el 6 de febrero será la audiencia sobre la prisión preventiva de quienes hoy están en la Unidad Penal de Paraná por la causa de los contratos truchos.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
La primera información oficial, es decir emitida desde el Poder Judicial, es que el 6 de febrero será la audiencia sobre la prisión preventiva de quienes hoy están en la Unidad Penal de Paraná por la causa de los contratos truchos. Será el comienzo oficial de la segunda temporada. Se revelará si se va al fondo de la cuestión y se le conoce la cabeza al monstruo o el público se quedará sólo con los pies de la criatura. Hay prueba para seguir escribiendo esta historia, pero no toda está en poder de la Procuración General.
La causa que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry bajo las directivas de la fiscal anticorrupción interina Cecilia Goyeneche constituye uno de los casos más escandalosos de las últimas décadas. Se investiga una cifra aproximada de 2 mil millones de pesos que fueron desviados entre el 2008 y 2018 a través de un sistema por el que se adulteraban contratos para fugar dineros públicos a través de prestanombres. La mayoría de ellos con personas de escasos recursos.
La causa no tiene a las autoridades legislativas políticas imputadas. Sólo se le hizo presentar abogado para que tengan acceso a la prueba. A fines de marzo se estaría elevando la causa a juicio, se anunció desde el Ministerio Público Fiscal. Este punto es lo que hace electrizante a la segunda temporada de la saga. Hasta dónde llegará en el poco tiempo que queda.
Están detenidos Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).
Al inicio de la causa, desde un sector de la Procuración General se dejó trascender la inminente imputación de los presidentes de las cámaras legislativas durante el período 2008 – 2018 a excepción de Jorge Busti. Los nombres sindicados, entonces, fueron Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres, José Allende y Urribarri. Otro sector del Ministerio Público Fiscal, en la voz de Jorge García, desmintió esa versión en un comunicado oficial emitido desde el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.
La excepción de Busti es explicada en Fiscalía por la ausencia de información durante el período en que presidió la Cámara de Diputados, es decir entre 2007 y 2011.
Sin embargo se pudo constatar la existencia de un acta firmada por funcionarios administrativos en el que se deja sentado que en Diputados no hay documentación que justifique el gasto durante esos cuatro años. Lo cierto es que la Procuración reformuló la requisitoria que había realizado al inicio de la investigación. En vez de solicitar los contratos a partir del 2008 en ese cuerpo legislativo, lo hizo desde el 2011.
La suerte ha recaído también en un estudio contable: Asesoría Integral, que integran Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. El primero se abstuvo de declarar en diciembre. A diferencia de los integrantes del otro estudio, no hay detenidos ni inhibidos. A Bilbao y Faure se los detuvo, básicamente, por querer entorpecer la investigación. No es lo que ocurrió con los segundos. Este último buffet tiene clientes importantes que manejan montos también importantes, aparentemente. Al punto tal que en su interior opera una boca de expendio de Entre Ríos Servicios, creado para ampliar la red de recaudación de impuestos y servicios. “Contratos truchos de la Legislatura”, “estudio contable”, “servicio del Bersa en el mismo domicilio” aparecen como piezas de un inquietante rompecabezas para armar. Hay más.
A dónde va la plata
En la audiencia en la que se confirmó las detenciones de Aguilera y Almada, previo al intríngulis del habeas corpus, los fiscales dieron a conocer un informe solicitado al Bersa que consta en el legajo. Dejó un dato estremecedor: Almada cobró 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. O sea, seis millones y medio por mes. La pregunta obvia sería: ¿El dinero quedó para el joven Almada o se repartió? Su abogado, Guillermo Vartorelli, invitó a que investiguen el patrimonio y la forma en que vive su defendido. El interrogante que Vartorelli propone dilucidar podría ser clave para llegar a la cabeza del monstruo.
El camino que resta en la investigación es el más interesante. Ese camino venía siendo transitado sin sobresaltos cuando se conoció la relación comercial entre la fiscal Goyeneche y Opromolla en un departamento que compraron a medias y luego alquilaron hasta mediados de este año. Pero también se reveló, a través de este sitio, una relación laboral del marido de la fiscal anticorrupción, Sebastián Orlando, con el estudio Asesoría Integral.
Se conocieron correos electrónicos en los que Orlando se comunica con Krapp por cuestiones de trabajoEsto fue visto por Goyeneche como una organización mafiosa para entorpecer la causa. El Consejo de Fiscales de la Entre Ríos y un sector de la prensa abonó a esta idea. La diferencia es que las ideas están sujetas a subjetividades, en cambio los hechos son inobjetables. ¿Por qué no pensar que por esos hechos hay una protección a un estudio contable que formaba parte de la misma estructura delictiva que el otro buffet? Lo más insólito de todo este capítulo es que la información que puso a Goyeneche en un mal lugar surgió de los allanamientos que ella misma instruyó y forma parte del legajo. ¿No es maravilloso?
Hechos y subjetividades. Así como Goyeneche tiene a los legisladores entrerrianos comiendo de su mano; los legisladores podrán decir que tienen a la fiscal comiendo de las suyas. Todo se conocerá en la segunda temporada.
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