El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Cámara de Casación Penal anunciará este viernes 8 de marzo si dispone el cese de la prisión preventiva de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, imputados en la causa donde se investigan las contrataciones irregulares en la Legislatura.
De la Redacción de Página Judicial
La investigación por las contrataciones irregulares en la Legislatura escribe un nuevo capítulo en los tribunales provinciales, esta vez con el pedido de excarcelación de Juan Pablo Aguilera, su cuñado Alejandro Almada –detenidos en la unidad penal– y el contador Sergio Cardoso –bajo arresto domiciliario–.
El debate se trasladó ahora a la Cámara de Casación Penal, donde los defensores de Aguilera, Almada y Cardoso solicitaron el cese de la prisión preventiva por considerar que no se han especificado cuáles son las acciones concretas de entorpecimiento de la causa que pudieron haber realizado y cuál sería el riesgo ante el cierre inminente de la investigación penal preparatoria, tal como han adelantado los fiscales. En el caso de Aguilera y Almada, los defensores solicitaron, al menos, que se les conceda la prisión domiciliaria.
Los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, darán a conocer la resolución el próximo viernes.
El abogado Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera, sostuvo que “no se sabe a ciencia cierta” cuál es el rol que los fiscales le atribuyen a Aguilera en la organización que habría perpetrado el caso de corrupción más escandaloso de la historia entrerriana, un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura, entre 2008 y 2018, con la participación de funcionarios públicos y estudios contables.
El letrado se quejó de que los fiscales señalen a Aguilera como “cabeza de esa organización” porque, según dijo, “eso no surge del material probatorio colectado hasta el momento” e incluso resaltó que el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona, “tiene similares características de actuación”, pero ha transitado el proceso en libertad, mientras que Aguilera se permanece detenido en la unidad penal y el único argumento que se invocó para ello es que su pareja, Luciana Almada, llamó a su madre para decirle que escondiera el teléfono celular.
Por su parte, Miguel Cullen, defensor de Alejandro Almada, se quejó de que los fiscales llevan a las audiencias elementos de riesgo procesal que no han sido probados y, por lo tanto, el encarcelamiento “opera como una condena anticipada”.
El letrado sostuvo además que para sostener la prisión preventiva “el riesgo procesal debe ser actual” y agregó que “no se puede invocar como factor de riesgo un mail del año 2017, cuando ni siquiera se había iniciado la investigación penal”.
A su turno, Guillermo Vartorelli, defensor de Sergio Cardoso, aseguró que en su caso no existe riesgo de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación, algo que ha sido reconocido por la jueza Marina Barbagelata, según dijo, pero que a pesar de ello se le dictó la prisión preventiva aunque en su domicilio. A partir de esa contradicción es que solicitó que se declare la nulidad de esa resolución y se disponga la inmediata libertad del ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.
En tanto, la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, pidió que se confirmen las prisiones preventivas. Dijo que se trata de un “gravísimo caso de corrupción” y describió el vínculo de Aguilera, Almada y Cardoso con una asociación ilícita que, según dijo, “sustrajo dinero de las arcas del Estado durante diez años, se mantuvo en la impunidad y generó una sensación de poder para la mirada del otro”. En eso, explicó, radica el riesgo procesal.
La fiscal resaltó además que Aguilera tenía el poder de decisión sobre las personas a contratar y los montos que percibirían y detalló un entrecruzamiento de información que realizaron con otra causa en la que está imputado por la simulación de contratos de publicidad: “En el allanamiento realizado a la imprenta de Aguilera se encontraron talonarios de diez personas que tenían facturas emitidas a favor de la Legislatura. Cuando fueron entrevistadas (en aquel momento), dijeron que no trabajaban para la Legislatura; sin embargo, aparecen en los cuadernos y en las planillas como cobrando cheques del Senado o Diputados”, reveló.
También dijo que Almada tenía un rol “clave” en la asociación ilícita porque “era quien se llevaba el dinero” que recaudaba la organización y resaltó que en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018 extrajo 112 millones de pesos de cuentas que el Senado tenía en el Banco de Entre Ríos SA (Bersa).
Con estos elementos, el tribunal de casación anunció que dará a conocer su decisión el próximo viernes.
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