Iglesia y abuso sexual infantil: en 2017 tres curas irán a juicio oral en Entre Ríos

La sociedad civil ya no tolera el abuso a los niños y la Justicia está dando pasos firmes en el mismo sentido. En 2017 tres sacerdotes serán juzgados por denuncias de abuso.

Por N.B., de ANÁLISIS DIGITAL

Justo José Ilarraz, Marcelino Moya y Juan Diego Escobar Gaviria son los tres curas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por denuncias de abuso sexual y corrupción de menores. Los dos primeros casos comenzaron por investigaciones de la revista Análisis. El tercero se inició con una denuncia penal presentada por dos monjas.

La pederastía en la Iglesia Católica es un problema que ya fue reconocido en numerosas oportunidades por distintas autoridades del Vaticano en el último tiempo, y por los papas Benedicto XVI y Francisco. Pero nada de esto sería posible sin la valentía de las víctimas que enfrentan sus miedos más íntimos y se plantan contra una comunidad religiosa que todavía prefiere negar el problema y perpetuar el oscurantismo. No existe comportamiento más infame que el abuso a un niño. Y si bien nada de esto se soluciona con condenas, la Justicia tiene un papel importante que jugar a la hora de decir si se continúa o no tolerando el Abuso Sexual Infantil.

Ya no está en discusión. La sociedad civil no tolera el Abuso Sexual Infantil (ASI). Una ola de concientización y prevención, de protección a los niños se desplegó con fuerza y continúa creciendo con el paso del tiempo. Es como una bola de nieve rodando, que a su paso se está llevando puesto a sacerdotes del mundo entero. Esto es posible, sin dudas, por la valentía de las víctimas que no callan los crímenes, un reconocimiento íntimo que lleva largos años por las lesiones contra la integridad, contra el ser humano inocente.

Si a esto le sumamos que los pederastas son curas y pertenecen a una de las instituciones más poderosas del planeta, la Iglesia Católica, las víctimas no sólo deben sanar sus heridas y enfrentar sus miedos para contar, sino también deben plantarse contra una comunidad religiosa que mayormente ha preferido negar el problema y perpetuar el oscurantismo.

Pero no todo es para siempre. Sea porque las víctimas comienzan a hablar, por la presión social o por asumir sus dificultades y buscar soluciones, la Iglesia, con todas sus contradicciones, viene marcando una posición clara de reconocimiento del problema. En los últimos años, la prensa del mundo ha reproducido en numerosas oportunidades declaraciones de autoridades católicas que asumen la pederastía como un problema entre sus filas.

Por ejemplo, hace unos meses, uno de los principales asesores del papa Francisco, George Pell, reconoció que la Iglesia Católica “ha cometido enormes errores” por permitir que sacerdotes hayan violado y acosado sexualmente a miles de niños. Lo asumió frente a una comisión investigadora australiana, durante una extraordinaria audiencia pública efectuada a unas cuadras de distancia del Vaticano. “No estoy aquí para defender lo indefendible. La Iglesia ha cometido enormes errores y trabaja para remediarlos”, afirmó Pell y admitió que la Iglesia ha “hecho un desastre de estas cosas y ha defraudado a personas”.

La película ganadora del Oscar este 2016, Spotlight, reflejó el problema y mencionó cientos de casos de curas pederastas alrededor del mundo, entre los que apareció el emblemático caso en Entre Ríos del cura Justo José Ilarraz. Pero en nuestro país no es el único ni el primer sacerdote acusado de pedofilia. No se pueden pasar por alto los abusos del cura Julio César Grassi, que fue denunciado por primera vez en 1991 y terminó encarcelado luego de 22 años.

En el último tiempo, en toda Argentina hubo un brote de denuncias contra curas y monjas en escuelas católicas, en Iglesias y otras instituciones. Hace poco se conoció el escalofriante caso de los curas de Mendoza que abusaban de niños y niñas con hipoacusia grave o sordera completa. Hasta el momento, se calculan unos 60 alumnos abusados en el Instituto Próvolo, una institución de educación especial.

Las denuncias son múltiples y diversas. Cada una con ribetes particulares en el marco de los abusos, pero en general las causas judiciales también se ramifican en otros delitos como malas administraciones y manejo deshonesto de fondos en las instituciones.

CERCA DE LOS JUICIOS

En la provincia de Entre Ríos, desde 2012 en adelante, tres investigaciones judiciales se llevan a cabo y están muy cerca de llegar a juicio oral. Es probable que dos de los debates, al menos el de Ilarraz y el de Escobar Gaviria, se concreten en pocos meses más. La pesquisa de Moya va un poco más lenta, pero más firme después de la imputación que sufrió el cura payador la semana pasada.

ILARRAZ

Justo José Ilarraz, después de estar unos 20 años desaparecido de Paraná, su ciudad de origen, volverá por varios días a pasillear los tribunales provinciales. La denuncia penal en su contra, circunscribe los abusos a menores que estudiaban en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993.

Desde que regresó a Argentina -luego de que el entonces obispo Estanislao Karlic, ahora cardenal, lo enviara al Vaticano como castigo por los abusos cometidos en el Seminario Menor-, Ilarraz se alojó en Monteros, Tucumán. Pero ha tenido que volver a la capital entrerriana varias veces desde que inició la causa en su contra.

En los próximos meses lo juzgará un tribunal que ya fue constituido y no fue recusado. Lo componen los camaristas Alicia Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay.

La investigación se elevó a juicio en abril de este año, en medio de una larga pelea penal con los defensores Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz por la prescripción de los delitos denunciados, una discusión que aún no está cerrada porque se espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En toda esta historia, no es un dato menor que la propia Iglesia local a cargo de Karlic haya concretado en su momento una Investigación Diocesana contra Ilarraz, en la que el cura resultó condenado y castigado. Esa pesquisa se reabrió este año y las víctimas viajaron a Santa Fe donde relataron una vez más lo que habían vivido, mientras estaban a la guarda del ex prefecto de Disciplina del Seminario Menor de Paraná.

MOYA

El caso de Moya tomó estado público en 2015 e inmediatamente se inició la investigación judicial. El cura fue párroco de Villaguay, y según la denuncia cometió abusos contra menores que eran monaguillos entre 1994 y 1997, en la Parroquia Santa Rosa de Lima. La semana pasada fue imputado por el delito de “Corrupción agravada de menores, en forma reiterada”, al igual que Ilarraz. La fiscal Nadia Benedetti avanzó en la investigación de dos denuncias contra él; y por otro lado, su abogado defensor ya adelantó que pedirá la prescripción de los abusos.

Una de las víctimas del cura payador contó en su momento a ANÁLISIS que fue abusado al menos dos veces por semana durante casi dos años, en la propia habitación del sacerdote, en el primer piso de la Parroquia de Villaguay, como así también cuando hicieron viajes a Viale, para realizar tareas religiosas. La otra víctima relató que hubo un intento de abuso, también en la habitación del párroco, pero éste reaccionó a tiempo y empujó al cura, tras lo cual se fue de la Iglesia y nunca más volvió, pese a que también era monaguillo.

Moya no fue investigado por la Iglesia, pero cuando inició la causa judicial en junio de 2015, fue inmediatamente apartado del cargo por parte del obispo Juan Alberto Puiggari. En ese momento, el único sacerdote que salió a defenderlo públicamente fue el sanador de Lucas González, Juan Diego escobar Gaviria, que hoy también está en una situación judicial complicada por abuso sexual a menores de edad.

ESCOBAR GAVIRIA

Juan Diego Escobar Gaviria fue el cura sanador de Lucas González. De origen colombiano, se asentó en el pueblo entrerriano y construyó poder desde allí, apoyado en una comunidad pequeña y muy religiosa. En octubre pasado, un nene de 11 años lo denunció al cura con una maestra del Colegio Castro Barros San José por abuso. Ese niño se contó después a su mamá.

Días después dos monjas radicaron una denuncia penal en la Justicia de Nogoyá. A la causa se sumaron dos víctimas más, otro niño pequeño y un joven de 18 años que recordó cómo el cura lo abusó durante años. Las víctimas revelaron qué pasaba con el sacerdote en la casa parroquial. La investigación está muy cerca de concluir con tres denuncias, aunque todavía no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas. Desde el Ministerio Público Fiscal adelantan que próximamente se elevará la causa a juicio oral y que el debate sería en 2017.

Con Escobar Gaviria, la Iglesia entrerriana tomó igual medida que con Moya: lo separó del cargo lo obligó a dejar el pueblo. Esa prohibición de no ingresar a Lucas González también fue ordenada por la Justicia, y ayer fue ratificada. Sin embargo, el correveidile de Lucas González no deja a paz a las víctimas. Algunos pobladores eligen no reconocer el problema y acusan a los menores de buscar algo. Tanto es así que una de las víctimas tuvo que salir del pueblo por los rumores que lo asediaban.

EN BUSCA DE UN REPARO

No existe comportamiento más infame que el abuso a un niño. La Iglesia Católica reconoce el problema con sus sacerdotes, pero aún existe toda una comunidad religiosa que no puede verlo. Cuando se denunció a Ilarraz hubo numerosas reacciones en defensa del cura. Pese a que la misma Iglesia había reconocido los abusos y lo había castigado. Cuando se denunció a Moya, también hubo reacciones sociales en su defensa, incluso el mismo Escobar Gaviria fue el primero en levantar esa bandera. Cuando se denunció a Escobar Gaviria, medio pueblo de Lucas González salió a quejarse y a acusar a las víctimas de mentirosas.

Ni el ultraje a un niño cometido por un cura, ni el escarnio social que sufren cuando se ven expuestos en su intimidad y acusados de mentirosos podrá ser solucionado por la Justicia. Pero sí la Justicia podrá llevar algo de reparación al reconocer los abusos y sancionarlos, sí podrá llevar un amparo, un poco de esperanza para miles de víctimas de abuso que temen denunciar. Y algo de eso ya pasó no sólo con el avance de las causas en la provincia contra estos tres sacerdotes, sino también -pese a las diferencias del caso- con la condena a 14 años de prisión contra el ex titular de Cultura de la Municipalidad de Urdinarrain, Javier Broggi, por corrupción agravada de menores.

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