El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La abogada querellante Lucía Tejera argumentó durante casi media hora, en consonancia con su par Marcelo Boeykens. No ahorró críticas al desenvolvimiento de la Justicia Federal “en los años de plomo”, en Concepción del Uruguay inclusive.
Informe: J.R.D de EL MIÉRCOLES DIGITAL
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A continuación su alegato textual:
Nos preguntamos ¿está probado que Stur y Echeverría fueron privados de su libertad, que fueron secuestrados, que sufrieron tormentos?
Entendemos que sí, de los testimonios de Stur y Echeverría, prestados no sólo aquí, en este debate oral, sino en los numerosos testimonios prestados a lo largo de estos 40 años.
Lamentamos no haber podido acceder a las denuncias formuladas. Pero ahí están las denuncias ante la APDH de 1983. La que es casi igual a la de este debate. Es decir, por más de 35 años el relato de Stur permaneció incólume. Y ello, en este debate oral, nos permite dar cuenta de lo reparador que es el testimonio, las víctimas tienen el derecho fundamental de declarar en estos procesos, en los que por su dimensión social, los testigos se convierten en artífices de la memoria, a pesar de lo que significa volver al horror vivido dentro de estos campos clandestinos de detención, sino también porque a lo largo de todos estos años de impunidad, más de tres décadas, la posibilidad de elaboración es de suma importancia.
Y esto lo hemos visto a lo largo de estas audiencias, cómo a lo largo de los años, si bien sin dejar de describir los mismos hechos, porque esto es también para reivindicar en los testigos, no han cambiado los hechos, lo que sí cambia es la percepción de esos hechos. Y más allá de la impunidad de más de 40 años, es importante tenerlo en cuenta, porque la reflexión es otra, la posibilidad de la elaboración es importantísima. Es vital. Y esa elaboración no es individual sino grupal, no hay otra posibilidad.
"...previamente de concurrir a los cuarteles de Concepción del Uruguay, ambas víctimas fueron a ver al Juez Federal (Héctor) Neyra para que el Poder Judicial les otorgue garantías sobre su integridad, ¡lo que les fue negado!"
Y por ello, señores jueces nuestra insistencia al inicio del debate de que puedan declarar los testigos que se habían ofrecido y aceptado en la preliminar.
Porque aquí, en esta causa que llega a instancia oral de manera desmembrada, con imputados fallecidos y otros separados por cuestiones de salud, lo que nosotros llamamos “impunidad biológica”, con víctimas que declaran sólo como testigos pero como decíamos antes, que también dan cuenta de la persecución política a la que fueron sometidas Stur y Echeverría.
Stur relató aquí que fue detenido y secuestrado alrededor de diez veces. Todas por su pertenencia política al Partido Comunista. Entre el 19 de febrero del 1972 al 26 de septiembre del 72 perseguido por la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, fue detenido en Paraná a disposición de la Cámara Federal por violación a la ley 17.401, lo que está acreditado documentadamente; entre marzo del ‘73 y marzo del ‘76, en lo que fue la efímera democracia en nuestro país, fue detenido tres veces, por personal de la Policía de Entre Ríos y de Gendarmería Nacional, una de ellas en el ’75, al otro día de la muerte del referente comunista (Juan Ramón) Chilo Zaragosa.
Pero vaya uno a saber, por qué esas otras nueve u ocho. En realidad, por qué una si se investigó, no se formó causa. ¿Acaso se presumen prescriptas porque no había dictadura? ¿O acaso vamos entender que lo de Bolivia no es un golpe porque no gobierna el Ejército, pero esto es una muestra más de lo mal que funciona la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de la jurisdicción.
Rayamos, diríamos, una negligencia procesal o algo más que seguramente no quedará en esta mera declamación. Porque de acá vamos a pedir la certificación de todos los testimonios para que se remitan a la fiscal (Josefina) Minatta (de Instrucción) para que investigue todo ello.
Luego, ya durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” fue secuestrado el 12 de mayo de 1977 en la casa de los Montesino, en donde también fue detenido Echeverría y otros camaradas más, como Montesino, Jauregui, los hermanos Impini y Bochatay, entre otros, lo que también está corroborado por los testimonios de Impini, Montesino, Díaz y las incorporaciones por lectura de Bochatay y los otros testigos, y por los legajos penitenciarios.
En ese operativo intervinieron (Néstor) Gómez del Junco, (José Luis) Palacios, (Roberto Oscar) Caserotto, todos de Gendarmería Nacional. En ese operativo, a Gabriela Montesino le martillaron un arma en la cabeza para que se calle con sólo cuatro años. Lo relató aquí, relató lo que significa tener ese horror como los primeros recuerdos de su vida. Nos contó también cómo, por más de diez días, ella, su hermano y su mamá estuvieron secuestrados en su propia casa.
También Stur fue secuestrado por 24 horas en diciembre de 1977, llevado a la Jefatura de la Policía de Entre Ríos. Luego, en agosto del 79, detenido por 15 días en Gualeguay por el sargento Sánchez y el cabo Medina, y llevado al Regimiento y luego a la UP (Unidad Penal) de Gualeguaychú. En 1980 fue detenido durante 13 días en las instalaciones de Gendarmería Nacional.
Echeverría, por su parte, también fue detenido en el año 70-71 y llevado a Devoto, luego secuestrado en octubre del 79 por personal de Gendarmería en su domicilio de esta ciudad, llevado al Ejército y luego a instalaciones de la Gendarmería Nacional, poniéndolo a disposición del Poder Judicial hasta el 22 de mayo de 1980.
"UN PLAN SISTEMÁTICO"
Como vemos, señores jueces, aquí no se puede hablar de excesos por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad, sino que hablamos de un plan sistemático de exterminio que tenía como objetivo principal la persecución de militantes políticos. Y la militancia política ha sido objetivo desde siempre, siguiendo las ideas de Marina Franco coincidimos con que la última dictadura cívico militar no fue un episodio aislado, sino una consecuencia de políticas represivas y estados de excepción, que han llevado a cabo los distintos gobiernos democráticos y de facto durante toda la historia de nuestro país, construyendo un enemigo interno para la justificación del accionar ilegal, clandestino y criminal.
Entonces, se tiene por probado que Carlos Stur y Juan Echeverría fueron secuestrados la noche del 28 de enero de 1978 del balneario de Banco Pelay por un grupo de personas pertenecientes a diversas fuerzas, entre ellos, Carlos Stur pudo identificar a Julio Rodríguez, de la Policía Federal Argentina, a Gómez del Junco, de la Gendarmería Nacional.
Stur relató con mucho detalle cuando esa noche, de repente, se apagaron las luces del balneario y alcanzó a ver a un grupo de no más de cuatro personas que se acercaban a la ronda en la que estaban ellos, que de repente vio a una persona que se puso detrás de su compañero y camarada Juan Echeverría, que identificó como Julio Rodríguez, a quién conocía de antes, que le puso una pistola en la cabeza y automáticamente tuvo la misma sensación en su sien.
"Son escasísimos los casos en donde el Poder Judicial alzó la voz durante la dictadura".
Ambos relataron que fueron vendados, que los cargaron en la parte trasera de un auto, que dijeron que podría ser un Ford Falcon por el ruido del motor. Recordemos que el imputado tenía un Ford Falcón color verde, por eso su apodo y por ello era conocido en los diversos ámbitos de militancia como “Moscardón Verde” porque lo veían en todos lados haciendo tareas de seguimiento. Esto fue relatado por varios testigos en la Causa Harguindeguy, en donde Julio Rodríguez fue condenado, y también en causa Mazzaferri. Montesino Gabriela señaló que siempre iba el Falcon verde. Es decir, siempre iba el Moscardón.
Entonces, Stur y Echeverría fueron llevados hacia la casita blanca, a esa quinta, a la que el día 5 de noviembre fuimos a realizar la inspección judicial, y en donde ambas víctimas de manera contundente reconocieron como el lugar al que fueron llevados y sometidos a diversos tipos de tormentos.
Stur relató, en su declaración del 5 de noviembre, que los tiraron en una habitación, que fue atado junto con Juan Echeverría y los tiraban a cada uno para el lado contrario. Juan Echeverría dijo que sentía como un “ahorque” cada vez que esto sucedía, como si tuvieran alrededor del cuello un alambre muy finito. “Nos pegaban como con unas manoplas de hierro en la cabeza”, relató Stur, “o pudieron ser golpes fuertes, me pegaban en el oído”.
Luego, Stur es atado de pies y manos como ‘palomita’ y sintió cómo su compañero y camarada Juan Echeverría fue llevado a otra dependencia, en donde comenzaron a interrogarlo bajo tortura mientras a él le pusieron cerquita de sus oídos una música tranquila como “una cajita musical”, relató en estas audiencias.
Juan Echeverría dijo: “Me llevan a la parrilla, una cama metálica, me ataron las manos y los pies, me tiraron agua encima del cuerpo y comenzaron a aplicarme picana”. Echeverría contó con detalles cómo su cuerpo al recibir las descargas eléctricas se arqueaba y se levantaba del elástico, mientras que sus torturadores le pegaban en el estómago para que vuelva a su lugar. Y así sucesivas veces, produciendo serias lesiones en sus articulaciones, las que mantuvo inmovilizadas por un largo tiempo. También relató Echeverría que pudo percibir la voz de alguien que decía cuándo parar, como “controlando” su estado físico, y sabemos, señores jueces, por varios testimonios en ésta y en otras causas similares, que dentro de estos grupos de tareas había un médico que cumplía esa función, la del control médico del detenido no es en pos de su salud y de preservar su vida, sino en pos de la tarea de los torturadores para que puedan seguir interrogando aplicando las torturas sin que la persona fallezca.
Luis Alberto Díaz, quien declaró aquí no sólo por la relación que tenía con las víctimas desde la militancia, sino también por su secuestro y torturas unos días después del hecho que es objeto de esta causa, que se puede inferir fueron en la misma casa utilizada para las torturas de Stur y Echeverría, que durante estas sesiones se encontraba presente un médico con esa función, y dijo que en un 80 por ciento sabía quién era, pero tenía un 20 por ciento de dudas y por ello se reservaba el nombre, lo que no sólo otorga veracidad a sus relatos sino que también refuerza la idea de la presencia de un médico con la función de realizar las sesiones de tortura controladas.
Luego, Echeverría fue sacado de la sala de torturas y llevado a una sala contigua. Era el turno de Stur, a quien también lo ataron de sus pies y manos a una cama elástica y aplicaron corriente eléctrica a través de la picana. Echeverría nos dijo aquí que escuchaba los gritos de su camarada, pero que lo que más pena le dio fue escuchar cómo cada grito de Stur era acompañado de un coro de risas como el disfrute de la tortura. “No tenían ningún motivo real para odiarnos, sin embargo nos hicieron todo lo que nos hicieron”, dijo Echeverría.
Luego de estas sesiones de torturas, y apurados porque se venía el día, analizó Stur, los llevaron a ambos a una habitación en donde una persona con voz familiar les dijo que se habían salvado por esta vez y que no quería verlos más ni en Concepción del Uruguay ni en Buenos Aires.
Entonces, cerca del amanecer, los dejaron nuevamente en el balneario del Banco Pelay, los hicieron acostar boca abajo y los amenazaron de que no se levanten pasada media hora. Y es así como, una vez liberados, ambos corrieron a buscar a Carlos Rubén Stur, el hijo de Carlos, quien quedó, con sólo 13 años, me permito decir aterrorizado, en la carpa que habían llevado esa noche para acampar.
Y allí, señores jueces, comenzó el derrotero de ambas víctimas para denunciar lo que habían sufrido, declaración ante la APDH 1984, declaración ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en 2009-2012 y 2013.
Incluso en un acto de valentía fueron, pasados los días, hasta el Comando en Paraná a querer entrevistarse con quien en ese momento era el Jefe de Zona, el General (Juan Carlos Ricardo) Trimarco a quien no pudieron ver. Allí los enviaron a esta ciudad para que realicen el descargo y lo hicieron frente a un tal Martínez, del Ejército, quien les dijo que les iba a tomar la denuncia. Fueron revisados por unos médicos que se rieron de ellos. La denuncia fue tomada, les entregaron un papel sin membrete ni firma, otro ultraje más.
También, y es un dato no menor ya que nos encontramos luego de 40 años de ocurrido el hecho, frente al Poder Judicial Federal buscando justicia, previamente de concurrir a los cuarteles de Concepción del Uruguay, ambas víctimas fueron a ver al Juez Federal (Héctor) Neyra para que el Poder Judicial les otorgue garantías sobre su integridad, ¡lo que les fue negado!
Porque esta provincia, como tantas otras, pero esta provincia particularmente, tiene sobradas muestras de cómo jueces federales estaban al tanto de las torturas a las que eran sometidas las víctimas, porque en la otra costa están denunciados los ya fallecidos jueces federales Enrique y Pintos y lamentablemente debemos incluir en esa lista al Juez Neyra.
Son escasísimos los casos en donde el Poder Judicial alzó la voz durante la dictadura, la mayoría de sus integrantes consintieron estos aberrantes e ilegales hechos pero este punto será para otro análisis, pero sí espero sirva para la reflexión de quienes hoy cumplen otra función y tienen la responsabilidad de resolver a derecho, condenando a quienes perpetraron estos atroces hechos y devolviendo un poco de dignidad a las víctimas que nunca buscaron venganza, siempre se mantuvieron firmes en el afán de justicia exigiendo a ese Poder Judicial que ocupe el lugar que debe frente a estos hechos atroces.
Entonces, concluimos que consideramos probadas y por ello fuera de toda duda y que:
La realidad es infinitamente peor que lo testimoniado; el relato no puede abarcar ni transmitir todo el acontecer. La realidad, lamentablemente, es infinitamente peor que lo testimoniado.
Que el imputado es culpable de los daños infringidos a las personas que representamos y sobre tantas otras. Los daños persisten hasta la actualidad, no se puede superar totalmente. Las víctimas sólo logran convivir con los daños.
Estos delitos cometidos por Rodríguez están englobados y subsumidos en uno mayor a todos ellos: el delito de Genocidio. En este último se subsumen las conductas desplegadas en función de la intención definitiva y final de eliminación de los grupos de pertenencia de las víctimas.
Hay hechos que ya están probados en la causa Harguindeguy y Mazzaferri y, por tanto, son realidades jurídicas incontrastables. Que la Policía Federal Argentina fue un centro clandestino de detención y tortura, no hay debate. Que Rodríguez era Federal, tampoco, que era integrante del grupo de tareas, está probado, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad en similar periodo de tiempo, en el mismo contexto.
Que tenía un Ford Falcón verde, que era conocido como “El Moscardón”, que era quien ablandaba a los detenidos. Todo ello ya está juzgado y es un piso del que partimos en esta causa.
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