El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La tarea de allanamiento en Concepción del Uruguay fue realizada por efectivos de la Policía Federal de Concordia y no por el destacamento asentado en la ciudad. También lo hicieron sobre la empresa gualeya Pitón S.A.
La orden fue del juez federal Claudio Bonadío. Sucedió en la mañana de este jueves en las oficinas ubicadas en Concepción del Uruguay de la firma Lemiro Pietroboni S.A, supo El Miércoles Digital.
Los procedimientos además de la firma Pietroboni alcanzó a la empresa José Eleuterio Pitón SA, se dan en el marco de la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas.
Buscan hallar documentación vinculada a la causa "de los cuadernos", cabe recordar que Víctor Pietroboni, poco antes de morir, dio detalles en una entrevista. Los efectivos federales, que arribaron desde la ciudad de Concordia, estuvieron durante toda la mañana y parte de la tarde en las oficinas de la empresa uruguayense.
Pese a los requerimientos periodísticos de este medio, desde la seccional Concordia de la Policía Federal, se negaron a brindar mayor información sobre el hecho.
La medida se replicó en otras empresas mencionadas por el financista “arrepentido” Ernesto Clarens.
TAMBIÉN EN GUALEGUAY
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, como jefa de una asociación ilícita que integraban empresarios y ex funcionarios.
De acuerdo a lo publicado por el sitio Página Judicial, los efectivos llegaron a las oficinas de la empresa ubicada en calle Rivadavia 50 de Gualeguay con una orden de presentación destinada a conseguir información vinculada a la obra pública y sus negocios en el período comprendido entre 2003 y 2015. La misma medida se dispuso para otras setenta empresas.
El nombre de Pitón había sido aportado por el “arrepentido” Ernesto Clarens. El financista dijo haber recibido instrucciones de José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, para recaudar dinero de sobornos para financiar campañas electorales; y entregó al juez Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli una detallada planilla de Excel con los nombres de alrededor de un centenar de empresas constructoras que pagaban esos sobornos, la fecha y los montos, según el monto de la obra y el porcentaje; y explicó que él tenía el trabajo de recaudar o cambiar los pesos a dólares.
En esa planilla aparecían cuatro empresas entrerrianas: Luis Losi SA, de Paraná, que ejecutó obras por 400 millones de pesos; LP Pietroboni SA, de Concepción del Uruguay, que realizó trabajos por 200 millones de pesos; Codi SRL Construcciones, de Concordia, que ejecutó distintas obras nacionales por 70 millones de pesos; y José Eleuterio Pitón SA, de Gualeguay, que hizo obras por 60 millones de pesos.
A raíz de eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia que informe quiénes eran las autoridades de las empresas y que se informara también si integraron uniones transitorias de empresas (UTE) mediante las que hubieran participado de licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015.
Hace unos días, el financista Clarens presentó un escrito al juez en el que dio más precisiones sobre los representantes de las empresas que llevaban dinero a sus oficinas y mencionó a Daniel Pitón como su contacto en la constructora entrerriana. Sin embargo, quien aparece como responsable en los registros públicos y ante la Cámara Argentina de la Construcción es su hermano, José Luis Pitón.
Losi, que también aparece en las planillas de Clarens, fue el primer empresario entrerriano “arrepentido”. Su nombre lo había aportado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. En su declaración el empresario habló de un sistema cartelizado, donde las licitaciones se distribuían de manera coordinada entre empresas y consorcios de obra pública. Lo llamó “el club de la obra pública”, mencionó explícitamente el pago de coimas e involucró, entre otros, a Luis Losi como uno de los habitués en las reuniones donde se repartían las obras.
Las menciones de las empresas entrerrianas en los “cuadernos de la corrupción” también generaron un tembladeral político. En la provincia, legisladores de la oposición pidieron al Poder Ejecutivo que informe cuáles son las obras adjudicadas por el Gobierno de Entre Ríos o el Gobierno nacional, entre 2003 y 2015, en todo el territorio de la provincia, a las empresas investigadas; también pidieron conocer los montos de las obras adjudicadas, el estado de avance y si alguna se encuentra todavía en ejecución.
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