El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El empresario argentino Gustavo Sancho está acusado de liderar una banda que importaba la mejor cocaína desde Perú y se encuentra preso desde el 14 de noviembre por orden de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Junto a él, hay otras 12 personas detenidas, entre ellas su esposa y sus tres hijos varones: Alan, Franco y Ayrton, quienes podrían ser procesados por narcotráfico y lavado de activos.
El final del líder de la banda se precipitó por la detención de su piloto preferido, el brasileño Héctor Antonio Machado (40), quien volaba las avionetas con la droga por rutas trazadas especialmente para esquivar los radares. Una de esas avionetas Cessna 2010 cayó en una zona rural del departamento de San Salvador, en Entre Ríos, el 12 de julio de 2016 pero el piloto logró escapar y no se encontró nada en su interior. Sin embargo unos meses después, cuando Machado cayó preso en Paraguay, en su celular se encontró una foto de la avioneta abandonada en Entre Ríos. Los investigadores creen que se la mandó a Sancho para avisarle lo que había pasado.
La tarde del 9 de septiembre de 2016, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpieron en la estancia La Maricela, en el distrito de Yasy Cañy, del departamento de Canindeyú. Allí secuestraron una avioneta Cessna 210, tres camionetas y 11 bolsas de arpillera repletas de cocaína: unos 400 kilos.
En ese operativo hubo seis detenidos pero uno de ellos, el piloto brasileño Héctor Antonio Machado (40), sería clave un año después, para cerrar el círculo sobre el empresario argentino Gustavo Sancho (56), acusado por narcotráfico y detenido el 14 de noviembre por orden de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Dueño de una ruta narco sofisticada - con postas desde Puno (Perú), pasando por Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Canindeyú (Paraguay)- los investigadores aseguran que Sancho tercerizaba la logística de los envíos en avionetas que llegaban, principalmente, a territorio bonaerense.
Lo único que no delegaba, ni rotaba, eran los pilotos. Y su preferido era el brasileño Machado, un hombre que, por 65.000 dólares el viaje, tomaba la cocaína en los laboratorios de Perú (donde hay que saber sortear las corrientes de aire) e iba cumpliendo con las postas, aún con el peor clima, hasta llegar a destino. La ruta había sido trazada para esquivar los radares.
La detención de Machado en Paraguay fue un golpe para Sancho. Tanto que lo forzó a dar un paso en falso. Preocupado, fue hasta un locutorio (nunca usaba su celular y ni siquiera lo llevaba encima para no activar antenas) y llamó a uno de sus abogados, Matías Jachesky.
Jachesky había defendido a Sancho en una causa del 2010 en la que se lo involucró con una avioneta que había aparecido abandonada en la zona rural de Corzuela, Chaco. La conversación entre ellos pudo ser escuchada porque Arroyo Salgado tenía intervenido el teléfono del abogado chaqueño. En la charla, el empresario da detalles sobre la detención del piloto y se muestra preocupado por su posible vinculación.
Jachesky es otro personaje central de la historia y por eso fue detenido el mismo día que Sancho. Entonces se allanó la Defensoría Oficial de Chaco, donde el abogado había sido nombrado pese a sus estrechos vínculos narcos.
Además de su relación con Sancho, Jachesky representó a Carlos Salvatore (condenado por la Justicia de Chaco en el caso Carbón Blanco). Los nexos son tan estrechos que en la causa de Arroyo Salgado a Jachesky lo defiende Luis Sasso, otro abogado del equipo de Salvatore.
Para la investigación de Arroyo Salgado -que ya acumuló 50 cuerpos y 12 detenidos- fue central la información que aportó la Unidad de Operaciones Antidroga de Gendarmería y también la que consiguió la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) quien hizo de nexo para que la Senad paraguaya aportara todos los datos de dos operativos que apuntaban a Sancho.
El primero, bautizado como “Operación Pepino”, fue el 25 de agosto de 2015 y terminó con 372 kilos de cocaína secuestrada. El dato más importante fue que en una de las camionetas de los narcos había un GPS que tenía marcado como destino el mismo campo de la localidad bonaerense de General Belgrano donde, tiempo después, en diciembre de 2016, se encontraría una avioneta abandonada.
Todo se relaciona y apunta a la misma organización. Otro ejemplo: el 12 de julio de 2016 una avioneta Cessna 2010 cayó en una zona rural del departamento de San Salvador, en Entre Ríos. El piloto logró escapar y no se encontró droga. Pero unos meses después, cuando Machado cayó en Paraguay, en su celular se encontró una foto de la avioneta abandonada en Entre Ríos. Los investigadores creen que se la mandó a Sancho para avisarle lo que había pasado.
Las fechas de este incidente coinciden también con un episodio, ocurrido en 2016, que protagonizó uno de los hombres de confianza de Gustavo Sancho, actualmente prófugo en la causa de Arroyo Salgado.
Por pedido de la jueza Federal de San Isidro se había instalado una cámara tipo domo a unos 150 metros de la casa de Sancho, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Y también se había montado una guardia permanente de Gendarmería. Fue así que, cuando uno de los miembros de la banda salió con un bolso, los gendarmes comenzaron a seguirlo.
El hombre tomó por la autopista Buenos Aires/ La Plata pero en el peaje de Hudson se impacientó y pasó de largo. Fue así que la Policía logró pararlo. Los gendarmes se sumaron al operativo y así fueron testigos de cómo el hombre llevaba en el bolso 65.000 dólares, justo la suma que, según las escuchas, cobraban los pilotos que transportaban la droga.
Iniciada en 2014, la causa está a punto de entrar en una etapa clave, ya que en las próximas horas la jueza Sandra Arroyo Salgado deberá decidir si procesa por narcotráfico y lavado de activos a los 12 detenidos el pasado 14 de noviembre. Entre ellos no sólo esta Sancho, sino también su esposa y sus tres hijos varones, Alan, Franco y Ayrton.
Alan, piloto de carreras, fue secuestrado en 2009 por una banda que lo tuvo retenido casi dos días, reclamó el pago de 200.000 euros y finalmente lo liberó sin cobrar un peso.
Ese es uno de los tantos episodios extraños que rodean a Sancho, como la denuncia que lo vinculó al crimen de Candela Rodríguez, el cuartito con acceso cifrado de su casa donde el perro rastreador de dinero de la AFIP hizo una marca o las interminables triangulaciones que hacía para llegar a una reunión en Santa Cruz de la Sierra, base de operaciones de la organización.
Según los investigadores, a través de esa ruta llegó a meter en la Argentina unos 1.000 kilos semanales de la mejor cocaína peruana.
Fuente y foto: Clarín
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