El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Después de más de dos años de investigaciones, la causa iniciada por la comunidad educativa de la Escuela N° 44 República Argentina de Santa Anita, debido a la contaminación e impacto en la salud de docentes y alumnos ocasionadas por el empleo de plaguicidas, llegará a juicio.
En una audiencia prevista para el lunes 10 de abril, en Concepción del Uruguay, la fiscal Melisa Ríos pedirá la elevación a juicio de las actuaciones por la fumigación en esa escuela rural del departamento Uruguay, sucedida el 4 de diciembre de 2014.
Por ese hecho, los estudiantes y la docente Mariela Leiva, debieron recibir atención médica en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.Este expediente judicial se convertirá en el primero que se eleva a juicio por fumigación en la provincia. Fue iniciado por una docente y por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Pese a la continuidad de la problemática y los distintos proyectos de ley, las Cámaras de Senadores y Diputados nunca pudieron dar sanción a una nueva normativa, que reemplace a la vetusta Ley 6.999 de Agroquímicos. Mientras que los intereses contrapuestos impiden disponer de medidas sanitarias adecuadas para las comunidades educativas y poblaciones en riesgo, numerosas ciudades fueron ampliando distancias libres de fumigación, que superan los 50 metros de la anacrónica ley provincial, y que oscilan desde 200 hasta 1.000 metros.
“Sigue habiendo fumigaciones, sin control”, planteó la directora de la escuela rural 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar, Mariela Leiva. Aclaró que “la situación mejoró en el departamento Concepción, pero siguen ocurriendo estos hechos en otros lugares de la provincia”. Repasó las investigaciones y los estudios de aire, suelo y agua encarados a instancias y pedidos del colectivo social, a cargo de las universidades nacionales de La Plata y de Rosario, y la estrategia de nuevas investigaciones, que apuntan a desnudar un modelo de producción contaminante, que pone en riesgo la salud de la población.
“No estamos en contra de nadie, sino que buscamos lo más importante, que es cuidar la salud de todos los trabajadores docentes de las escuelas rurales, de la gente que vive en el campo y de toda la ciudadanía, porque recordemos que la casa nuestra es esta tierra, y que es un préstamo de las generaciones futuras, hacia nosotros”, reflexionó la integrante de Agmer filial Basavilbaso.
Sobre la etapa de investigación, consideró que “en todo este tiempo se han ido aportando pruebas, nosotros como denunciantes, y también la misma Fiscalía, a través de distintos informes que solicitó, a peritos médicos, peritos agrónomos que fue nombrado la misma fiscal, incluso a la misma estación meteorológica para observar las condiciones climáticas reinantes en el momento de la aplicación de la fumigación. Así que han participado aportando pruebas distintos agentes”, publicó UNO.
“Está, por ejemplo, el informe del médico forense, que dice que los síntomas que sufrimos tanto yo como los alumnos, son compatibles con los síntomas por intoxicación con agroquímicos. El perito agrónomo, también dijo que las condiciones que se había realizado la aplicación no eran correspondientes con la Ley 6.999 de Agroquímicos. Y una de las más importantes fue el video del avión aplicando. Tanto el informe del perito médico, del perito agrónomo y de la estación meteorológica del INTA van a ser muy importantes y pruebas contundentes para que esto tenga un resultado favorable”, agregó.
MODELO
El objetivo del juicio, para los denunciantes, es justamente que “el clamor y la exigencia se haga realidad, y paren de fumigar las escuelas”, explicó Leiva. “Nosotros no estamos en contra de los productores ni de ingenieros agrónomos; apostamos a un cambio del modelo productivo que nos está envenenando y matando. Y por eso bregamos por fomentar la agro-ecología, como herramienta principal en esta lucha. Lo más importante es cuidar la salud ya sea de todos los trabajadores docentes de las escuelas rurales, de la gente que vive en el campo y esté expuesta, y de toda la ciudadanía; y también cuidar el medio ambiente, porque recordemos que la casa nuestra es esta tierra, y que es un préstamo de las generaciones futuras, hacia nosotros”.
Más adelante, la docente recordó que “Entre Ríos tiene una ley provincial, la 6.999, que dice que son 50 metros terrestres, la regulación de distancia, y de 200 metros, vía área. Es una ley muy vieja. Pero las distintas asambleas ambientales que funcionan en distintas localidades, han logrado distintas ordenanzas municipales: esas ordenanzas no pueden desdecir la ley de achicar plazos o acortar distancias, no puede autorizar una fumigación a 20 metros, pero siempre puede agrandar la distancia. Y por eso en la escuela Nº 44 República Argentina logramos una ordenanza municipal que hable de 1.000 metros libre sin fumigación. En Concepción del Uruguay, que es la sede del sindicato donde se desarrolla la campaña Paren de Fumigar, en conjunto con escuelas y la Asamblea Ambiental, se logró una ordenanza de 500 metros libres. Y en Basavilbaso hay una ordenanza de 200 metros libres, dentro de lo que es el ejido municipal”.
En la misma línea, la maestra entendió que no se ha podido avanzar con leyes provinciales. “A fines del año pasado, la Campaña Paren de Fumigar, representada en mi nombre, junto con Elba Estévez de Paraná, que trabaja en la comisión de Ambiente del sindicato docente, estuvimos convocadas para la nueva ley de agroquímicos, que quería hacer el senador Héctor Blanco (Tala). No nos querían dar la palabra, exigimos distancias, pero ellos nos decían que nosotros queríamos hacer una ley, que si ajustábamos demasiado, iba a caer por su propio peso como todos los otros proyectos de ley que se querían implementar. La postura nuestra fue que estábamos en contra, a partir de la investigación de esta causa de la escuela 44, que se relaciona con puntos específicos de la ley, en las distancias, en las condiciones meteorológicas, en la receta agronómica. Según ellos, estamos apuntando a miles de hectáreas improductivas alrededor de los cascos urbanos. Nosotros vamos por el ‘No a los agroquímicos’, y sostenemos que allí podríamos dar impulso a las agro-ecología; los rindes van a ser menos pero las ganancias más, y no solo referido al dinero, sino a salud y ambiente”, explicó.
En referencia a las actividades de la asamblea, Leiva dijo: “Nuestro objetivo es acompañar al docente que va a hacer una denuncia. Acompañarlo legalmente con un asesor letrado, a hacer la denuncia, porque una exposición no sirve. Hemos encarado distintas acciones, campamentos ambientales, monitoreos ambientales, medimos contaminación de agua, aire y suelo, a través de trabajos realizados por la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ahora, en breve, vamos a iniciar un nuevo proyecto, en conjunto entre la Universidad de Córdoba y la UNLP, referido a un análisis genético, de daño genético por los agroquímicos. Sería en zona rural. Ya hicimos un monitoreo ambiental de agua, aire y suelo, en siete escuelas de todo el departamento Uruguay: en esas siete escuelas se hará ahora, a partir de mayo, un estudio genético, de geotoxicidad en los chicos, a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Queremos lograr sentar un precedente, una causa-efecto: medimos la contaminación de agua, aire y suelo, y ahora lo que queremos medir el daño genético que puede producir vivir en este ambiente contaminado, en los niños y qué puede llegar a causar”.
Añadió que “ya se han hecho este tipo de estudios, pero aún no con un previo análisis ambiental exhaustivo como lo hizo la UNLP. Y lo que queríamos hacer también es la comparación del daño genético de estos niños que están en las escuelas rurales, con una escuela de ciudad. No lo informaron en la institución. Incluso, no llevan la identificación a través de una medalla, que es fundamental por si les pasa algo”.
MOVILIZADOS Y CON ESTUDIOS SANITARIOS
A instancias del sindicato docente, en abril del año pasado se realizó un campamento sanitario con médicos y estudiantes avanzados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), para detectar el perfil de morbimortalidad y epidemiológico de la población.
Similares experiencias académicas de extensión se habían realizado en Bovril, en 2011, y más tarde, en 2015, en San Salvador. En todos los casos, se organizaron en el marco del ciclo de Práctica final de la carrera de Medicina, ante la demanda de esas poblaciones, alertadas por el incremento exponencial de los casos de cáncer.
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