Agmer expuso sus críticas al “Operativo Aprender”

El Operativo Aprender, la prueba estandarizada para evaluar conocimientos en matemática, lengua, ciencias sociales y naturales, se tomó este martes a más de un millón de alumnos de primaria y secundaria de todo el país sin suspensión de clases.

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), manifestaron públicamente su crítica al operativo de evaluación Aprender, con un comunicado que entre otras cosas expresa lo siguiente: "Sabemos por experiencia acumulada y múltiples referencias en otros países que estos operativos buscan impactos mediáticos sociales que desgasten nuestra tarea docente mostrando resultados que no consideran contextos, culturas institucionales, trayectorias ni procesos, centrando la mirada en supuestos rendimientos y desempeños de estudiantes y docentes que no dan cuenta de la realidad educativa y social en la que se inscriben y que no se vinculan con políticas que atiendan a las necesidades o promuevan de manera compleja la solución de los mismos (Ley de Financiamiento Educativo, condiciones laborales, programas educativos, PNFP, entre otros)”.

Además aseguraron "Asumimos nuestro compromiso con la Educación Pública para la liberación de los pueblos y reconocemos la importancia de la evaluación como parte del proceso educativo y de nuestro trabajo cotidiano en las escuelas. Sin embargo, somos conscientes de que las pruebas estandarizadas y la aplicación masiva de dispositivos de evaluación, desde el Ministerio de Educación de la Nación, no se acercan a los sentidos formativos que desde las pedagogías críticas y el conocimiento construido como gremio le asignamos a la evaluación de los aprendizajes.

Por último, señalaron: “como trabajadores de la educación apostamos a una mirada crítica que como colectivo docente nos alerte sobre las implicaciones y ponga en debate el “Operativo de Evaluación Aprender” en el marco de las políticas públicas educativas y sociales vigentes para no claudicar ante la defensa de la escuela pública, un mayor financiamiento educativo que garantice la igualdad de oportunidades y la dignidad y respeto al trabajo docente como función del Estado de derecho en el que garantice la distribución de la riqueza y la democracia para todos”.

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