En 2019, tres miembros del clero de Entre Ríos volverán a ver desfilar por Tribunales sus nombres. Los tres están involucrados en causas penales por abuso y corrupción de menores; dos de ellos, ya tienen condena de sendos tribunales de primera instancia, y para ambos, el fallo fue contundente: 25 años de cárcel. Se trata de Justo José Ilarraz y de Juan Diego Escobar Gaviria. El tercero recién se sentará en el banquillo de los acusados: se trata de Marcelino Ricardo Moya.
Los tres tienen algo en común: fueron denunciados –algunos condenados- por abusos contra menores de edad. El 28 de febrero comenzará el juicio contra el cura Moya. El 7 de marzo tendrá lugar la audiencia en la que se tratará el recurso de apelación a la condena a prisión por 25 años dictada en mayo de 2018 contra Ilarraz, que cumple prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme de manera domiciliaria.
Y Escobar Gaviria enfrenta su segundo juicio por un quinto caso de corrupción de menores que se desarrollará entre el 23 y el 24 de mayo en los Tribunales de Gualeguay.
Marcelino Moya
El 28 de febrero está previsto la apertura del debate oral en la causa que involucra al cura Marcelino Ricardo Moya. Son dos denuncias por hechos que habrían ocurrido mientras ejerció como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima y docente en el Colegio La Inmaculada, de Villaguay.
Del juicio tomarán parte por el Ministerio Público Fiscal, Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay; los abogados Florencio Montiel y Juan Cosso, por la querella; y el defensor del sacerdote José Ostolaza.
El cura Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y un estudiante de Derecho.
Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces según consignó el sitio Entre Ríos Ahora.
Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese Tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
Extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que, en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.
Ostolaza piensa en un efecto cascada que convertiría en nulas las condenas no sólo a Ilarraz sino también al cura Juan Diego Escobar Gaviria, y dejaría a salvo del peso de la ley a Moya.
Mientras ello no ocurra, el cura Moya deberá sentarse, en febrero próximo, en el banquillo de los acusados, y responder ante un tribunal por las denuncias penales que pesan sobre él.
Justo José Ilarraz
El 7 de marzo de 2019 tendrá lugar la audiencia en la que se tratará el recurso de apelación a la condena a prisión por 25 años dictada en mayo de 2018 al cura Justo José Ilarraz por siete casos de abusos y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná.
En junio último, Ilarraz llegó con un recurso de apelación a la Cámara de Casación Penal. Pero como sus integrantes ya han intervenido en la causa, se debió conformar otro Tribunal para que analice el recurso que reprocha la condena a 25 años de prisión. Ahora, su caso quedará en manos de un Tribunal presidido por el juez de juicio Alejandro Joel Cánepa, a quien acompañarán Cristina Lía Van Dembroucke (jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz), y el vocal Dardo Tortul (del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay).
El lunes 21 de mayo, la Justicia lo condenó a 25 años de prisión de cumplimiento efectivo al hallarlo responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación -en cinco hechos- y del delito de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación -en dos hechos-, y le impuso la accesoria de prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, publicó el sitio Entre Ríos Ahora.
Aunque la preventiva no la cumple en la Unidad Penal N° 1, sino que es bajo la modalidad domiciliaria: está alojado en un departamento de calle Corrientes al 300, de Paraná, “vivienda de la que no podrá salir sin orden judicial, bajo apercibimiento de revocarse este beneficio en caso de incumplimiento”, según los términos del fallo, al que llegaron por unanimidad los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel. La preventiva de Ilarraz se mantendrá bajo la modalidad domiciliaria hasta que la sentencia a 25 años de cárcel quede firme.
Ilarraz es el segundo miembro del clero que acaba condenado a prisión. El 6 de septiembre de 2017 recibió la condena de 25 años de prisión el sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, quien desde el 21 de abril de ese año cumple prisión preventiva al aguardo de que la sentencia quede firme en la Unidad Penal de Victoria.
El lunes 7 de junio, a través de su abogado defensor, Jorge Muñoz, Ilarraz apeló esa condena ante la Cámara de Casación Penal, que ya tiene a estudio los casos de otros dos miembros del clero. A principios de octubre de 2017, los abogados defensores del cura Escobar Gaviria, condenado el 6 de septiembre por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay a 25 años de prisión, al hallarlo responsable de cuatro casos de promoción a la corrupción y abuso sexual en perjuicio de menores, acudieron a Casación en procura de dar vuelta esa sentencia condenatoria.
Escobar Gaviria
El segundo juicio al cura Juan Diego Escobar Gaviria por un quinto caso de corrupción de menores se desarrollará entre el 23 y el 24 de mayo de 2019 en los Tribunales de Gualeguay.
Lo juzgará un Tribunal conformado por dos magistrados de la jurisdicción de Gualeguay, Alejandro Calleja y Alejandra María Cristina Gómez. Y un magistrado de la jurisdicción Gualeguaychú, Mauricio Daniel Derudi.
Precisamente la conformación del Tribunal que debía juzgar a Escobar Gaviria -que purga prisión preventiva desde el 21 de abril de 2017 en la Unidad Penal de Victoria y que ya fue condenado hace más de un año a 25 años de cárcel por cuatro casos de abusos y corrupción de menores- fue lo que generó la postergación de la fecha de inicio del juicio, que debió realizarse entre el 12 y el 13 de noviembre del año pasado.
Originariamente, el Tribunal que debió juzgar al sacerdote quedó conformado por los jueces Calleja, Gómez e Ignacio Boris Telenta, pero el magistrado concursó y ganó el cargo de juez de Garantías N° 2 de Gualeguaychú, y por tanto dejó su puesto de juez de Garantías en Gualeguay.
Los otros magistrados de Gualeguay quedaron afuera por cuanto ya habían actuado en el primer juicio: María Angélica Pivas, Darío Crespo y Javier Cadenas.
Tampoco pudo ser incluido Dardo Tortul porque si bien ahora es juez de juicio, actuó en el debate contra Escobar Gaviria en representación del Ministerio Público Fiscal y llevó adelante la acusación en el primer juicio al sacerdote.
Este segundo juicio a Escobar Gaviria -sacerdote que integra la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo y que fue párroco en Lucas González, en el Departamento Nogoyá, entre 2005 y 2016- es consecuencia del testimonio que brindó un joven (hoy de 18 años), durante el primer juicio, en agosto de 2017. Su caso se conoció primeramente el sábado 19 de agosto de 2017, en Lucas González, apenas días antes del comienzo del juicio en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.
“Pasaba una semana y me empezaba a llamar por teléfono, me pedía disculpas, me escribía por WhatsApp, me decía que me quería mucho, que le hacía mucha falta, que no me aleje de Dios”, contó respecto del acoso que soportaba de parte del ex párroco de Lucas González.
En el escrito de remisión a juicio, el fiscal de la Unidad Fiscal de Nogoyá Federico Uriburu, detalló de modo descarnado de qué modo Escobar Gaviria concretaba la corrupción del menor. Y explica que “todas esas conductas fueron llevadas a cabo en dependencias de la casa parroquial ocupada por el cura en la localidad de Lucas González, pero también efectuó acciones similares en oportunidad de realizar viajes con sus monaguillos con motivo de las misas celebradas fuera de dicha localidad”, publicó Entre Ríos Ahora.
Este menor fue abusado por Escobar Gaviria, pero en el juicio de 2017 se presentó como testigo: contó que supo de los abusos del cura sobre uno de los principales denunciantes, Alexis Endrizzi. Pero su relato fue tan demoledor que a la Fiscalía no le quedaron dudas: este menor también había sido abusado, y entonces se formó el segundo juicio a Escobar Gaviria que se realizará el 23 y 24 de mayo.
El martes 15 de mayo último, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió esa segunda causa a juicio oral.
El menor, además, denunció a otro cura de Lucas González, Hubeimar Alberto Rua Alzate. A un mismo tiempo, ambos curas corrompían monaguillos en la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González.
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