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Aseguró que: “Es una institución que consta de tres o cuatro personas, que en el interior de la provincia no existe porque no tienen gente, ni medios”.
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La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, habló del encuentro que mantuvo con los papás de Micaela García. Dijo que el objetivo fue “coordinar acciones” para que “las instituciones funcionen”.
“Hay que dividir el trabajo, viendo qué se puede hacer desde el lugar de cada uno para generar reuniones, hacer presentaciones por escrito, etc. para poner a funcionar el Patronato de Liberados, reglamentar las leyes necesarias, para tener mayor control y darle mayor seguridad a la ciudadanía, y que esta tragedia que pasó con Micaela no se vuelva a repetir”, explicitó.
En ese sentido, confió que se siente “muy expuesta como funcionario judicial” y aseveró: “El trabajo que hago es absolutamente insuficiente si no hay organismos de control con los internos que salen a la calle. Quiero organismos de control, de prevención, y que los organismos que ya están previstos se pongan a funcionar”.
Al respecto, ejemplificó que “el Patronato de Liberados, desde que tengo memoria, nunca funcionó”, y describió que “es una institución que consta de tres o cuatro personas, que en el interior de la provincia no existe porque no tienen gente, ni medios”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) -y reproduce Análisis-Bértora comentó que el pasado miércoles se reunió en Concepción del Uruguay con los papás de Micaela García, con quienes habló “para coordinar un poco de acciones” y mencionó que “en la entrada de Concepción del Uruguay hay un cartel que dice que en esa ciudad están trabajando para hacer lo que soñaba Micaela y eso me pareció muy emotivo, me impactó; y con ese lema están moviéndose los papás para mover a las instituciones, para hacer una sociedad diferente en el más amplio de los sentidos”.
“En la reunión coordinamos acciones y estuvimos viendo qué se puede hacer para que las instituciones funcionen. Hay que dividir un poco el trabajo viendo qué se puede hacer desde el lugar de cada uno, ellos como papás y yo como juez de ejecución de penas para generar reuniones, hacer presentaciones por escrito para poner a funcionar el Patronato de Liberados, reglamentar las leyes necesarias para tener mayor control y darle mayor seguridad a la ciudadanía y que esta tragedia que pasó con Micaela no se vuelva a repetir”, resumió.
En ese marco, la jueza admitió sentirse “muy expuesta como funcionario judicial porque el trabajo que hago es absolutamente insuficiente si no hay organismos de control con los internos que salen a la calle. No hay ninguna posibilidad de que el trabajo que hago sea eficiente y que haya un buen resultado en el sistema penal porque hay muchas cosas que no están funcionando”.
Y afirmó: “Quiero organismos de control, de prevención y que todos los organismos que ya están previstos se pongan a funcionar”.
Consultada por la función del Patronato de Liberados aseguró: “Desde que tengo memoria, el Patronato nunca funcionó” y describió que “es una institución que consta de tres o cuatro personas, que en el interior de la provincia no existe sino que hay delegaciones que se plantearon dentro de las unidades penales, pero no hay ningún tipo de control de parte del Patronato porque no tienen gente, ni medios, no tienen nada”.
“Actualmente tienen un auto que se los gestionó el Juzgado Federal, entonces no podemos hacer ningún tipo de crítica a las personas que están a su cargo porque si el organismo no tiene estructura, ni recursos económicos y está cargo a de tres personas que solo tienen una línea telefónica y una computadora del año 98 no pueden hacer un control efectivo”, afirmó.
Además, sostuvo que “cada Unidad Penal debe contar con un equipo interdisciplinario para dar tratamiento a los abusadores sexuales, en función de una ley, la N° 26.813, que se aprobó hace años a nivel nacional, pero estos equipos técnicos nunca se pusieron a funcionar, con lo cual hay que reglamentar la ley, crear los equipos interdisciplinarios y ocuparse seriamente de eso”.
“Otro tema que queremos que se instrumente es el Registro de agresores sexuales que es para la etapa de investigación penal, que también es una ley sancionada a nivel provincial y nunca se puso a funcionar”, añadió.
Por otra parte, Bértora dijo haber hablado con su cuestionado colega Carlos Rossi y que se reunió con él “desde el primer momento”. Dijo que “en este momento no está en condiciones de ocuparse de estos temas en particular, pero sé que trabajó para mejorar el Servicio Penitenciario y para plantear cambios respecto del Patronato de Liberados. En este momento debe tener unas seis presentaciones de jury y no puede dedicarse a estos temas”.
Además, reveló que los papás de Micaela no pidieron reunirse con Rossi pero “tienen expectativas de que le jury se lleve adelante lo antes posible, quieren ver cambios y quieren respuestas de parte de las instituciones; además están convencidos de que no debería estar trabajando en este momento”.
Sin contacto legislativo
Bértora señaló que “ningún legislador” se comunicó tras lo sucedido con Micaela García: “No hubo ni siquiera un llamado telefónico”. “La única persona que estuvo preguntando a fines del año pasado fue Martín Uranga, titular de la Secretaría de Justicia de la provincia, en relación a las pulseras electrónicas, y estuvieron haciendo un relevamiento para ver la cantidad de pulseras que se necesitan porque está pendiente un convenio con la Nación para su utilización en una cierta población penal”, mencionó.
Sobre la falta de contacto de parte de los legisladores, la magistrada estimó que “están muy centrados en el jury y creo que tendría que mirar un poco al costado porque el jury es un punto a abordar. Si nos centramos en sacar al juez Rossi estamos mal; creo que tenemos que ocuparnos de todo el contexto. Si queremos una sociedad diferente tenemos que trabajar diferente”, analizó la jueza.
Valoró también haber tenido “buenas respuestas de las autoridades de la Policía y del municipio de Paraná en varias cuestiones” y ejemplificó que “se generaron reuniones con el secretario de Seguridad Pública del municipio, Ricardo Franck, con el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli, el secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya, específicamente para hacer un mejor control respecto de los remises truchos”.
Sobre el particular, detalló que “el tema de los remises truchos en relación con la seguridad ciudadana es muy importante porque el trabajo es muy amplio y el objetivo es que haya mayor control sobre la posibilidad de que los reclusos trabajen de forma irregular”. “Ningún recluso podrían estar trabajando arriba de un remise por ley nacional, entonces hay que generar todas las cuestiones que tienen que ver con un mejor control y aplicación de las leyes existentes para que esas situaciones no se den. En ese punto hubo una muy buena respuesta, porque enseguida se articularon las reuniones y se está trabajando sobre eso”, puntualizó.
“El punto es que se tomen estas cosas en otros ámbitos de las instituciones provinciales y que empiecen a trabajar para que se generen los cambios, para que se hagan los controles en los lugares que se tienen que hacer y de la manera que se tienen que hacer”, reflexionó.
Consultada por la preocupación de parte del ámbito judicial tras lo sucedido con Micaela García, Bértora contó: “A mi Juzgado solamente llamó el vocal (Emilio) Castrillón (integrante de la Sala Civil del STJ), en los días en que Micaela había desaparecido y todavía no se había hallado el cuerpo, por un pedido que nosotros tenemos hecho desde el Juzgado desde 2014 para crear una nueva Secretaría, agregar un par de empleados más y se agregue una asistente social a fin de poder hacer mejores controles de la salidas de los internos y tener un mejor desenvolvimiento del equipo técnico. Creo que tal vez fue una coincidencia, porque una vez al año nos llaman para ver cómo vamos funcionando sin empleados”.
“A partir de ahí pedí reuniones con (el vocal Miguel) Giorgio, nuevo integrante de la Sala Penal y con (el vocal Daniel) Carubia para hacerles entender que necesitamos recursos, que no podemos estar trabajando como trabajamos. Fuimos atendidos y estamos instrumentando la parte administrativa para ver si nos pueden otorgar los dos empleados que pedimos y si pueden generar la Secretaría. La asistente social tendrán que trasladarla de algún otro organismo porque lo que se plantea es que no hay recursos para esto”, relató.
“Lo otro que se está planteando es la creación de un nuevo juzgado en Concordia y dividir la competencia de los dos Juzgados que hay en este momento: el de Rossi y el mío”, concluyó la magistrada.
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