El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Fiscalía Federal solicitó una pena de 10 años de prisión y una multa de 250 mil pesos para el ex intendente de la capital provincial Sergio Varisco, al considerar que durante las audiencias del juicio se probó su culpabilidad como financiador del tráfico de estupefacientes. Además, solicitaron la prisión preventiva domiciliaria. Al sindicado capo de la organización narco, Daniel “Tavi” Celis, le requirieron 15 años y una multa de 300 mil pesos.
El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) podría dar un adelanto de sentencia la semana próxima. Luciana Lemos, la ex de Celis, y otro dos imputados fueron beneficiados por haber colaborado y otro par de acusados fueron absueltos luego de que Fiscalía no los acusara.
El Fiscal Federal Ignacio Candioti fue el encargado de hacer la petición de penas para los imputados en las causas “narcoavioneta” y “narcomunicipio” ante el Tribunal integrado por Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango. Señaló antes que nada que la primera se inició con la vigencia de la anterior ley contra el narcotráfico y, debido a eso, las multas que se imponen a los acusados por el episodio del Cessna incautado en Colonia Avellaneda con 317 kg de marihuana fueron menores que las pedidas para “narcomunicipio”.
Para el ex intendente Varisco solicitó 10 años de prisión, 250 mil pesos de multa, las costas del juicio y también su detención, lo que deberá ser decidido en la sentencia que dará el TOCF posiblemente el lunes de la próxima semana. Varisco fue uno de los pocos acusados de peso que no llegó a las audiencias del juicio tras las rejas. Desde un primer momento, el juez Federal Leandro Ríos tuvo especial consideración con él debido al rol institucional que desempeñaba y que caducó el pasado 10 de diciembre.
Además, requirió para Celis la pena de 15 años de prisión y una multa de $ 300 mil pesos más las costas del juicio por considerarlo organizador y financiador del tráfico de estupefacientes en ambas causas. Para su hermano Miguel Ángel “Titi” Celis solicitó 12 años de prisión por cumplir el mismo rol, pero en una sola de las causas (narcoavioneta), además de las costas y una multa de 18.500 pesos.
Por otro lado, para el ex concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la ex funcionaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira, Candioti solicitó 9 años y una multa individual de $ 225 mil. La razón para pedir penas por encima de la mínima de 8 años fue el rol de funcionarios públicos que detentaban, que les generaba “mayor responsabilidad” que a un ciudadano de a pie.
Luciana Lemos, Daniel Céparo y José Caballero, quienes con sus declaraciones ayudaron al caso de Fiscalía, recibieron una retribución por sus colaboraciones: la acusación sólo pidió cuatro años y seis meses de prisión y las costas del juicio. Para Céparo y Caballero (acusados en la causa “narcoavioneta”) se sumó un pedido de multa de 5 mil pesos por cabeza, mientras que para Lemos (imputada en la causa “narcomunicipio”) el requerimiento de multa se cifró en 30 mil pesos.
En tanto, sobre Renzo Bertanan (hijo del corazón de “Tavi” Celis) y Esther Márquez (la curandera que asesoraba espiritualmente a los dueños del campo donde bajó la avioneta) no hubo acusación y por lo tanto fueron absueltos.
Otros casos
Fiscalía pidió además para los acusados Cristian Silva; Andrés Leguizamón; Sergio Baldi; Gastón de la Fuente; Omar y José Ghibaudo la pena de ocho años de prisión, una multa individual de 15 mil pesos y las costas del juicio por el cargo de comercio de estupefacientes agravado por ser tres o más personas.
Por otro lado, para el sindicado como proveedor de la cocaína que se encontró en la casa de Luciana Lemos, Wilber Figueroa Lagos, Candioti requirió 8 años de prisión, 125 mil pesos de multa y las costas del juicio.
Además, para Eduardo Celis; Juan Manuel Gómez y Johnatan Heinze (también acusado de comercio de droga agravado), solicitó 7 años de prisión, $ 120 mil de multa individual y las costas.
Asimismo, para Julio Bartorelli reclamó 7 años de prisión y una multa de tres mil pesos.
Marcos Velázquez; Johnatan Romero; Hernán Rivero; Miqueas Córdoba; Fernanda Orundez Ayala; Laura Zurita y Miguela Valde fueron objeto de una acusación menor por parte de Fiscalía que solicitó 6 años de prisión, multa individual de 6 mil pesos y las costas.
El Ministerio Público Fiscal consideró que Alan Viola era partícipe secundario en las actividades del tráfico de estupefacientes y le pidió al Tribunal que lo condene a 6 años de cárcel, una multa de $ 150 mil pesos y las costas.
En los casos de Patricio Larrosa; Yamila Corradini y Nahuel Celis, también partícipes secundarios, el requerimiento fue de cinco años de detención. Como los dos primeros fueron acusados por la ley vieja, se solicitó una multa de 5 mil pesos por cabeza, mientras que Nahuel Celis fue acusado con la nueva legislación vigente y por eso se pidió una multa de $ 75 mil.
Fiscalía también reclamó al TOCF que los bienes que fueron incautados en la causa sean decomisados por la Justicia.
Rol de Varisco
El fiscal Candioti resaltó en varias oportunidades de su alegato que el ex intendente Varisco desempeñó un rol “esencial” en el entramado de la banda por la función institucional que cumplía al frente del Municipio. “La población le había dado ese honor para que rija los destinos de la ciudad pero en lugar de ello eligió una actividad contraria al derecho”, apuntó.
“Varisco cumplió un rol destacado y debe responder por sus actos”, deslizó el fiscal durante el momento del alegato reservado para determinar las responsabilidades personales de cada uno en el funcionamiento del esquema narco.
Candioti insistió en que el acuerdo entre el ex intendente y Celis existió “excedió lo político (“Tavi” había apoyado la campaña de Varisco para la intendencia en 2015) y se vinculó con el narcotráfico” y citó como prueba que el supuesto jefe de la organización criminal, ya detenido por un robo en Diamante y vinculado por la Justicia Federal a la causa “narcoavioneta”, envió el 5 de septiembre de 2017 un mensaje a Lemos en el que decía: “Por fin una buena: arreglé con el Intendente”.
Ese acuerdo se perfeccionó con supuestas entregas de dinero a Celis vía Bordeira/Hernández – Lemos. Para ello, la Fiscalía citó la congruencia de los registros encontrados en las anotaciones de Varisco con el dinero entregado entre fines de 2017 y principios de 2018 por el ex intendente a Hernández. Candioti subrayó que el ex mandatario local solía especificar en sus registros en qué gastó y cuánto, salvo en las anotaciones de las entregas de dinero que hizo al ex edil.
Asimismo, y adelantándose a lo que será seguramente la argumentación de la defensa de Varisco, sostuvo que no existió un “complot” en contra del ex intendente, ya que en ese armado deberían haber participado el periodismo, la Policía Federal, Lemos, el Juez Federal de Instrucción, la Cámara Federal, los testigos civiles de los allanamientos y hasta el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, incluido en el expediente por un audio de 20 segundos donde dice que vendrá a Paraná por un “operativo contra las drogas”.
Candioti no dejó de señalar que esos dichos de D’Alessio se registraron 8 meses después de los allanamientos que pusieron a Varisco en el picota y por lo tanto su vinculación resultaría extemporánea.
“Lo que hay – diferenció – es una innumerable cantidad de pruebas para implicarlo. Debe responder por la financiación del narcotráfico”, esgrimió.
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