El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La no aprobación del DNU (decreto de necesidad y urgencias) trajo una considerable cantidad de comentarios de personas indignadas porque “no quieren devolver lo robado” y “los chorros se protegen entre ellos”. Además de otras expresiones como “se robaron un PBI”, sin tener noción de a cuánto asciende un Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. Estas líneas no pretenden salir a defender a personas sospechadas de corrupción. La cuestión pasa por algunas afirmaciones propias de Doña Rosa y don Segismundo quienes se informan básicamente por los medios televisivos.
Por ANÍBAL GALLAY
La Constitución reformada en 1994 prevé que el presidente de la Nación suscriba decretos que requieren de urgentes decisiones y cuando el Congreso está en receso. Demás está decir que todos los presidentes han abusado largamente de esta facultad. Pero la Constitución prevé que no podrá haber DNU sobre algunas materias específicas, entre ellas el Derecho Penal. Cuando la materia es derecho penal, debe ser por medio de una ley dictada por el Congreso.
Es uno de los motivos porqué los diputados no lo aprobaron. Era una norma sin destino: cualquier juez la hubiera declarado inconstitucional.
¿Por qué lo hizo el presidente Macri? Es una bravuconada demagógica. Precisamente para que no lo aprueben (como era de prever) y echarle la culpa al Congreso. Y de paso indignar a doña Rosa y don Segismundo, para que acumulen indignación contra “el populismo que no quiere devolver lo robado”.
Extinción de dominio
Sobre la extinción de dominio un ejemplo servirá para ilustrar el camino. El señor Álvarez (ministro de Vías Navegables) es acusado de “meter la mano en la lata”, “quedarse con un vuelto” e incluso pedir coimas para adjudicar obras.
Con la denuncia se abre una causa en el fuero penal porque se trata de uno o varios delitos.
Álvarez tiene la categoría de sospechoso e inclusive de imputado y es inocente hasta que el debido proceso termine en una sentencia que lo responsabilice del delito y la fije una pena.
Antes que se juzgue a Álvarez, el Estado inicia una demanda (en el fuero civil) pidiendo que la casa que posee le sea despojada de su ámbito de dominio y pase al Estado porque Álvarez la adquirió como producto de la corrupción presunta. Álvarez pierde su casa y el Estado (nuevo propietario) le dará algún destino.
Álvarez transitó todo el proceso y se llega al debate oral. Allí el fiscal no puede acreditar fehacientemente que Álvarez cometió delito alguno. Sea porque el fiscal es torpe o las pruebas muy débiles, pero Álvarez es absuelto, y “sin que mengue en modo alguno su honorabilidad”. Algunos jueces escriben estas bobadas.
¿Y ahora? Resulta que Álvarez no es responsable de los delitos y además perdió la casa que tenía para vivir. Álvarez tiene abierta una puerta amplísima para demandar al Estado y si la casa valía un millón de pesos, es probable que los reclamos sumen el triple de esa cifra. Para el Estado será un pésimo negocio.
Por supuesto que los asesores del gobierno saben esto. Pero de todos modos el gobierno de Macri insiste y si no se aprueba el DNU, como ocurrió, habrá una autentica campaña que demuestra que son ladrones, y no quieren devolver lo robado.
La posición del gobierno al respecto es de una debilidad extrema. Cabe agregar que los jueces penales tienen la posibilidad de decomisar, secuestrar, embargar e inhibir bienes de los presuntos corruptos. Existe la posibilidad legal que al mismo tiempo del juicio penal haya actores civiles para reclamar los bienes mal habidos.
Estos DNU son parte de la campaña electoral. Nada de hablar de inflación, baja en el salario, desocupación, devaluación, pobreza, indigencia, jubilaciones paupérrimas… El DNU de la extinción de dominio es una cortina de humo para que doña Rosa y don Segismundo digan: “prefiero pasar hambre antes que vuelvan estos corruptos” o más aun “se robaron un PBI que no quieren devolver…” Y no tienen idea de lo que ello implica: 2.000.000.000.000 de pesos.
rubengallay@hotmail.com
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