El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Raúl Barrandeguy, representante legal del ex gobernador Urribarri, dijo que "no es definitorio" el pedido de elevación a juicio que incluye a su defendido, sino que este acto procesal "deberá ser evaluado por el juez de Garantías".
La semana pasada se conoció la información que se había pedido la elevación a juicio de la causa por "negocios incompatibles con la función pública que involucra entre otros a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera". Al respecto, Raúl Barrandeguy, defensor del ex gobernador de la provincia expresó que "de ningún modo existe una medida definitoria, sino que se trata solo de un pedido que deberá ser evaluado por el juez de Garantías a cargo, para lo cual se llevan adelante diversas acciones procesales, entre las cuales se encuentra la respuesta de la defensa propiamente dicha".
"Constituye un acto más del proceso que informa la voluntad de los fiscales de promover la acción penal provisoriamente", manifestó Barrandeguy. "La elevación es un decreto judicial, es decir, es una decisión del juez", indicó.
En este sentido, Barrandeguy dijo que no existe responsabilidad penal de su defendido por lo que solicitarán "el sobreseimiento del ex mandatario, no sin antes insistir con el planteo que vienen sosteniendo respecto de que los fiscales no han contemplado el desempeño de los organismos de control en cada uno de los expedientes cuestionados".
"Es un error serio obviar la intervención de esos organismos en la medida en que hacen al funcionamiento mismo del Estado, y por ello están conformados por profesionales especializados, con estabilidad política, autonomía funcional y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad de los actos de gobierno", referenció.
En ese marco recordó que existen controles tanto previos como posteriores que son ejercidos por la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo y la Fiscalía de Estado. "La aprobación del gasto público otorgada por estos órganos exime a cualquier funcionario de toda responsabilidad no solo administrativa e institucional, sino también penal", sostuvo.
Barrandeguy también objetó las acusaciones planteadas por los fiscales "en tanto las mismas se apoyan en la figura de una supuesta sustracción, y lo cierto es que no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", puesto que sólo es "una autorización para gastar" fondos públicos.
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