. Un régimen que salga de las comunas y no de los municipios.
¿No hay otras variantes, mientras tanto?
La Constitución abre otra alternativa, que es la del acuerdo intercomunal, es decir que las comunas del departamento, en nuestro caso son siete, tengan una organización propia, puedan unirse para manejar recursos, hacer gestiones conjuntas, tratar problemas comunes, y por ejemplo, puedan emitir el carnet de conductor y no seguir perdiendo habitantes. Sería bárbaro, una gran solución para las siete comunas del departamento... Imaginate que podríamos incluso tener algunos funcionarios que nos resultan imprescindibles, un abogado, un contador, un ingeniero, un arquitecto, que trabajen con las siete comunas. Hasta maquinaria propia para mantener los caminos... todo lo que te quieras imaginar, aprovechando al máximo los recursos.
¿Y por qué no lo hacen?
¡Porque eso tampoco está legislado! La Constitución dice que se puede hacer, tiene tres artículos para eso, 254, 255 y 256, pero se necesita una ley que establezca la forma de hacerlo... Y en ocho años no tuvieron tiempo ni ganas de tratar este tema. Así que las comunas seguimos atadas a las decisiones que toman otros. O a veces a los caprichos…
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