El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Justicia dispuso un embargo de 26 millones de pesos al ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los 24 millones de pesos.
El embargo alcanza también al ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por 26 millones de pesos, más la inhibitoria general de bienes.
El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Báez, y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de ocho años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
El embargo, que no se conocía hasta ahora, fue resuelto por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl en el mismo momento en que recibió el pedido de elevación a juicio de la causa caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros”, investigación que deja en situación muy incómoda al reelecto presidente de la Cámara de Diputados: embargado, con pedido de desafuero, a punto de sentarse en el banquillo y acusado de graves delitos de corrupción.
La investigación judicial, que ahora llevan adelante los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, es lo suficientemente grave y de envergadura.
El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.
La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz, y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de ocho años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de 24.204.918,69 pesos a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Esa petición de remisión a juicio deberá ser resuelta por el juez Ruhl. Aunque mientras corre el plazo para que se tome esa determinación, trasciende el embargo judicial sobre casi todos los involucrados -a algunos, como Gustavo Tamay, no se le comprobaron bienes para embargar, a excepción de una motocicleta Zanella-, y en el caso de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, lo que se llevó adelante es un inventario general para evitar que, en caso de ser condenados, se enajenen, y se pierda la posibilidad de ser decomisados.
El embargo y la inhibición general de bienes para todos los imputados son medidas que usualmente se solicitan en causas penales por corrupción para que, en caso de haber condena, el Estado pueda ir con una acción civil para conseguir resarcirse de las pérdidas. En ese caso, le corresponderá a la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, encabezar la acción civil contra Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los imputados.
La medida se pide judicialmente en esta instancia para evitar que, desde el momento en que la causa se remite a juicio hasta que se los condene, empiecen a desprenderse de los bienes.
Todos los embargos dispuestos ya fueron notificados a los Registros de la Propiedad por lo cual ni Urribarri, ni Báez ni Aguilera ni el resto de los imputados podrá, en esta instancia, a transferir ninguno de los bienes que posee.
Fuente y foto: Entre Ríos Ahora
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