El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El fiscal Alejandro Cánepa y el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, pidieron 5 años y medio de prisión para el ex vicegobernador Héctor Alanís y el ex senador radical Humberto Re.
El Ministerio Público Fiscal consideró que “la duración del proceso -más de 15 años- fue tenida en cuenta” para formular el pedido de pena. Asimismo, se reclamó la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 pesos más las costas del juicio. En tanto, la querella suscribió a lo expresado por la acusación pública y solicitó la pena de 3 años de prisión condicional.
Por su parte, las defensas de Alanís y Re solicitaron la absolución. Cabe señalar que Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra acordaron con la Fiscalía un juicio abreviado y aceptaron una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.
Los alegatos de parte en la causa que ventiló el desvío de dinero de la Cámara de Senadores de la provincia, entre 1995 y 1999, se desarrollan este jueves desde las 9.30 en los tribunales locales. “El Ministerio Público Fiscal considera probado el delito imputado. Alanís y Re fueron quienes dispusieron la salida de dinero para las operaciones a través de la firma de cheques al portador”, alegó Cánepa.
“Había un Senado en Minoría, esto implicaba gobernar de una manera muy complicada. La mejor prueba de que esto formo parte de una connivencia entre los dos partidos políticos, es que no hubo ni la más mínima oposición durante el período. Acá hubo un acuerdo entre Alanís y Re, en representación de las fuerzas políticas. En tanto, Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra fueron los brazos ejecutores”, acusó el procurador García.
Además dijo que el delito no hubiese sido posible sin “la acción dolosa” de (Cristian) Treppo y (Marta) Pérez, ambos ex auditores en terreno del Tribunal de Cuentas de la provincia. “Treppo había sido llevado por Alanís y no en vano, hoy es intendente de Seguí por el mismo partido político”, lanzó García. Y agregó que “Treppo está a punto de llegar a juicio oral por lo que he denominado las obras del pavimento de oro”. “Treppo y Pérez eran el reaseguro de que el delito se cometa, hubo una connivencia dolosa”, acotó.
Para la Fiscalía, el Peculado ya se concretó en la emisión de cheques “por más de 500.000 pesos al portador, porque se perdió la cadena de custodia del dinero público, ya que eran cobrados por empleados sin jerarquía alguna”. “Las personas que deciden son las que llevan a cabo estas acciones que no son realizadas por pinches, y si los pinches lo hacen es a raíz de acuerdo u orden de quiénes deciden”, asentó.
En tanto, desde el MPF también marcaron que el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya aprobado en su momento las maniobras, “no significa que esto sea cosa juzgada”, porque “eso corresponde a cuestiones administrativas y no exime a la justicia penal ni civil”.
El delito acusado es el de Peculado en concurso real continuado.
A su turno, los querellantes Juan Torres y Julián Grascia de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción respectivamente, adhirieron al alegato del Ministerio Público Fiscal y solicitaron penas de 3 años de prisión condicional. Cabe mencionar que los abogados querellantes, en este caso en representación del Estado como afectado, no emitieron pregunta alguna a ninguno de los testigos. Ese rol pasivo se tradujo en la etapa de alegatos, puesto que se limitaron a suscribir lo dicho por los fiscales con la salvedad de solicitar una pena menor de prisión condicional.
Las defensas solicitaron la absolución
Al ex vice gobernador lo defienden Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. Por su parte, el ex senador Re es defendido por su hijo y Tulio Kamlofsky. En ambos casos, los representantes de los imputados solicitaron la absolución por el delito que se les acusa.
Federik tomó la palabra en primer término para asegurar que "la ausencia de los comprobantes por el monto investigado -alrededor de seis millones de pesos/dólares- no implica que ese dinero no haya ido al destino que tenía asignado". Es decir, que no haya existido documental respaldatoria de esos gastos no implica que los mismos no se han materializado. Según el letrado, esta lógica contable de que ante la ausencia de comprobantes se deduce que el dinero desapareció sin argumentos, es falaz. Federik aseguró que un perito debe señalar dicha ausencia, pero que el Tribunal debe interpretar la prueba de manera crítica y con razonabilidad jurídica.
"Nosotros no pudimos probar que pasó con ese dinero porque los comprobantes no están. Desaparecieron en la gestión siguiente a la de mi defendido. Reitero, desaparecieron en la gestión posterior a la que se está investigando. Si yo tuviese la posibilidad de traer esos comprobantes, no tengan ninguna duda de que los sumo como prueba", expresó el letrado. El abogado defensor del ex vicegobernador aseguró: "Lo que si pudimos probar es el sistema: que había senadores que tenían personal contratado y gestionaban subsidios, que todo ello se pagaba en efectivo y que había un monto estipulado e incluido en la dieta de los legisladores". En esa línea, reiteró: "No pudimos traer los comprobantes en cuestión, pero si probamos el sistema".
En esa línea, remarcó que el Ministerio Público Fiscal debería "haber comprobado que se hizo con ese dinero que presuntamente se desvió y no si existían o no los comprobantes". Es por eso que la defensa argumentó que la Fiscalía no logró probar el delito por el cual acusó a Re y Alanís.
Lambruschini criticó la cantidad de años solicitada por los fiscales -que condenaría a los imputados a una prisión efectiva- y utilizó el acuerdo del Juicio Abreviado como parámetro: "La Fiscalía acordó dos años y ocho meses para los dos condenados, pero aquí pide cinco años y seis meses. Si bien se comprende que la pena en el acuerdo entre partes obtiene una disminución, nos parece que el hecho de que se pida en las audiencias una pena superior al doble, no corresponde", expresó.
El abogado e hijo del ex senador Re tomó por primera vez la palabra para la instancia de alegatos. Luego fue Tulio Kamlofsky quien hizo un correlato del expediente y elaboró la hipótesis de la defensa. Uno de los factores principales de ambas defensas fue la extensión del tiempo en el juzgamiento de los hechos que se investigan. Pasaron 19 años luego de que sucedió el presunto delito y la fecha en la cual se están llevando a cabo las audiencias. En ambos casos aseguraron que los imputados ya pagaron con el paso del tiempo una condena que tiene que ver con lo social y el desgaste. De hecho, Federik aseguró que el periodismo "puso en la parrilla" a los acusados.
La defensa de Re se encargó de describir el rol que adoptó el ex senador durante el proceso: "Siempre estuvo a disposición de la Justicia, se sometió a declaración indagatoria y estuvo dispuesto a responder las preguntas de todas las partes a pesar del riesgo que implicaba su avanzada edad y la posibilidad de falta de memoria, nunca entorpeció el proceso de la causa", explicó su hijo.
Kamlofsky aseguró que "no hay ningún indicio que compruebe el delito" y que "quedó comprobado con el testimonio de varios ex senadores, que el rol que cumplía Re era estrictamente formal". Defendió la postura del acusado al manifestar su confianza en los agentes de control del propio Estado.
Al finalizar la audiencia, Alanís se negó a hablar pero el ex senador Re volvió a hacer valer su derecho de hacer uso de la palabra: "Todo lo que he dicho con anterioridad lo ratifico. Siempre estuve a disposición de todos ustedes. No he cometido nunca ni un delito, estuve 20 años en la administración pública. No hubo un acuerdo ni connivencia con el justicialismo en esto. No me compraron. Esto es lo que tengo para ofrecer: mi decencia, mi trayectoria y mi austeridad, nunca siquiera manejé un auto del Estado, siempre viajé en mi auto y pagando mi propio combustible", ejemplificó.
Fuente y foto: Análisis Digital
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