El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En la sesión de este martes por la noche ingresó a la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que resguarda las fuentes laborales de los trabajadores de Sidecreer. También se aprobó una iniciativa que aumenta los fondos para las Juntas de Gobierno y, por unanimidad, se dio luz verde al proyecto de ley que propone un nuevo Código Procesal de Familia.
Las gradas del recinto de la Cámara de Diputados se vieron copadas por trabajadores de la tarjeta Sidecreer, preocupados por su fuente laboral.
Las versiones que daban cuenta de una suerte de posible capitalización de la tarjeta, este lunes cobraron forma al publicarse un llamado a licitación pública por parte de Sistema de Crédito de Entre Ríos S.A que tiene por objeto “seleccionar una entidad para conformar junto a Sidecreer un Consorcio de Cooperación en los términos de la Sección 5ª – Capítulo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación , en pos de desarrollar e incrementar operaciones relacionadas a la actividad económica de la licitante, y con ello mejorar y acrecentar sus resultados”.
En este marco, en la sesión ingresó un proyecto, de autoría del diputado Daniel Ruberto, que apunta a “preservar las fuentes laborales de los trabajadores de Sidecreer”, dijo el legislador, quien indicó que la iniciativa surgió de reuniones mantenidas con empleados de la tarjeta.
Por su parte, el diputado Alejandro Bahler (UP-Frente Renovador) recordó en la sesión que presentó un pedido de informe el 23 de noviembre sobre los pliegos de licitación para capitalizar Sidecreer. “Se me contestó el 29 diciéndome que los pliegos no estaban hechos y por lo tanto no podían ser facilitados, y unos días después sale el llamado a licitación”.
Señaló que se reunió con los trabajadores, que “se encuentran muy preocupados” por el riesgo que corre sus fuentes laborales, y consideró que inentendible que la tarjeta esté desfinanciada y que “la hayan fundido”.
En este marco, solicitó “traer al recinto a los responsables de la tarjeta y a las empresas que administran esta empresa”.
Luego tomó la palabra el diputado Alberto Rotman (Cambiemos), quien sostuvo que “los empleados de Sidecreer no pueden ser moneda de cambio de la mala gestión de algunos funcionarios”.
“Tenemos el récord de haber fundido Sidecreer, que tiene más de 70 millones de pesos de déficit”, sostuvo, y coincidió con Bahler: “Queremos que los responsables de esta situación vengan a rendir cuentas”. También instó a que la tarjeta “siga en manos del Estado”.
El presidente del bloque del FpV, Juan José Bahillo, dijo que el tema de Sidecreer no estaba incluido en el debate de la sesión y que la iniciativa sobre la tarjeta pasó a comisión, donde “será debatida como corresponde” y, de este modo, puso freno al debate que se estaba abriendo en torno a la situación por la que está atravesando la tarjeta.
Más fondos a Juntas de Gobierno
También la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que establece un aumento del 42 por ciento en los aportes mensuales destinados a las juntas de gobierno.
La iniciativa fue presentada por el jefe del bloque oficialista Juan José Bahillo y entrará en vigencia a partir del 1° de enero del 2017.
Juan José Bahillo fue el encargado de fundamentar la iniciativa, que “propone incrementar los fondos que reciben las 194 juntas de gobierno que hay en la provincia, donde reside casi el 20 por ciento de la población entrerriana”.
En este marco, brindó detalles acerca de “la modificación de la distribución de los montos a las juntas” que establece el proyecto, que finalmente fue aprobado.
“En la actualidad nos encontramos con la necesidad de aumentar la cantidad de sueldos sobre los que se calculan los Aportes Mensuales no Reintegrables que reciben las Juntas de Gobierno”, remarcó Bahillo.
El proyecto establece la modificación del artículo 14º de la Ley Nº 7.555 mediante el cual se establece: “Las Juntas de Gobierno dispondrán de una asignación anual de fondos provenientes del Tesoro Provincial, que será efectivizada mensualmente, graduada de acuerdo a la población del Centro Rural y al valor del salario básico vigente para el personal de la Administración Pública, conforme a la siguiente escala:
. Categoría I: 48 sueldos básicos mensuales, categoría 10 del actual escalafón o su equivalente.
. Categoría II: 31 sueldos básicos mensuales, categoría 10 del actual escalafón o su equivalente.
. Categoría III: 20 sueldos básicos mensuales, categoría 10 del actual escalafón o su equivalente.
. Categoría IV: 11 sueldos básicos mensuales, categoría 10 del actual escalafón o su equivalente.
Esto significa que, en la actualidad, la categoría I que equivale a 40 sueldos (72.690 pesos) se incrementaría a 48 sueldos (87.512 pesos) según establece el proyecto. Mientras que la categoría II: 20 sueldos (36.480 pesos) a 31 sueldos (56.544 pesos).
La categoría III: 15 sueldos (27.360 pesos) a 20 sueldos (36.480 pesos) y la categoría IV: siete sueldos (12.768 pesos) a 11 sueldos (20.064 pesos).
“Es un incremento importante teniendo en cuenta que las juntas de gobierno reciben el equivalente a la categoría 10 del sueldo del Escalafón General. Se sube la cantidad de sueldos por categoría", finalizó.
Procedimiento de Familia
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad la iniciativa de Rosario Romero que establece una nueva ley de proceso de familia para Entre Ríos.
El proyecto ingresó en marzo y tuvo un largo debate con la realización de foros de discusión en distintas puntos de la provincia hasta llegar a la redacción final. “Las familias se han actualizado en nuestro Código Civil y tienen que tener procesos provinciales dignos de esa legislación de avanzada”, fundamentó la diputada Rosario Romero en el recinto.
“Con este proyecto se pretende básicamente, mejorar nuestra legislación de familia, incorporando los nuevos conceptos de Código Civil y Comercial que comenzó a regir en la Nación en agosto del año pasado y que se había sancionado a mediados del 2014”, dijo la autora de la iniciativa en el recinto al pedir el voto de sus pares.
“Estos nuevos derechos, son nuevos conceptos de familia. Hoy día tenemos nuevos conceptos que son importantísimos: las uniones confidenciales, los parentescos por afinidad, el viejo concepto de madrastra o el padrastro fueron reemplazados por la mamá afín o el papá afín, el abuelo afín. Las familias se han actualizado en nuestro Código Civil y tienen que tener procesos provinciales dignos de ese nuevo Código que tenemos en el orden nacional, que es de avanzada”, argumentó Romero.
“Estoy convencida de que el proyecto avanza hacia el mejor servicio de justicia, hacia el acceso a la justicia y va a mejorar sobre todo la situación de las familias entrerrianas cuando lamentablemente tienen un conflicto y concurren a arbitrarlo en un juicio”, aseguró.
La iniciativa fue votada por los diputados y diputadas de todos los bloques.
La iniciativa se presentó en marzo, pero se venía trabajando desde el año 2015. A las semanas de tener ingreso legislativo, la Comisión de Legislación General que preside Romero, concretó un foro de discusión para el proyecto de ley que constó de dos encuentros. Tuvo la participación de representantes del ámbito académico, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, el poder legislativo, el Superior Tribunal de Justicia, jueces, vocales de Familia, representantes del Consejo Provincial de las Violencias (Coprev), Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf), mediadores y abogados en general.
De esa doble jornada, se recolectaron las recomendaciones y sugerencias en torno al proyecto inicial de Romero en base a los cuales se comenzó a trabajar nuevamente en el texto.
Luego de eso se formó un “Ateneo ampliado” integrado por los miembros del “Ateneo de Derecho Procesal de Jorge Peirano” y miembros del Superior Tribunal de Justicia, mediadores, abogados especialistas, integrantes del Instituto del Derecho de Familia del Colegio de Abogados, entre otros, quienes acercaron propuesta que también fueron evaluadas.
La iniciativa fue presentada y puesta a consideración también en unas jornadas de derecho de familia que se realizaron en Paraná y en Concordia, organizadas por el Colegio de Abogados y además se trabajó de la misma manera en Victoria, en un Congreso organizado por la Asociación de Magistrados de la provincia, donde concurrieron también representantes del Ministerio Público de la Defensa, del Copnaf y miembros del Superior Tribunal.
Finalmente y teniendo en cuenta todos estos aportes, el proyecto se redactó nuevamente y tuvo dictamen favorable en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a principios de noviembre, firmado por representantes de todos los bloques.
El texto concluido consta de 341 artículos (uno de forma) que contienen normas que regulan el trámite procesal de familia en la provincia. Según se expresó desde la comisión de Legislación General, se buscó la eficiencia y celeridad en la administración de justicia, dotando de mayor poder al Juez que deberá escuchar a las partes de manera inmediata en las audiencias donde se dirimen las cuestiones de fondo. Con este cambio en la legislación, el proceso será eminentemente oral y permitirá garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales garantidos.
Además la normativa contiene para procesos especiales como por ejemplo filiación, alimentos, regímenes de visitas, etc, se establecen reglas específicas.
Control en la venta de alcohol
Diputados también aprobó un proyecto del diputado Alejandro Bahler que tiene como fin “promover medidas para regular el expendio, venta, suministro o comercialización y consumo de bebidas alcohólicas”.
Se apunta a promover medidas de prevención de siniestros viales y accidentes en la población ocasionados por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y se orienta a lograr un registro de control para los municipios de adhieran a la norma.
• Regulación de la actividad de modelaje e imagen publicitaria
La Cámara de Diputados también aprobó un proyecto que regula la actividad del sector de modelaje e imagen publicitaria en la provincia.
La iniciativa, que pertenece a Rosario Romero, constituye un marco legal y de control de las actividades vinculadas al “modelaje, degustación, exhibición de imagen y promoción publicitaria”, que realicen los distintos actores del sector en forma habitual en la Provincia de Entre Ríos.
En el articulado se establecen “derechos mínimos” y “condiciones de trabajo adecuadas” para las trabajadoras y trabajadores del sector, quienes “deberán contar con remuneración justa”, “seguridad en el lugar de ejecución de las tareas” e “igualdad de oportunidades y trato para mujeres y varones”, además de los derechos reconocidos por las leyes de fondo.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.
También se crea un Registro Único de Agencias de Modelaje e Imagen Publicitaria, Promoción y Degustación Publicitaria, que comprenderá a quienes realicen dicha actividad en forma habitual, y que intervengan en la exhibición de imagen pública o semipública en el territorio de Entre Ríos.
Fuente y foto: APF
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