El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez Federal Claudio Bonadío lleva adelante una causa que investiga irregularidades en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En dicho proceso quedaron bajo la órbita del magistrado doce municipios entrerrianos por haber sido los receptores del dinero para aplicar el programa en sus territorios. Concordia, Gualeguay, San Salvador; Puerto Curtiembre, Oro Verde, San Benito, Tabossi, María Grande, Hasenkamp, Larroque, Aldea San Antonio y Urdinarrain son los municipios entrerrianos que están en una lista de 200 gobiernos municipales que formaron parte del programa. Por esta causa también están procesados los exfuncionarios Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por haber aprobado un reparto irregular de 604,5 millones de pesos a distintos municipios en el marco de un programa destinado a mejorar el manejo de los residuos.
Bajo la lupa quedaron más de doscientos municipios, entre ellos, doce entrerrianos, que recibieron fondos para la realización de proyectos de gestión de sus residuos sólidos urbanos, en el marco de un programa desarrollado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos surgió como parte de una estrategia nacional basada en principios de preservación de la salud pública, preservación ambiental, disminución en la generación de residuos y la generación de mecanismos de disposición final y eliminación de basurales a cielo abierto, publicó Página Judicial.
Un informe nacional sobre la generación de residuos en todo el país reveló que en 2011 en Entre Ríos se producían 899 toneladas de basura por día, lo que hacía un total de 328.135 toneladas al año y un promedio de 790 gramos por habitante por día.
En ese marco, doce municipios entrerrianos recibieron, entre 2013 y 2015, un total de 9.091.493,49 pesos para el desarrollo de distintos proyectos, tales como erradicación de basurales a cielo abierto, confección de rellenos sanitarios, construcción de plantas de tratamiento de residuos, compra de maquinarias y la elaboración de campañas de concientización de la población. Se trata de Concordia, Gualeguay, San Salvador; Puerto Curtiembre, Oro Verde, San Benito, Tabossi, María Grande, Hasenkamp (departamento Paraná); Larroque, Aldea San Antonio y Urdinarrain (Gualeguaychú).
El fallo del juez Bonadio no ahondó en el detalle sobre la responsabilidad de los municipios en la administración de los fondos recibidos para la instrumentación de los proyectos, como lo sugirió Capitanich en su descargo (“son los responsables de su ejecución los que deben ser evaluados”, dijo). No obstante, aseguró que “la totalidad de los proyectos tenían observaciones, algunas con mayor entidad (por ejemplo, falta de firma del intendente) y otras de menor valor (falta de documentación complementaria)”, al tiempo que resaltó que “las anomalías / faltantes / cuestiones dudosas, son la regla; y el cumplimiento de lo pautado o normado, la excepción”.
También señaló que los proyectos presentados por los municipios “resultaron ser deficientes en cuanto a su objeto, cumplimiento y rendición, siendo que en su alta mayoría –y pese a las irregularidades con los que fueran gestionados y de haber recibido el dinero acordado–, tampoco habrían sido cumplidos”. Lo cierto es que el fallo no brinda un detalle de cuáles cumplieron con las metas y cuáles no lo hicieron.
En esa cadena de responsabilidades, el juez consideró que los principales responsables en “el esquema de la maniobra ilegal” eran los asesores técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que tenían a su cargo la elaboración de los dictámenes respecto de la factibilidad de cada uno de los proyectos y debían hacer el seguimiento posterior. “Resulta insólito que todos los proyectos presentados (…) sean evaluados como viables y enmarcados en los supuestos de protección ambiental, tal como fuera señalado en la totalidad de los informes técnicos rubricado por cada uno de los imputados. Más cuando todos presentaban irregularidades”, resaltó.
Entre 2013 y 2015, los jefes de Gabinete administraron 604.529.670,17 pesos. Según Bonadio, eran el “último eslabón” de la maniobra delictiva, porque ellos aprobaron los convenios y habilitaron los pagos a cada uno de los municipios. “Sin este paso no hubiera existido transferencia de fondos federales a las jurisdicciones municipales, ergo, no se habría perpetrado el ilícito investigado”, argumentó el magistrado en el fallo.
Bonadio sostuvo que Aníbal Fernández y Jorge Capitanich permitieron “el desvió de partidas presupuestarias” y utilizaron el programa como “una pantalla” para el “reparto arbitrario y desigual de los fondos del Estado Nacional a municipios determinados”. Ambos fueron procesados por el delito de fraude contra la administración pública. En cambio, Juan Manuel Abal Medina, también ex jefe de Gabinete, recibió la falta de mérito porque, según explicitó el juez, fue “el único que dio una explicación medianamente lógica sobre su gestión”.
El juez también procesó a los exsecretarios de Ambiente Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; a sus asesores Ricardo Hugo Salvioli, Raúl Alejandro Fernández, Jorge Eduardo Alcántara, Andrés Matías Meiszner; y a los técnicos Rubén Marcelo Ybarra, María Inés Ciampi, Federico José Altilio y Marcelo Eduardo González.
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