Una Justicia tóxica, burra y contaminada

Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone, pasarán a la historia como burros en materia de Derecho Ambiental; asumiendo una actitud tóxica con tal de defender a los poderosos en detrimento del interés general y con una postura propia de quienes desprecian la vida ajena con tal de continuar con sus privilegios.

Por NAHUEL MACIEL de EL ARGENTINO DE GUALEGUAYCHÚ

Esos jueces fallaron a favor de los envenenadores con agrotóxicos y se burlaron de la más elemental inteligencia del pueblo.

Resolvieron confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso la declaración de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del Artículo 2° del Decreto Nº 2239/19 en relación al inicio de la distancia de la “Zona de Exclusión”, la que, en consecuencia, deberá medirse a partir de la “barrera vegetal” y no desde el centro del casco de las escuelas rurales como pretendía el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

La barrera vegetal, se supone, es una defensa contra los agrotóxicos. Hacer una barrera de esas características demanda -como mínimo- diez años. Debería prohibirse fumigar en aquellas zonas donde no existe dicha barrera hasta que se plante una; porque mientras tanto se rociará veneno en una población que ahora quedó indefensa. “Hay que hacer una barrera vegetal de defensa, pero mientras tanto (porque se tardará diez años) rocíen de veneno a los niños”, pareciera indicar la Justicia.

Es momento de hacer una brevísima historia para comprender la genuflexión de los vocales del Superior Tribunal, que pusieron a la Justicia de rodillas frente a intereses sectoriales.

El Foro Ecologista hizo un primer amparo para proteger a las escuelas rurales, que eran víctimas del rociado de venenos. Ese primer recurso se concedió. El gobierno apeló; y la Justicia les dio la razón a los ambientalistas.

Luego, el gobierno –siguiendo directivas, presiones y lobby de la dirigencia del campo- emitió un decreto, sacrificando siempre a los alumnos que debería proteger. Se presentó entonces un segundo un amparo contra ese decreto y la Justicia volvió a darles la razón a los amparistas. Entonces, el gobierno volvió a apelar ese segundo amparo y la Justicia le volvió a dar la razón al Foro Ecologista.

Fue entonces que el gobierno cambió la Ley de Procedimientos Constitucionales de la noche a la mañana, en un tratamiento súper rápido y con la complicidad de ambas Cámaras de la Legislatura, que dicho sea de paso se niegan a establecer una ley en la materia. Es que la mayoría de los legisladores tienen intereses económicos con los agrotóxicos y los otros una gran irresponsabilidad para ocupar una banca y los menos no tienen la capacidad para que se hagan las cosas que hay que hacer, nada menos que las leyes.

A partir de la modificación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, los amparos ya no se tratan más en su fuero natural del Superior Tribunal de Justicia, sino en uno designado de manera que nadie sabe cómo se articula: la manipulación al día, pero disfrazada de sorteos “azarosos”. Ir de pesca a una pecera es mucho más difícil.

Luego, el gobierno emitió un nuevo decreto. Nuevamente se presentó un amparo para que se anule ese decreto y en primera instancia el camarista Virgilio Galanti les dio la razón a los ambientalistas.

La dirigencia agropecuaria estuvo tranquila, porque sabía que, al cambiar la Ley de Procedimientos Judiciales, la última palabra la iban a tener los tóxicos vocales del Superior Tribunal d, que actuarían como empleados de ellos y no como servidores públicos.

El gobierno apeló por quinta vez el fallo, también con la seguridad que ahora “mandan ellos”. Así, los vocales del Alto Tribunal que se conformaron para “analizar” este amparo, concedieron la apelación y dieron libertad para rociar las escuelas con agrotóxicos.

Burros

Si la sentencia en primera instancia del camarista Virgilio Galanti fue considerada no sólo valiente y pedagógica, sino adecuada al siglo XXI; entonces lo del STJ fue cobarde, una burrada y propio del paradigma del siglo XIX.

Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone deberían volver a la Facultad de Derecho y estudiar el principio de prevención como el principio precautorio, y de paso qué es la equidad y el equilibro intergeneracional o sustentabilidad (es decir, la necesidad de preservar los bienes naturales para que las generaciones futuras puedan maximizar sus opciones en el uso de los mismos e incrementar su bienestar).

Ellos –con su fallo- dejaron ahora indefensos a los niños frente a la capacidad de daño de quienes alientan las fumigaciones.

Además, se trata de un fallo tan miserable como indigno, porque lejos de arrebatar el conflicto en la sociedad, lo profundiza, amén de actuar contradictoriamente al mandato de la Constitución Nacional y Provincial. Y esto dicho en una provincia que carece de una política ambiental sustentable; que no tiene una Fiscalía Ambiental e incluso tampoco posee un Defensor del Pueblo. Los ciudadanos de a pie quedan rehenes de estas tropelías jurídicas, cuyas arbitrariedades seguramente serán señaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como lo ha hecho en innumerables casos contra decisiones atroces que adoptó en su momento el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Como un agravante, el Poder Legislativo está embargado por sus propias acciones corruptas y en vez de estar legislando cuestiones de interés general, están “rosqueando” con la Justicia para ver de qué modo se les brindará un salvoconducto para vivir en la impunidad.

El fallo del STJ genera un daño enorme: cuando se percaten del envenenamiento de la tierra, del agua y que los niños atiborran los consultorios oncológicos, será demasiado tarde.

El daño ambiental se computa en pérdida de vida. Lamentablemente, estos vocales del Superior Tribunal de Justicia –con sus suculentos sueldos y privilegios de Palacio- tiene el paradigma del precio, pero es evidente que no tienen el paradigma del valor elogioso de la vida.

Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone, son fieles exponentes de una Justicia tóxica, burra y contaminada.

(*) Artículo publicado en El Argentino de Gualeguaychú este 1º de noviembre.

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