El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
¿Qué impacto tiene el robo de cheques en la investigación de los contratos truchos? ¿Qué piensan los abogados sobre el hecho? ¿Quiénes son los responsables de la desaparición? Coincidencias y suspicacias de una historia que se torna pesada.
Por FEDERICO MALVASIO Y JUAN CRUZ VARELA
Parece de ficción: ha sido sustraída una caja que contenía 1.227 cheques emitidos por la Legislatura y que habían sido solicitados para ser analizados por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa de los contratos truchos.
La novedad se conoció este miércoles por la noche en Canal 9 Litoral y da cuenta de que personas desconocidas sustrajeron una caja con el material durante un traslado desde la localidad santafesina de Rafaela, donde se encuentra archivada la documentación del Banco de Entre Ríos SA, hasta la ciudad de Paraná.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry habían solicitado al Bersa que entregara los cheques emitidos por la Legislatura en el período 2008-2018, y la entidad contestó que los solicitaría a la empresa AZ Administración de Archivos SA, a la cual terceriza la guarda de la documentación. El robo se habría producido durante el traslado del material: de entre tantas cajas que había, una persona sustrajo del camión justo la que contenía los cheques.
Al enterarse de que el, la o les ladrones habían escogido esa caja, de entre once que había en el camión, los fiscales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y en procura de que aparezca.
Pero el hecho ocurre en un contexto increíblemente sospechoso. Es que los investigadores habían dejado trascender que la investigación por el desfalco de alrededor de 2.000 millones de pesos, en un período de diez años, mediante contrataciones irregulares de personal en la Legislatura podía tener imputados de peso, es decir, responsables políticos, como reveló esta semana Página Judicial.
Según indicaron fuentes tribunalicias, los cheques desaparecidos no están digitalizados, lo que significa que en caso de que no aparezcan se perdería buena parte de la prueba, ya que no se podrían escanear ni determinar quiénes los firmaron.
El servicio de la empresa AZ Administración de Archivos incluye un seguro por el extravío o destrucción de la documentación que tiene bajo su cuidado, pero lo cierto es que la prueba no está disponible para los fiscales.
Se indicó además que los cheques sustraídos pertenecerían al primer período investigado, lo que provoca mayores suspicacias, dado que los fiscales habían hecho un corte sobre lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el período comprendido entre 2007-2011, precisamente, por falta de documentación. En su momento, Página Judicial había revelado la existencia de un acta en la que se dejaba asentada la inexistencia de la documentación respaldatoria del gasto de ese cuerpo durante esos años. ¿No es maravilloso?
La caja sustraída es de cartón corrugado con capacidad de hasta veinte kilos de documentación; tiene 44 centímetros de largo por 34 centímetros de ancho y 27 centímetros de alto, según la información que brinda la propia empresa. Contenía 1.227 cheques.
El robo provocó estupor entre propios y extraños, pero desde el palacio de justicia intentan desdramatizar la situación y aseguran que el hecho no provoca ningún daño a la investigación porque los pagos figuran en los registros del propio banco y esa documentación ya está incorporada al legajo. También sostienen que si con los elementos que ya están en el expediente había motivos para citar a otras personas para que declaren como imputadas, nada impide hacerlo a pesar de la desaparición de estos documentos. Mejor así.
No obstante, el insólito episodio abre unos cuantos interrogantes, que se plantean varios de los abogados defensores, con distinto interés en el legajo, a los que consultó Página Judicial.
¿Quién debe responder por el robo? ¿Cuántas personas sabían del traslado de la documentación y quiénes conocían la hoja de ruta que seguiría el camión que trasladaba las cajas? ¿Es posible que alguien haya filtrado esa hoja de ruta? ¿A quién beneficia la desaparición de esa documentación? El robo se habría producido el 19 de julio, pero la denuncia se presentó recién cuatro días después. ¿Por qué la demora? ¿Qué responsabilidad le cabe al Bersa por la desaparición de documentos sensibles para una causa judicial que debía estar bajo su esfera de custodia y cuál es la responsabilidad de la empresa que guardaba los archivos? Son algunos interrogantes que deja el confuso episodio.
En lo que coinciden todos es que el hecho debe tener responsables y señalan con el dedo a la seguridad de la empresa que resguarda la documentación y del propio banco; e incluso uno de ellos advirtió, con un dejo de ironía, que a nadie se le ocurra echar culpas “a los tarjeteros u otros perejiles”.
(*) Nota publicada en Página Política este 1 de agosto.
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