El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Cámara de Diputados debatirá en comisión un proyecto que establece la adhesión de Entre Ríos a la denominada Ley de Cannabis Medicinal. Según establece la iniciativa, el Ministerio de Salud queda facultado “a realizar e impulsar investigación, capacitación y difusión de los fines medicinales de la planta de cannabis”. El proyecto dispone la creación de un registro voluntario de pacientes
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles a las 9 y debatirá un proyecto de la diputada Miriam Lambert (FpV) que dispone la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados.
A través de la iniciativa, se faculta al Poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios con el Ministerio de Salud de la Nación a efectos de incorporarse al “Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, creado por el artículo 2 de la Ley N° 27.350 y conforme la invitación establecida en el artículo 12 de la misma norma.
El proyecto determina que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que queda facultado “a realizar e impulsar investigación, capacitación y difusión de los fines medicinales, científicos y terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados”.
El artículo 4º de la iniciativa crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, un “registro voluntario a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nacional 23.737 la inscripción de los pacientes y familiares que -presentando las patologías incluidas en la reglamentación y prescriptas por médicos matriculados- sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales”.
"La legislación nacional demuestra que estamos construyendo una nueva perspectiva como sociedad y esto habla de crecimiento colectivo consciente, que no prejuzga sino que el contrario, propone una mirada abierta y comprensiva sobre la utilización del cannabis y sus efectos en la salud”, sostuvo Lambert, según lo publicado por APF.
“Estudiosos en el tema sostienen que la planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre ellos, la medicina. La planta posee distintos principios activos, denominados cannabinoides, los cuales tienen muchas propiedades medicinales, permitiendo que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas tales como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico de tipo neuropático, reumático y oncológio, alzheimer, etcétera”, agregó.
En este sentido, Lambert consideró que “el Estado en sus distintos niveles nacional, provincial y municipal debe tener un rol preponderante como promotor, custodio y garante de la salud pública, garantizando a todos sus ciudadanos mayor y mejor calidad de vida. No se trata de tener una postura prohibicionista, negando lo existente, negando los hechos sociales, negando en lo particular que madres y miles de pacientes en nuestro país usan el cannabis para mejorar su calidad de vida”.
“La legislación a la cual queremos adherir, es una normativa de salud y para ello siguiendo en orden a lo nacional, necesitamos un Estado presente, activo, que apueste a la investigación científica, que proporcione todas las herramientas necesarias a los profesionales de la salud y científicos a los efectos de lograr una alternativa terapéutica con cannabis medicinal para diferentes patologías que no responden a tratamientos convencionales. Hablamos de mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren distintas enfermedades, de que las personas que lo necesiten tengan un acceso en forma legal al cannabis medicinal, que sean acompañados por el sistema de salud, otorgando este, seguridad y calidad”, destacó.
Finalmente la diputada provincial pidió a sus pares que acompañen el proyecto y que se avance “en medidas reales que contemplen los avances sociales, reafirmando una nueva mirada de la salud pública, que nos interpela a considerar que las prohibiciones extremas muchas veces se convierten en violaciones a los derechos humanos y convencida de que el derecho a la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos”.
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