El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo dispusieron un modificación en la causa por las contrataciones de impresión y cartelería publicitaria en la cual están imputados el ex gobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, entre otros.
Nota de ANÁLISIS DIGITAL
Ahora se ven implicados los empresarios publicitarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, a quienes se acusa de haber participado de la operatoria a cambio de “retornos” cuya “gestión y seguimiento” estaban, para los fiscales, a cargo de la contadora Corina Cargnel, quien también fue imputada. Los tres deberán prestar declaración indagatoria en la causa. También fue citado el ex gobernador a comparecer el 31 de agosto, mismo día en que debe declarar en una de las causas por la Cumbre del Mercosur, y el resto de los imputados fueron convocados nuevamente.
Sergio Urribarri y Pedro Báez están imputados como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Para los fiscales, según la modificación de la apertura de la causa a la que accedió Análisis Digital, ambos “sustrajeron fondos públicos de manera constante, habitual y reiterada, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del gobierno”.
“Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada -concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada -quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados”, sostuvieron Yedro y Brugo, para quienes esta mecánica fue utilizada entre 2010 y 2015 con numerosas campañas publicitarias del gobierno.
“A raíz de estos contratos, los mencionados percibieron periódicamente sumas de dinero abonadas por el Estado Provincial, para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, indicaron los funcionarios judiciales y aludieron a una pericia fotográfica practicada sobre los expedientes involucrados que, según señalan, fueron firmados algunos por Báez y otros por Báez y Gustavo Tamay, empleado de la cartera también imputado en la causa en razón de su rol de responsable de las certificaciones en la vía pública.
Una de las novedades más salientes de la causa es que Yedro y Brugo aseguran ahora que para concretar las maniobras descriptas, participaron y se vieron beneficiados de las mismas los empresarios publicitarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, titulares de las empresas Bustamante José María y Montañana Publicidad. Para los fiscales, ambos obraron “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos, que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes”.
El beneficio consistió, según se desprende de la IPP, “en un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa”. Para los fiscales, a esa maniobra la realizó la contadora Corina Cargnel, ahora también imputada, “quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones y las empresas antes mencionadas”, según figura en el escrito judicial.
Otra novedad de relevancia es que Urribarri fue citado a prestar declaración de imputado en la causa. La fecha, 31 de agosto, coincide con el día en que debe comparecer para ser indagado en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación por 28 millones de pesos para la difusión de spots publicitarios a la empresa Nelly Entertainment, propiedad del ejecutivo Jorge “Corcho” Rodríguez. A esa investigación la llevan adelante Brugo y el fiscal Alejandro Cánepa.
Las citaciones abarcan también a Báez y Tamay, que ya declararon en la causa, y se convoca nuevamente a Juan Pablo Aguilera, Luciana Almada, Alejandro Almada, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, que ya comparecieron, pero optaron por abstenerse. A la vez, se fijaron fechas para las indagatorias de la contadora Cargnel (25 de agosto), Hugo Motañana (5 de septiembre) y Jesús Bustamante (11 de septiembre).
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