Para Salduna hablar de treinta mil desaparecidos "es una cifra absolutamente fantasiosa y ajena a la realidad"

La mirada de un magistrado que antes de serlo fue militante radical, diputado nacional y después testigo en una causa emblemática por crímenes de la dictadura en Entre Ríos. Las idas y vueltas del vocal y cómo adecúa su discurso a los tiempos actuales.

Lo que se reproduce es el testimonio que dio Bernardo Salduna ante alumnos de una escuela secundaria de Paraná. El sitio Página Judicial accedió a su alocución

Bernardo Salduna es el único magistrado de extracción radical que integra el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que tuvo vinculación con lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar. La relación es política y laboral.

Este miércoles, el magistrado brindó una charla en la Escuela Secundaria Juan XXIII de Paraná, en el marco las actividades organizadas por la Semana de la Memoria.

En la charla ante los alumnos, el vocal del STJ abordó dos cuestiones: lo ocurrido en Argentina en la década de 1970, principalmente a partir del 24 de marzo de 1976, y la polémica acerca del “número real de desaparecidos durante la última dictadura”.

Con tono de docente, recorrió toda la dictadura y aseguró que la represión comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Citando al periodista Alberto Dearriba, en su libro El Golpe, dijo: “El general (Jorge Rafael) Videla, entonces comandante del Ejército, le arrimó en noviembre de 1975 al Presidente provisional Ítalo Luder tres planes para terminar con la subversión. Uno demoraba tres años. Otro sólo uno, pero sin respetar derechos ni garantías individuales de ninguna especie. El presidente Luder y casi todo su gabinete aprobaron este último. Y firmaron decretos ordenando a las fuerzas armadas y de seguridad aniquilar a la subversión. De hecho, antes del 24 de marzo de 1976, durante los gobiernos de (Juan Domingo) Perón, Isabel Perón y los interinatos de (Raúl) Lastiri y Luder, se calcula que se produjeron cerca de mil desapariciones de personas y aproximadamente 1.500 asesinatos políticos. El terrorismo de Estado empezó, pues, antes del golpe de 1976, aunque la dictadura militar emprolijó e hizo más eficaz el método clandestino a utilizar”.

Los desaparecidos

Al momento de hablar de los desaparecidos llega también la polémica; una polémica que no instala el vocal Salduna sino funcionarios nacionales del Gobierno de Mauricio Macri.

Es cierto, cabe aclararlo, que en los últimos años, en que los derechos humanos estuvieron en la agenda pública por la reapertura de los juicios a los genocidas, tras las caídas de las leyes de obediencia debida y punto final, no se escuchó a Salduna abordar la temática.

Ahora, Salduna abona a la tesis que dispararon el propio Macri, Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión. En todos los casos, se pretende relativizar, a través de los números, la tragedia y el terrorismo de Estado que se simbolizan en una cifra.

El magistrado subrayó que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) realizó “una tarea de investigación y esclarecimiento formidable, insuperable hasta hoy”, destacó “el Nunca Más, donde constata con datos ciertos de entre 7.000 a 8.000 personas desaparecidas” y agregó: “Posteriores investigaciones no han podido superar esa cifra, una cifra impresionante, desde ya, y que da una imagen patética del horror vivido en esos años”, argumentó.

Enseguida agregó: “Algunos hablan de 30.000 desaparecidos, cifra emblemática, pero desde ya, absolutamente fantasiosa y totalmente ajena a la realidad. Después de más de treinta años de democracia puede ser posible que existan personas desaparecidas cuyos datos se desconozcan, pero nunca pueden ser más de 20.000, como se pretende. Cada uno de los desaparecidos es un ser humano, con identidad, nombre y apellido, de carne y hueso, con padres, hijos, esposas, seres queridos que atesoran su recuerdo; con la esperanza, sino de volver a verlos con vida, al menos, de conocer dónde están sus restos, el lugar donde poder llevarles una flor. Diluirlos en medio de miles de fantasmas inexistentes es, de alguna manera, empequeñecerlos, evanecer su recuerdo”.

Más adelante continuó la polémica al aseverar que “quienes esto afirman, terminan coincidiendo con la cínica frase del dictador Videla: ‘El desaparecido no puede tener ningún tratamiento. No está muerto ni vivo, no tiene entidad, no está’. Si aspiramos a hacer realidad el slogan tan repetido de ‘memoria y verdad’ debemos procurar conocer el máximo posible de esa verdad. Veinte mil desaparecidos sin nombre no se podrán hallar jamás. Insistir en eso es condenarnos a la eterna incertidumbre. El horror no cambia sean 8.000 o 30.000 las víctimas. Entonces, ¿por qué falsear los números?”, señaló Salduna.

El magistrado terminó su charla citando a Rogelio Alaniz, a quien presentó como “un amigo personal, militante de la izquierda progresista, ex preso político de la dictadura durante más de un año y lúcido e inteligente periodista”. A renglón seguido, la cita: “Ocho mil desaparecidos es un horror. No hace falta mentir ni enlodarse en el fango de la desmesura. Escuchemos el murmullo de los números. Ocho mil desaparecidos significa, para darnos una idea aproximada de lo que vivimos, un desaparecido por día durante veinte años. Todos los días, todas las semanas y todos los meses del año un desaparecido ¿Les parece poco? ¿Para qué exagerar? Todo puede entenderse hasta el error. Lo que cuesta más entender es la empecinada y a veces interesada persistencia en el error”.

Con el paso de los años

Salduna, ya como vocal del STJ, declaró como testigo en el juicio por crímenes de la dictadura cometidos en Concordia durante la última dictadura. Fue el 8 de junio de 2012. En el banquillo de los acusados estaban, entre otros, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso.

Aquella vez se presentó como uno de los pocos abogados que durante la dictadura había asumido la representación de presos políticos. Contó, por ejemplo, que hizo gestiones por Jorge Busti ante los jefes militares y ante el Superior Tribunal de Justicia.

También contó que “la primera acción” que llevó a cabo como abogado en un caso de desaparición forzada fue ante el pedido “de un hombre de apellido (George) Wilson”. El hombre le contó que había visto el momento en que secuestraron a Julio Alberto Solaga, fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976 y permanece desaparecido.

Según dijo, junto con el dirigente Alcides López, fueron a reclamar a la Policía por la suerte de Solaga, y les respondieron que “esto es un operativo de los verdes, que parece que en la jerga es el Ejército”, tras lo cual pidieron una audiencia con el jefe del regimiento militar, pero Dasso no los atendió. En su lugar, fueron recibidos por Ramón Orieta, el segundo jefe. Este militar les contestó que “el Ejército no tenía nada que ver (con la detención de Solaga) y que seguramente era una venganza de los propios montoneros”.

Con los años, el andar de Salduna se volvió errático.

El año pasado, llamó la atención que sorpresivamente concurriera a presenciar los alegatos en el juicio al ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo, suegro de Emilio Castrillón, también vocal del STJ. Esa vez estuvo sentado junto a un grupo de personas jóvenes con carteles en defensa de la represión ilegal; se lo vio intercambiar palabras con ellos y en el final de la jornada se acercó al defensor de Céparo para felicitarlo por su alegato

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