El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Veintitrés años después, ahí están. Carlos Saúl Menem, rifando un beso desde su banca eterna y Felipe Solá canciller, manejando con habilidoso volante las relaciones con el extractivismo externo y el saqueo voraz a América Latina. Juntos (Carlos y Felipe) abrieron las puertas en 1996 a Monsanto, su paquete tecnológico de semillas transgénicas y venenos consecuentes.
(*) Por SILVANA MELO
Hoy, cuando otra vez se están discutiendo retenciones –monedas para los dueños de la tierra y del forraje que exportan para los animales del primer mundo-, hoy, cuando otra vez los dueños de la tierra amenazan con apropiarle la calle al hambre, 17 millones de personas fumigadas soportan las consecuencias de 500 millones de agroquímicos por año. El resto lo recibe en su alimento, en la leche materna, en el algodón sanitario, en el aire, en el agua, en las cáscaras del presente y en las hilachas del futuro. Pero el veneno no está en discusión. Sin embargo hay otro campo, que no está llamado a hablar en mesas ni enlaces.
Aquel expediente que sirvió de fundamento a Solá para firmar hace veintitrés años la llegada de la soja transgénica resistente al glifosato tenía apenas 136 páginas. 108 de ellas, relataba Horacio Verbitsky en abril de 2009, “pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense”.
Ese informe estaba en inglés y nadie se apuró en traducirlo. Es más: no fue necesario hacerlo, el ministro Felipe firmó la autorización “81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa”.
El otro campo, el que da trabajo, el que cree en la soberanía de la semilla y del alimento libre, el que ofrece un tomate cascado porque no tiene diez agrotóxicos pero sí tiene sabor y es saludable, el que busca comercializar con equidad, el que convive con la tierra y no la usa y la tira, ése es el garante de la vida. Y es al que hay que sentar a la mesa donde se habla.
La resolución de Solá asegura que hubo una intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero el dictamen se firmó tres días después de que la autorización estaba echada, como la suerte.
Veintitrés años después, la Mesa de Enlace se rasga las bombachas de campo y los trajes de ocasión porque el aumento de las retenciones le complica la compra de insumos que se cotizan a valor dólar. Que se disparó y empobreció al 40 por ciento de la población del país durante el cambiemismo, y a ellos les perjudica la adquisición de agrotóxicos y fertilizantes para insistir en un modelo voraz que se devora los montes nativos, que agota los suelos, que no produce alimento para las personas y, el que produce, lo envenena. Un modelo que enferma y mata. Pero al que nadie discute.
Eso sí. Ese campo que gana con ese modelo, con la devaluación (y la retención irrisoria de 4 pesos por dólar), con la cesantía de campesinos y originarios de los territorios para ampliar su monocultivo pac-man, se prueba las hilux para cortar las rutas. El otro, el Foro Agrario, el que realmente produce alimento soberano para la gente, el que va probando otro modelo posible donde la tierra vuelva a ser la pacha viva y no un objeto inerte que se usa y se tira, “propone retenciones segmentadas. Esto quiere decir gravar la exportación según la facturación de las cooperativas y la situación de las economías regionales”. En este sentido, dicen, “era lógico que el nuevo gobierno iba a actualizar el derecho a exportación. Los $4 adicionales fueron tomados con un dólar a $38 contra los $63 actuales”. Ese campo quiere estar en la mesa de discusión porque es “el campo cooperativo”, el que genera “más de 54% del empleo rural, agrario”, los que “producimos alimentos para el pueblo, fuimos perjudicados por la devaluación y motorizamos un cambio de modelo productivo hacia la agroecología y la democratización de los canales de comercialización”.
Pero a ellos no los ven. Porque el poder de diálogo y apriete lo tienen Syngenta, Bioceres, la Sociedad Rural, Aapresid, Aacrea y etcéteras. A la hora de discutir dinero y hambre.
Y son ellos los que determinan que cultivar con venenos son buenas prácticas agrícolas, que la transgénesis es la biotecnología e imponen su inclusión en las currículas escolares con programas de Aapresid inoculados en las escuelas públicas.
En 2011, el Ministerio de Educación de Nación y la Secretaría de Ambiente editaron 350.000 ejemplares de un manual de Educación Ambiental, con conceptos críticos sobre megaminería y agro. Ninguno de esos 350.000 ejemplares impresos llegó a las aulas gracias -dice Darío Aranda-, fundamentalmente, a dos actores: el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, aliado de la Barrick Gold. Y Aapresid, en guerra para defender los negocios de la transgénesis. Los cuatro (Gioja, la Barrick, Aapresid y la transgénesis) siguen con buena vida y salud, ocho años después. Organizando campeonatos de fumigación a los chicos en las escuelas agropecuarias. Y cianurando buenamente la crónica torrencial del Jáchal.
Mientras tanto, afilan las hilux para cortar las rutas mientras lamentan que los venenos cotizan en dólares y les aumentan las retenciones. En la pampa infinita se producen forrajes y combustibles. Ya es vieja la consigna del hambre imposible en la tierra donde se producen alimentos para 400 millones de personas.
El otro campo, el que da trabajo, el que cree en la soberanía de la semilla y del alimento libre, el que ofrece un tomate cascado porque no tiene diez agrotóxicos pero sí tiene sabor y es saludable, el que busca comercializar con equidad, el que convive con la tierra y no la usa y la tira, ése es el garante de la vida. Y es al que hay que sentar a la mesa donde se habla.
(*) Nota publicada en el sitio de agencia de noticias "Pelota de trapo". Se reproduce textual con autorización de su autora.
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