El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Se trata de una causa en las que fueron denunciados por supuestas irregularidades en contrataciones de publicidad durante la gestión anterior. En la denuncia, formulada en 2013, se apunta a una empresa. Cada una de las contrataciones está contenida en decretos, que en su mayoría fueron firmados por Sergio Urribarri y Pedro Báez. El ex mandatario presentó un escrito en el que negó las acusaciones y cuestionó a la justicia. En los próximos días declaran otros imputados.
Sergio Urribarri se presentó este miércoles en el Juzgado de Transición Número 3, a cargo de Gustavo Maldonado. En rigor dejó un escrito. Fue por motivos de una investigación iniciada tras la denuncia del entonces diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR), por supuestas irregularidades en el manejo de publicidad durante la gestión anterior.
El ex mandatario llegó temprano a tribunales, buscando evitar los flashes, acompañado de sus abogados, Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende. Según pudo reconstruir Página Judicial, no declaró pero presentó un escrito en el que se despegó de la acusación, dijo que las contrataciones publicitarias se habían realizado de acuerdo a las normas, que habían sido autorizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación y que no habían sido objetadas por los organismos de control. También negó conocer a la empresa Global Means SA –una de las beneficiadas por las contrataciones de publicidad– ni a sus socios o responsables; y se quejó de que la justicia se ocupara de investigar acciones de gobierno.
En el año 2013, D’Agostino fue a los tribunales por entender que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez, “utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor”. Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa, a quien se menciona como testaferro de Báez. Ambos están denunciados. La causa se desarrolla en el sistema viejo.
La fiscal que interviene en el expediente es Viviana Ferreyra, quien estuvo ayer también en el acto de indagatoria de Urribarri.
D’Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 509.896,60 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5Nrecibió 200.000 pesos; se otorgaron 788.735,52 pesos al diario Uno; 271.204,37 pesos a Sociedad Anónima Entre Ríos (El Diario); la empresa Galda SRL, asociada al Grupo Clarín, recibió 100.188 pesos; mientras que otros medios “sin identificar” y “revistas varias” recibieron 510.997,07 pesos.
El legislador también mencionó la contratación de artistas, en el marco de los programas “Música por la Conciencia” y “Música para Todos” y la contratación directa de los avisos en los medios y de la publicidad gráfica y rodante para la difusión de esos eventos, por 583.212 pesos.
En la denuncia, que forma parte del expediente, se mencionó también el aporte de un subsidio por un millón de pesos que hizo el Ministerio de Cultura y Comunicación a la Universidad de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires, para “apoyo, producción, realización y dirección del largometraje Puerta de Hierro”, en el que actuó Víctor Laplace.
Cada una de las contrataciones está contenida en decretos –la mayoría de ellos firmados por Urribarri y Báez– que se encuentran incorporados a la causa.
El ex ministro y actual diputado provincial está citado a prestar declaración indagatoria el próximo viernes 23 de febrero; mientras que el empresario Buffa deberá comparecer el lunes 26. Desde ese día, el juez Maldonado tendrá diez días para resolver la situación procesal de cada uno, es decir, si los procesa, los sobresee o dicta la falta de mérito.
Informe: Página Judicial
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