La ministra de Salud Sonia Velázquez destacó que se apunta a fortalecer "la red integral del sistema de salud" Instó a aceitar "en el componente organizativo" para distribuir equitativamente los recursos. Preocupa el recorte de programas nacionales.
Sonia Velázquez avanza hacia el primer mes de su gestión como ministra de Salud de Entre Ríos, un cargo que le deparó múltiples desafíos en diferentes frentes, pero que le impone la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo político-sanitario. Es que no se puede soslayar el perfil que trató de darle Ariel de la Rosa, en el año y medio que ejerció como ministro, en sintonía fina con la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por el diputado provincial José Allende. Esa forma de conducción le costó una causa penal por supuestas amenazas a una funcionaria que todavía se está tramitando en la Justicia entrerriana y su posterior salida del gabinete provincial. La licenciada en Trabajo Social habló de los coletazos que dejó el caso, pero también de otros temas en una extensa entrevista brindada al diario UNO.
Admitió su preocupación por los miles de entrerrianos que no cuentan con cobertura de seguridad social, así como el golpe que significa el recorte de programas nacionales.
—¿Qué balance hace de estos primeros 27 días en el cargo?
—Lo que inicialmente se hace en una gestión es revisar el tema presupuestario, estudiar el componente de la red sanitaria por la situación crítica de la campaña de invierno. Y también se debe analizar la red integral del sistema de salud, tanto pública como privada: son más de 330 efectores de salud de primer nivel de atención, en el sistema público, más 65 hospitales que conforman la red y que se distribuyen en todos los departamentos de la provincia. En ese marco es donde nosotros tenemos que interactuar rápidamente, porque hay efectores que funcionan los 365 días del año. Esa fue la primera etapa en las primeras semanas, después de conformar nuestro gabinete en las horas iniciales. Esta cartera debe ser de las más complejas del gobierno provincial, habida cuenta que en el proceso salud-enfermedad intervienen un sinfín de determinantes que contemplan a lo social, con lo económico, con hábitos de vida que dependen de la comunidad o de las personas. El perfil epidemiológico en esta provincia ha venido virando, desde lo que eran las enfermedades más transmisibles hacia las enfermedades crónicas no transmisibles.
—¿Con qué panorama se encontró en el nivel de atención primaria?
—Entre Ríos tiene una importante oferta de sectores de salud , que están distribuidos geográficamente en distintos puntos. Estamos fortaleciendo a los equipos de salud, para que puedan trabajar con una organización de servicio que partan desde tener sus áreas programáticas determinadas, trabajar con población nominalizada, es decir que puedan saber con nombre y apellido quienes son y donde viven estos sujetos de derecho que están bajo mi responsabilidad sanitaria. Estamos ordenando las competencias que tienen que ver con las capacidades resolutivas exclusivas del primer nivel de atención, con el objetivo de no sobrecargar los hospitales con atención que tenga que ver con bajo riesgo. Y los hospitales que queden para un nivel de mayor complejidad. Esta es una organización del sistema que nos va a llevar un tiempo. Venía trabajando en esta gestión en distintos niveles de responsabilidad, más que nada asociado al componente de programas, normativas y demás. En los últimos dos meses estuve trabajando en un centro de salud. No son terrenos desconocidos para uno, pero sí cuando se está al frente de una cartera requiere que pongamos a funcionar los niveles directrices para organizar el sistema. En el sistema de salud es muy importante el componente organizativo y a veces no significa que no haya recursos si no que los mismos no está distribuidos equitativamente. Suele suceder que duplicamos los mismos recursos para una misma atención, y en oportunidades la población que más necesita queda sin atención porque trabajamos con este modelo más antiguo en función de la demanda. Se debe trabajar en forma planificada.
—¿Cuentan con un presupuesto acorde para la demanda?
—Contamos con un presupuesto aprobado por la ley de leyes, planificado en el semestre anterior. Tenemos un presupuesto importante, pero estamos muy atentos a dos factores que están incidiendo en gran medida en el sistema sanitario: uno es el componente de medicamentos, en el que se visualiza una cierta desregulación con las compañías farmacéuticas. El precio de los medicamentos se nos ha disparado, entonces no hay presupuesto que de abasto cuando no hay regulación en el mercado con el componente de insumos que tanto incidencia tiene en las arcas de una provincia. Y el otro componente está vinculado a la caída del salario, y ello lleva a que se incremente la población sin cobertura de seguridad social. Para el componente perinatal que engloba a embarazadas y partos, el sector público está absorbiendo cerca de un 30% más de lo que absorbía el año anterior. Hemos tenido que disponer refuerzos de partidas a los hospitales, lo mismo que a los centros de salud. La red también está absorbiendo la atención del grupo etáreo de adultos mayores, por algunos convenios que había con el PAMI. En todos los grupos de edades, son 310.000 entrerrianos sin cobertura de seguridad social. Es un grupo importante que tiene como único lugar de atención la red pública. Siempre está como desfasado el presupuesto, en función de un modelo de gestión más orientado a lo asistencial cuando la planificación ha resultado ineficaz.
La nueva ley de Salud Mental
—¿Va seguir funcionando la mesa interinstitucional para abordar la situación de jóvenes con consumos problemáticos de sustancias y se proyectan otras acciones acordes con la nueva ley de Salud Mental?
—En 2016 la ley provincial adhirió a la ley nacional 26.657 y se creó a nivel provincial el órgano de revisión. Esta semana estuvimos reunidos con el Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, para monitorear la aplicabilidad a pleno de la normativa en nuestra provincia. Hemos pensado para nuestra política provincial fortalecer lo que tenga que ver con el componente de Salud Mental, tanto como línea de nuevo paradigma que atraviese nuestra gestión de salud. Tenemos la necesidad de que los equipos podamos revisar nuestras prácticas, a la luz de concebir a la salud en un proceso con otros integrantes que puedan sumarse, como lo es la sociedad civil y otros actores. Estamos revisando los distintos protocolos de atención, ya que tenemos un determinante que es el componente de la sustancia y la violencia. Amerita que como Estado estemos liderando estos componentes.
Recorte de programas nacionales
—¿Cómo han canalizado la caída de programas que sostenía Nación?
—El año pasado estaba a cargo de los programas nacionales, así que conozco de fondo en el devenir de estos 10 años los instrumentos que componían el Plan Federal de Salud. El programa Remediar, ahora denominado Cobertura Universal de Salud (CUS), estaba financiado con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pasó a estar financiado por el Tesoro nacional. Se tuvo un parate en cuanto al envío de los botiquines Remediar que estaban destinados para los 330 efectores del primer nivel atención. Fue un retroceso para nosotros, pero desde el gobierno provincial se dispuso del refuerzo de dos partidas presupuestarias para los efectores del primer nivel. Además tuvimos una baja de insumos proveniente del programa de fortalecimiento de leche fortificada con hierro y zinc, perteneciente al grupo materno-infantil. Tuvimos que hacer frente a una licitación para la compra de preservativos. En lo que va de 2017 el inconveniente es con el pago a profesionales pertenecientes al programa de Médicos Comunitarios de la corte 12. En lo que va del año no se ha efectivizado ningún pago; se les debe desde marzo a la fecha y nos anunciaron que el pago se va a hacer en la primera quincena de agosto.
—¿Se va a retomar el proyecto de la anterior gestión respecto de la compra centralizada de medicamentos?
—No he tomado vista del expediente, no porque no nos interese. Seguimos con el modelo en que cada hospital compra sus insumos, pero eso no quita que nosotros revisemos ese componente. Tenemos que ser muy previsores en el orden del monitoreo y la gestión del uso de los recursos. ¿En qué sentido? Que cada recurso tenga que ver con una planificación y una modalidad operativa de acuerdo a la tasa de uso que se tiene del uso de medicamento, acorde a un perfil epidemiológico de la población. Cada hospital sabe la prevalencia que tiene acorde a los perfiles, por eso insistimos tanto en que los efectores trabajen con población nominalizada. Se debe revisar el tema de algunas compras centralizadas, por ejemplo el de los descartables u otros insumos de uso universal. Queremos transferir recursos por resultados y con una instancia planificada; es real que a veces hay atrasos con el pago de proveedores. Si bien venía participando del gabinete anterior, no fui consultada en ninguna oportunidad por este componente.
"Uno repudia las cuestiones que sean de violencia"
La titular de la cartera habló de la "intervención administrativa- legal" encarada en tres hospitales de la provincia. En primer lugar se intervino el hospital materno-infantil de Santa Elena, con el recambio de las autoridades. "Hablamos de normalización", aclaró la funcionaria. Respecto a lo sucedido del hospital Camino de Federal, donde denunciaron que empleadas filmaron a pacientes teniendo sexo informó: "Está corriendo la vista de la sustanciación administrativa-legal para los recursos humanos que intervinieron en el hecho por todos conocidos".
Acto seguido, Velázquez señaló que en la semana visitó la Colonia de Salud Mental de Diamante y se reunió con los directores del Departamento. El acto constituyó una forma de brindarle su respaldo a la directora del nosocomio, Noelia Trossero, quien denunció haber recibido amenazas no solo de parte de la cúpula de UPCN, sino también del ex ministro de Salud saliente.
"Volvemos a ratificar la rectoría que nosotros queremos darle a nuestros directores de institución, empoderarlos en su real desempeño y fortalecerlos como autoridad competente. Notificamos a la directora de una normativa que había sido esgrimida por el anterior ministro. La trabajadora tiene tutela sindical y está con garantías de derecho", planteó. Consultada por el accionar de los sindicalistas interpretó: "Sobre como fue comunicada la norma, para nada avalamos que esa directiva impartida por el exministro sea comunicada a través de los delegados gremiales y tiene que ir por la vía correspondiente. Uno repudia las cuestiones que sean de violencia".
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