A 42º años del golpe cívico-militar, que le causó tanto daño a la pais, con miles de asesinatos, detenciones-desapariciones, presos y presas políticas, compañeros y compañeras exiliadas, dejando un pueblo hundido en la pobreza, estamos hoy acá para volver a levantar las banderas de lucha de los 30.000 desaparecidos.
Son 42 años de aquel 24 de marzo de 1976 nefasto, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada para decidir sobre la vida y la muerte. Implantaron un plan sistemático como método, buscaron imponer un plan económico, político, social y cultural del hambre y exclusión con la receta escrita por los Grupos Económicos, el Gobierno de los EE. UU., la cúpula de la Iglesia católica y la participación de la corporación judicial.
Con la Doctrina de Seguridad Nacional, intentaron instalar la idea de un enemigo interno, formando a las Fuerzas Armadas con la Escuela de las Américas para masacrar al pueblo. Nos llenaron al país de miedo. El “no te metas” era la línea editorial de los medios como Clarín, La Nación y tantos otros que fueron partícipes de los delitos de lesa humanidad. Colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos, mostrando como enfrentamientos los crímenes, escribiendo los argumentos de la “teoría de los dos demonios”, justificando lo injustificable, demonizando a los grupos militantes que solamente salían a reclamar por sus derechos, ejerciendo la acción psicológica del terror desde la tinta y el papel, acusando a los sobrevivientes que denunciaban a la dictadura en el exterior de hacer una campaña “anti-argentina”.
42 años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen haciendo lo mismo: hablan de “grasa militante” y de “ñoquis”, apuntando contra el sector trabajador y organizaciones políticas, porque les molesta que la juventud se organice, luche, sea solidaria y comprometida.
Hoy estamos en esta Plaza con el miedo nuevamente entre nosotros. Porque las fuerzas de seguridad parecen tener vía libre para quitarnos la vida. Facundo Ferreira tenía 12 años, fue asesinado en Tucumán por la policía brava del gobernador Manzur del FPV-PJ, que lo baleó por la espalda y el Gobierno del peronismo tucumano salió a respaldar el gatillo fácil policial. El 1 de marzo, se cumplieron siete meses desde la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la única certeza sobre el caso, aún hasta el día de hoy, es que el 1 de agosto de 2017 fue visto por última vez con vida huyendo de la brutal represión que Gendarmería Nacional ejercía a fuerza de golpes y balas en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Estos datos siguen señalando al Estado como principal responsable. En lo que va del Gobierno actual, se asesina a una persona en menos de 25 horas a manos de las fuerzas represivas del Estado, siendo la cifra de 725 personas a largo del país, estos datos fueron registrados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.
Nos prefieren obedientes y conformistas, desinformadas y sin educación. Nos pretenden sometidos y asustadas. Pero tenemos las banderas de los 30.000 muy altas, les decimos que al miedo lo conocimos hace rato, con la Triple A y los genocidas, y que no van a detenernos. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, vamos a seguir defendiendo la democracia.
Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el Gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos.
La del 76 fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica. La parte civil del golpe de Estado más asesino de nuestra historia, en el que las Fuerzas Armadas desplegaron algunos de los métodos de tortura más macabros del mundo. Se pusieron en funcionamiento cientos de centros clandestinos de detención, acá en la ciudad funcionó un centro de detención en la sede de la Policía Federal, en ellos se llevaron a cabo la tortura y el exterminio, en los que algunos integrantes de la Iglesia y el Poder Judicial fueron parte de los interrogatorios y las torturas, en los que hubo médicos que participaron en el plan sistemático de apropiación de bebés, en los que se mantenía un país clandestino bajo delitos de lesa humanidad. La participación civil en estos delitos todavía tiene demasiada impunidad. Algunos de los responsables llegaron a juicio, pero la mayoría no. La corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a sus culpables.
Con causas cajoneadas, como la de Papel Prensa, los empresarios genocidas caminan por las calles y hoy vuelven a cargar la tinta contra la democracia. Desde su palco de doctrina, fue el diario La Nación el primero en pedir impunidad para los genocidas al día siguiente del triunfo electoral de Mauricio Macri. Los genocidas civiles no tuvieron un papel secundario: estuvieron en la misma mesa que Videla a la hora de planificar el terror. Incluso usaron oficinas de Clarín y La Nación para cometer sus crímenes, e instalaciones de Ford para secuestrar, torturar e interrogar. Esos civiles, casi en su totalidad, como Blaquier y Massot, continúan impunes.
No sólo nos daña el silencio, sino también la mentira. Por eso, volvemos a decir que la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 fue la de Malvinas, en la que perdieron la vida cientos de personas en nombre de una batalla desigual. A los crímenes de la guerra se les sumaron los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los combatientes, delitos que deben ser juzgados y condenados como parte del accionar criminal del estado terrorista. Esa es una de las deudas de esta democracia, como también lo es la identificación de los 123 cuerpos de quienes perdieron la vida en el conflicto bélico. Seguimos exigiendo el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas.
Esta democracia de más de 35 años tuvo que ser defendida muchas veces. Nadie olvida los levantamientos de los Carapintadas, los cabecillas y partícipes de los alzamientos fueron indultados por Menem, ni la masacre y represión de diciembre del 2001 contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión, con 38 asesinados en todo el país y las Madres nuevamente reprimidas en Plaza de Mayo. Nadie olvida. En septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López y seguimos exigiendo saber qué pasó con él y que haya Juicio y Castigo a los culpables. Tampoco olvidamos la desaparición forzada de Miguel Bru, ni lo que hicieron con Luciano Arruga y Andrea Viera, ni los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Kosteki, Santillán, Mariano Ferreyra y Rafael Nahuel.
Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983, fueron mujeres. La violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres, no se puede igualar a otras. Su particularidad radica en que es consecuencia también, de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Dentro de las modalidades de violencia ejercidas a las mujeres, se encontraban las violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. Por lo que la violación, además de constituir una forma de sometimiento y extorsión, buscaba también el dolor y castigo de las detenidas: disciplinar y "corregir", destruir la integridad física y psíquica de esas mujeres. "Recuperarlas", como decían los oficiales en su jerga. Esta mirada hacia el pasado y hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre mujeres, aporta a la reparación del daño como sociedad, a los procesos de justicia y a la construcción de una memoria colectiva que repudie el terrorismo de Estado.
También afirmamos que es imprescindible seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos.
Hoy, se hace difícil terminar con la violencia hacia las mujeres cuando hay un Estado que genera un vaciamiento a las áreas de atención y protección, con un Poder Judicial patriarcal y sin perspectiva de género, que criminaliza a las víctimas y con un Presidente de la Nación misógino que premia con cargos públicos a quienes denigran a las mujeres. En la actualidad muere una mujer cada 30 hs y sin un Estado comprometido, no hay salida posible, a los funcionarios no les queda otro lugar más que el de la complicidad. Lo mismo podemos decir sobre la trata de personas: mientras sectores del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios, por acción u omisión, son parte del delito, lejos estaremos de terminar con ese crimen que se roba a diario miles de vidas de mujeres, hombres, niños y niñas para la explotación sexual y/o laboral.
¡Basta de femicidios! ¡Basta de trata de personas!
También seguimos exigiendo que se reactive el debate y la investigación de la desaparición de lxs 400 compañerxs pertenecientes al movimiento LGBTQ, cifra que es estimativa, ya que, por presiones de Iglesia, existe una impunidad total, es un capítulo del Nunca Más que aún está abierto y una deuda de la democracia.
A 42 años del golpe genocida, sentimos orgullo de las luchas de las 30.000 personas detenidas- desaparecidas. Las miramos en las fotos y los recordamos con amor, y podemos reivindicar sus luchas. Podemos nombrarlas acá, y saber que son parte de esta memoria colectiva que las abraza. Lucharon por una Patria Grande, justa, libre, solidaria e inclusiva. Y a pesar de las pérdidas, y a pesar del dolor, y a pesar de hoy estar viviendo un retroceso en materia de derechos en el país, nunca perdimos ni perderemos las esperanzas: sabemos que son posibles, los imposibles. A 42 años del golpe genocida, a 42 años de lucha, memoria y militancia, sin derechos no hay democracia.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!!
30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre.
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